Legisladores piden informes sobre la causa de las firmas “truchas”

Legisladores de la UCR Concertación para el Desarrollo presentaron un pedido de informes relacionado con la falta de avances en la causa de las supuestas firmas apócrifas del ex gobernador Carlos Soria en distintos documentos oficiales.

 Meses atrás, los legisladores Francisco González, Leonardo Ballester, Hugo Funes y Cristina Uría, presentaron una denuncia ante la Unidad de Atención Primaria requiriendo se investigue el presunto ilícito, pero hasta el momento no se registraron novedades al respecto.

En consecuencia, los legisladores denunciantes, sumado sus pares Alfredo Pega, Darío Berardi, y Adrián Casadei,  presentaron un pedido de informes al Juzgado de Instrucción Nº 4 de Viedma referido a la causa “Fiscal General Subrogante s/Investigación”, Expediente Nº 1Vi-19996-MP2012, iniciado a partir de la denunciar realizada oportunamente.

En el mismo, los parlamentarios requieren precisiones respecto del estado general de la causa; sobre qué diligencias judiciales tendientes al esclarecimiento de la verdad se han ejecutado, y cuáles han sido sus resultados, así como información respecto si se han ordenado pruebas periciales, en su caso qué tipo de pericias y  a qué organismo se han encomendado las mismas, con sus respectivos resultados.

Asimismo, piden información sobre si existen personas imputadas, y en su caso bajo que figura delictual, así como cualquier otro dato relevante para la causa.

La firma en cuestión se encuentra en cuatro proyectos de ley que fueron sancionados por el Parlamento en diciembre último, como la Ley de Presupuesto, entre otras.

En tal sentido, los legisladores remarcaron que la denuncia se realizó ante las fundadas sospechas de que la firma no sería de difunto gobernador, sino que habría sido hecha por otras personas.

Consideraron que este hecho implica una gravedad institucional grande, explicando que esa resolución con una firma apócrifa deviene en una nulidad absoluta de todo lo que de allí en adelante sucedió.

“Esto debería traer consecuencias graves para el gobierno y los rionegrinos que nos vimos estafados en nuestra buena fe, al tener documentos públicos con firmas que no corresponden”, señalaron.

“Habría una nulidad absoluta, con la gravedad institucional que implica”, sostuvieron remarcando además que “un instrumento público implica que se actúa de plena fe y de él derivan un montón de actos que, si el inicial está viciado de nulidad, lo que sigue hacia delante no sirve”.