Hay expectativas de que el gobernador Alberto Wereltineck
anuncie el 6 de julio (cuando llegue a la zona para confirmar la obra del nuevo
tendido eléctrico hasta El Coihue y deje habilitada la temporada de invierno),
la creación en la región de dos juzgados, uno con competencia en Instrucción
Penal y otro para Familia, Civil, Comercial y de Minería.
Abogados del foro local adelantaron ayer que insistirán esta
semana en Viedma para que la Legislatura, la gobernación y el Superior Tribunal
de Justicia avancen en la definición de la propuesta, que ya lleva varias décadas
esperando y que se justifica “en el crecimiento demográfico de la región andina
sur” y donde “debe tenerse presente muy especialmente que tanto testigos como
partes de un proceso -y los profesionales que los asistimos-, debemos realizar
un esfuerzo importantísimo para poder cumplimentar las etapas de un juicio”.
Suman en las fundamentaciones “la gravedad de los hechos
delictivos (fruto del propio crecimiento poblacional), con casos que incluso
han tenido repercusión pública a nivel nacional, tanto como las nuevas
modalidades en la comisión de delitos”.
Asimismo, los más memoriosos recordaron que “cuando vino el
gobernador para la Fiesta del Lúpulo dijo ante los periodistas que una vez
normalizado el Superior Tribunal de Justicia, se iba a preocupar del tema y que
estaba de acuerdo. También valoró que el costo operativo de su funcionamiento
podría ser incluido en el presupuesto judicial”.
Jurisdicción
Su competencia sería para las localidades de El Bolsón, Los
Repollos, Mallín Ahogado, Cuesta del Ternero, El Manso, El Foyel, Ñorquincó,
Río Chico, Mamuel Choique, Fitalancao, Chacay Huarruca, Las Bayas y Ojo de
Agua, donde residen unas 50 mil personas.
El reclamo no es nuevo, ya que “reconoce sus orígenes en la
reforma constitucional de finales de los años ochenta, cuando se estableció la
creación de órganos judiciales para diferentes localidades, entre ellas de El
Bolsón. Esta manda constitucional jamás fue implementada a nivel legislativo,
razón por la que el abogado local Luis Espinosa promovió en el año 1992 un
‘Mandamus’ que fue rechazado finalmente por el Superior Tribunal de Justicia”,
según valoraron ayer.
Riegos
Se trata de un problema “que aqueja a los letrados desde
hace muchos años, pero que en la actualidad con el gran crecimiento de la
región y con la presencia de cada vez más matriculados (unos 40) se ha visto
envuelto en una suerte de urgencia motivada entre otras cosas por los riegos en
las rutas, sobre todo en épocas invernales y por la necesidad de cumplir en
tiempo y forma con los plazos de los juzgados situados a más de cien kilómetros
de distancia”.
Una realidad que “se agrava para los casos originados en la
Línea Sur, lo que implica el traslado completo de los imputados, testigos, los
abogados, unidos a las demoras que generan todos los trámites de la instrucción policial y
judicial y que ha impedido recolectar, conservar y producir pruebas debidamente”, subrayaron.
Gestiones
Por dicha demanda, los abogados de El Bolsón se vienen
reuniendo desde el año pasado y en diversas ocasiones han mantenido encuentros
con referentes políticos de todos los partidos “buscando el apoyo para este
emprendimiento que podría ser de gran beneficio para toda la comunidad”,
resaltaron.
En resumen, la posibilidad de contar con juzgados locales
“generaría la creación de nuevos puestos de trabajo, una mayor velocidad en la
resolución de trámites y un seguimiento más detallado de las causas; situaciones
que beneficiarán a todos los vecinos, aún a aquellos que no tienen causas en la
justicia”.
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