El
último episodio en el cual un grupo significativo de vecinos se vieron
obligados a manifestarse ante el Concejo para intentar neutralizar un lobby
impulsado en las sombras por las empresas Laderas, terminó por sacar a la luz
el comportamiento oprobioso de algunos y algunas Concejales.
No vamos a
profundizar en lo que hace a la conducta de los y las concejales de otras
expresiones políticas, porque nosotros no los votamos y por algo no los votamos.
Pero con respecto a las concejales que
nosotros y nosotras llevamos a la representación del pueblo, llevaremos nuestra
posición hasta las últimas consecuencias institucionales y legales.
Primero
lo primero.
El
comunicado de prensa firmado por los y las concejales Leticia Tornero, Beatriz
Tejeiro, Raúl García, Jorge Tormann y Paola Sanna es una prolija colección de
mentiras. A saber:
No
hubo un solo “hecho vandálico”: nadie atacó ni amedrentó a nadie, nadie golpeó
nada ni a nadie. Se trató de una manifestación absolutamente pacífica y el
diálogo con los y las concejales fue absolutamente respetuoso, como dan cuenta
los documentos filmados de lo que sucedió en el recinto.
No
se “irrumpió” en el recinto, se llamó a la puerta, hubo un primer momento de
diálogo, se les pidió a los manifestantes retirarse para que los y las
concejales deliberaran a solas y volvimos a entrar cuando nos invitaron a
pasar.
El
ámbito no estaba desprovisto de seguridad porque se hicieron presentes agentes
policiales que se retiraron ante la falta de necesidad de su presencia.
Ningún
referente del Ejecutivo “incitó” a nada a los vecinos autoconvocados.
El
acuerdo al que se llegó fue una propuesta de los propios concejales después de
una hora de deliberación entre ellos, la cual se aceptó inmediatamente, y el
compromiso escrito se hizo a pedido de los vecinos y vecinas , sin que mediara
la menor objeción por parte de los y las concejales. No hubo la menor
“coacción” ni terció el “miedo”.
Esta
colección de mentiras no tiene otro objetivo que criminalizar a los vecinos y
vecinas para proteger los intereses de los lobistas, y de paso dar excusa para quitar
legitimidad al compromiso que ellos mismos propusieron.
Mientras
las empresas Laderas incidirian sobre los concejales en las sombras para
obtener una resolución que los favorezca, los vecinos y vecinas de El Bolsón
ejercen su derecho democrático de peticionar a la luz del día y a cara
descubierta.
¿De
qué pretenden distraernos tratando de criminalizar la manifestación popular?
La
misma resolución es una irregularidad viciada de nulidad desde un principio.
Se
toma como excusa la perentoriedad por responder un pedido de información por
parte del Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, cuando la respuesta corresponde al Poder
Ejecutivo, más precisamente, la Secretaría de Medio Ambiente.
Tratándose
supuestamente de un informe, incluye
artículos que autorizan a las empresas Laderas del Paralelo 42 SA y Laderas del
Perito Moreno SA a “continuar con las obligaciones y trámites que permitan
cumplir con el contrato de concesión celebrado entre la empresa y el ENDIPEM” y
que ponen plazos para “concretar el llamado a Audiencias Públicas, dentro de
los noventa (90) días corridos a partir de la promulgación y publicación de la
presente”. Todo ello violando la orden judicial de no innovar.
El
objetivo de esta resolución, hecha entre gallos y medianoche, ingresado sobre
tablas, aprovechando la ausencia de dos concejales cuya posición es
reconocidamente contraria al espíritu de esta resolución, es marcar la cancha a favor de las empresas Laderas para instalar
situaciones de hecho consumado que después sea más difícil revertir.
Ante
la reacción espontánea, democrática y oportuna de los vecinos y vecinas de El
Bolsón, estos concejales que privilegian los intereses del poder económico por
encima de los de la comunidad, utilizan
a algunos medios cómplices de estos grupos económicos para intentar
criminalizar la justa movilización popular que asume la obligación cívica de
controlar la conducta de sus representantes.
A
la vez, aprovechan para intentar fortalecer su intención destituyente de larga
data contra el Poder Ejecutivo municipal, su intendente Ricardo Kaleuche
García y sus funcionarios, contra
algunos de los cuales han presentado denuncias y con los cuales, desde ya, nos
solidarizamos. Ratificamos nuestro apoyo
a la gestión de Kaleuche y todo el Ejecutivo municipal.
En
consecuencia, denunciamos públicamente la conducta antidemocrática de estos y
estas concejales e, independientemente de lo que la comunidad en general decida
realizar con respecto a la totalidad de ellos, nosotros exigimos la devolución
de las bancas a las concejales que fueron elegidas para responder a nuestro
proyecto político, y no al que ellas se les ocurra, o al que las empresas
Laderas, o cualquier otro lobista, induzca por medios que no salen a la luz del
día. Recordamos que según la Constitución Provincial las bancas son de los partidos, no de las personas.
Unidos
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