El detonante es la concesión de tierras para permitir el trazado de la ruta 71 pavimentada, recientemente inaugurada por la Presidente y el gobernador Buzzi.
El bloque del Frente para la Victoria, con mayoría en el cuerpo deliberativo de Cholila denunció penalmente a 14 concejales de diferente extracción política y a 2 intendentes anteriores, con mandato desde 2003.
La presentación judicial se formalizó el viernes pasado, ante los Tribunales con asiento en Esquel y tiene fundamento en el conflicto de poderes entablado sobre la apertura de la nueva traza de la ruta 71, donde la oposición intuye “presuntas irregularidades administrativas y defraudación a los bienes del estado por parte de todos los electos desde 2003 a la fecha”.
La denuncia penal ante la fiscalía cuestiona los procesos administrativos, “principalmente las ordenanzas dictadas por concejales anteriores, que permitieron los acuerdos y la cesión de tierras a titulares privados que cedieron sus lotes para permitir el acceso del asfalto al pueblo”.
Dicho proceso “tiene pocas comparaciones en la jurisprudencia provincial, ya que no existen registros de una denuncia que en su conjunto cuestione todos y cada uno de los electos por mandato popular de los últimos 10 años”, según detallaron.
Al conjunto de los electos denunciados también se suma en la demanda a la familia Nataine, a quienes se les carga “el supuesto accionar de haber procedido al enriquecimiento injustificado de la familia”, graficaron desde el FpV.
El bloque de ediles kirchneristas, con mayoría en el Concejo Deliberante de Cholila, se reconoce como parte activa del Frente para la Victoria l y sus integrantes son Graciela Calfunao (presidente), Luciano Díaz, Miguel Solís y Leonardo Ocampo, asumidos en diciembre pasado.
Por su parte, el listado de concejales con mandato cumplido que deberán comparecer ante la justicia chubutense son Daniela Isabel Roberts (dos mandatos), Anahí Ruiz, Lucía Schmidth, Horacio Bisogni, Damián Solís, Silvia Yánez, Mariana Edith Muñoz, Edith Hermosilla, Ernesto Villagra, Nicolino Boudarghan, Humberto Bonansea, Adib Eldahuk; más los intendentes Héctor Miguel Castro y Gustavo Galindo, en su doble condición de concejal electo e intendente interino.
La imputación que se les hace a todos y que deberán comprobar “es la defraudación cometida contra la administración publica provincial en función de administración fraudulenta en concurso ideal, con violación de los deberes de funcionarios públicos en calidad de coautores”, indicó el abogado patrocinante de la demanda.
