De aquí surge el imperio de la Ley como expresión de la soberanía popular y la Constitución como directriz del ordenamiento jurídico. Pero para poder hacer efectivo el cumplimiento del respeto por los derechos fundamentales y las libertades consagradas, se requiere de la existencia de órganos que estén caracterizados por su independencia y "tengan un emplazamiento constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter atados al cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos" (1).
De esta manera resume el Dr. Esteban Ortiz Mena la importancia de la división de poderes del Estado y la independencia del poder judicial respecto a las otras jurisdicciones.
En el seno de un Estado democrático el respecto a los distintos poderes y la independencia del Poder Judicial en particular, son la regla que garantiza la aplicación de los derechos fundamentales, el funcionamiento de la justicia, el reinado de la equidad y el sentido común por sobre cualquier prerrogativa individual.
Sin la independencia de la Justicia como base fundamental, es imposible garantizar los derechos humanos, la protección, cumplimiento de los mismos y la seguridad jurídica a la población. La independencia es esencial para el funcionamiento de la democracia y facilita el desarrollo armonioso social y económico. Cuando ésta no existe, las garantías de los ciudadanos se encuentran amenazadas y los ideales de justicia no pueden ser alcanzados.
La búsqueda de condiciones para una práctica judicial independiente, es una preocupación de los magistrados en todo el territorio nacional, pues el poder político suele ejercer presión sobre el poder judicial en distintas circunstancias. La injerencia del mismo en el poder judicial suele darse en la puesta en comisión en forma confusa, la intervención federal y la afectación de la inamovilidad de los jueces. Todo ello lesiona el estado de derecho y debilita este órgano vertebral de la democracia.
Las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, marcan un camino claro y despejado hacia la independencia del poder judicial, cuando dijo que “Debe haber un equilibro de poderes. Los jueces deben proteger a los individuos y se deben evitar los abusos de toda clase de poder”.
En las conclusiones de la IV Conferencia Nacional de Jueces (Bs. As. Septiembre 2010), que reunió los magistrados de todo el país y de todas las instancias, se declaró que:
“… la independencia del poder judicial es una garantía del ciudadano para que sus derechos sean respetados y se pongan límites a los poderes para un adecuado equilibrio republicano. En este sentido, el poder judicial es la principal defensa que tienen los argentinos para vivir en una sociedad igualitaria y en libertad a lo largo y ancho del país. Para que esto sea posible necesitamos que los jueces sean elegidos por sistemas que sean transparentes, donde el mérito prevalezca como criterio central, desplazando las influencias políticas indebidas…”.
Las declaraciones demuestran un compromiso unánime en el fortalecimiento de este poder a través de mecanismos de elección transparentes y la independencia respecto a los otros poderes del Estado.
Algunos principios básicos en el tema son recogidos por varios organismos internacionales, como es el Estatuto del Juez Iberoamericano de 2001, declara en su artículo 14 lo siguiente; “Como garantía de la independencia, los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la carrera judicial en los términos que la Constitución establezca. Podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad física o mental, evaluación negativa de su desempeño profesional en los casos en que la ley lo establezca o destitución o separación del cargo declarada en caso de responsabilidad penal o disciplinaria por los órganos legalmente establecidos, mediante procedimientos que garanticen el respeto del debido proceso”.
A la luz de todo lo expuesto, en Río Negro debemos lograr un mayor compromiso en la independencia del Poder Judicial. En los últimos tiempos se han podido escuchar expresiones descalificantes hacia el Dr. Víctor Sodero Nievas, juez del Superior Tribunal de Justicia, provenientes de funcionarios de los otros poderes del Estado.
Sin embargo, varias sentencias del mismo juez fueron declaradas de interés público por la legislatura provincial en forma unánime, en un claro apoyo a sus dictámenes.
Paradójicamente, ahora la misma Legislatura lo sometería a Juicio Político mientras el mismo Gobernador de la Provincia y el presidente del partido de gobierno Miguel Pichetto han señalado su desacuerdo para con esta figura para su destitución. Si esto es así, es porque los cargos que se le imputan no serian lo suficientemente válidos, ya que de lo contrario, funcionarios de esa investidura jamás se hubieran expresado públicamente por esperar su voluntaria dimisión al finalizar su mandato en la presidencia del cuerpo.
Como corolario de esta situación, el mismo juez Víctor Sodero Nievas comprometió su renuncia anticipada bajo alta presión política.
Concluyo en afirmar entonces, que solo el respeto a la independencia del mayor órgano judicial del estado contribuirá a una convivencia social armónica, de otro modo, la seguridad jurídica lograda al amparo de los preceptos constitucionales vacilará afectando la vida democrática y los derechos de todos los ciudadanos.
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