En lo que constituye un nuevo capítulo en la historia de Bariloche y un hecho concreto de descompresión de la situación política después de los hechos ocurridos allí, que alcanzaron dimensión nacional, el Concejo Municipal por la contundente mayoría de 10 a 1 aprobó el proyecto de revocatoria al intendente Omar Goye, suspendiéndolo en sus funciones y posibilitando así que asuma en su reemplazo y en forma interina la presidente del cuerpo, María Eugenia Martini.
El único voto en disidencia correspondió a la concejal de la UCR, Elena Welleschick, que justificó su actitud en términos similares a los expresados por el Comité Central de esa agrupación política, en un comunicado suscripto por la ex legisladora María Inés García, quien calificó a la resolución del parlamento municipal barilochense como “una actitud destituyente”.
De esta manera se inició la instrumentación de un prolongado y complejo proceso establecido por la Carta Orgánica Municipal para resolver la crisis institucional que atraviesa el gobierno comunal, desatada inmediatamente después de los graves acontecimientos de asaltos y de saqueos a supermercados y otros comercios, donde aparecieron implicados con distintos grados de responsabilidad, tanto el intendente Goye como directivos de la cooperativa 1° de Mayo, de comprobados vínculos con el municipio, y que aparecen como los principales instigadores y partícipes de los hechos que ganaron las pantallas de televisión de los principales canales abiertos nacionales.
Si el intendente suspendido no presenta la renuncia al cargo como lo ha expresado en reiteradas oportunidades y en las últimas horas, la definición final del trámite de revocatoria insumirá un término aproximado a los 150 días, teniendo en cuenta que todavía resta juntar las firma del 10 por ciento del electorado local y, cumplido determinado plazo, convocar a un referéndum para decidir sobre la continuidad del jefe comunal alejado de sus funciones.
Precisamente, para evitar toda esta dilación, el propio gobernador Alberto Weretilneck se mostró esperanzado en que “el intendente Goye tenga un gesto de grandeza, recapacite, de un paso al costado para que la ciudad se normalice lo más rápido posible”.
EL COMIENZO DE LA CUENTA REGRESIVA
La cuenta regresiva del alejamiento de Omar Goye de la Municipalidad de Bariloche se puso en marcha en la Casa Rosada, cuando la presidente Cristina Fernández analizó con el gobernador Weretilneck, el senador nacional, Miguel Pichetto y el intendente de General Roca, Martín Soria, los episodios ocurridos en la ciudad andina que se replicaron con similares características en unos cuarenta lugares del país.
Allí, CFK sugirió en términos que no admitían ninguna duda, producir el alejamiento del jefe comunal, alegando una serie de situaciones, algunas previas a los asaltos y los saqueos y otras a partir de esas instancias, que según su criterio, hacían indefectibles la permanencia de Goye al frente del municipio andino. Según los presentes el acopio de información confidencial que exhibió la jefe de Estado no dejaron resquicio para ninguna duda. Ya a partir de ese momento comenzó el operativo, que en algunos casos, en olímpica soledad, afrontaron Weretilneck y Pichetto pagando su debido costo político, como ocurrió con la reunión que mantuvieron con Goye en el aeropuerto de Bariloche, porque el díscolo intendente se negó a asistir a un cónclave previo programado en Viedma.
En forma paralela, los principales medios nacionales de prensa, algunos enfrentados con el kirchnerismo desde hace tiempo, aprovecharon para centrar sus cuestionamientos en la “actitud destituyente” del CFK y sus colaboradores en torno al caso planteado, e inclusive se llegó a mencionar la implementación de “un golpe de Estado” contra el entonces titular de la comuna barilochense.
Ocurrió que la reunión celebrada en la Casa Rosada con la jefa de Estado, que debió estar revestida del máximo hermetismo, cualesquiera hubieran sido los temas analizados en esa oportunidad, sufrió imprevistas filtraciones. Muchos de los tópicos analizados, entre ellos el de la permanencia de Goye en su cargo, llegó casi en forma textual a lo conversado, a un diario regional y a un matutino editado en la Capital Federal.
La propia presidente Cristina Fernández reaccionó de muy mal humor al tomar conocimiento de la falta de discreción sobre temas tan reservados y ordenó una investigación que incluyó el chequeo de los llamados telefónicos que pudieran haber realizado sus contertulios después de la consabida reunión con los medios de prensa aludidos. Según versiones de fuentes muy responsables, las averiguaciones llevaron a deducir que “la garganta profunda” había resultado el jefe comunal roquense, Martín Soria, quien a partir de ese momento no habría quedado muy bien parado ante CFK.
Los observadores atribuyen a esa razón la insistencia del senador Pichetto de destacar en cuanto oportunidad tiene disponible que la decisión de solicitarle la renuncia a Goye y poner en marcha el mecanismo de la revocatoria, no fue impulsada desde el orden nacional. Días pasados en Viedma, Pichetto se refirió en forma oblicua a este tema y aseguró que “con el gobernador Weretilneck actuamos con responsabilidad, asumimos responsabilidades y en nuestras entrevistas con el intendente Goye, y en todas las instancias de diálogo que mantuvimos, buscamos todos los caminos para encontrar un camino que permitiera superar la crisis político-institucional de Bariloche”. Y subrayó que “de ninguna manera hubo una orden de la presidente de quitar del medio al intendente Goye.
UNA LLAMATIVA LENTITUD
Los atentos observadores entre el transcurrir de diciembre y enero en San Carlos de Bariloche han tenido muchos perfiles para enfocar sus múltiples análisis. Pero sin duda el principal fue la demora en que los concejales y las dirigencias tanto del PJ como del Frente Grande, incurrieron para acelerar los trámites que determinaran los remedios más prácticos para superar la crisis que ha tenido hasta ahora virtualmente paralizada la ciudad.
Al respecto, fue muy gráfico el intendente Martín Soria, quien manifestó que “si hubiera estado mi viejo –se refería al extinto gobernador Carlos Soria- la convocatoria se hubiera presentado al día siguiente de los hechos de Bariloche”. Más allá de las opiniones o los juicios de valor de la frase, el vicepresidente del PJ puso el dedo en la llaga. Porque mientras que la crisis se profundizaba a pasos gigantescos y el gobierno de Goye ingresaba en un estado de verdadero colapso, no se percibieron gestos ni conductas de las fuerzas aliadas locales que aparecieron como paralizadas por sus viejas disputas y desencuentros. La cuestión es que transcurrió casi a un mes de los tumultos pre-navideños y la sesión del Concejo Deliberante, donde por fin fue presentado y aprobado el proyecto de revocatoria presentado por el FpV, el FG y el PVC.
Durante ese lapso, el gobernador Weretilneck afrontó por su exclusiva cuenta el problema generado en Bariloche, sin el debido acompañamiento público por sus aliados barilochenses que aparecían como considerando que el tema Goye no fuese una cuestión eminentemente local, sino provincial y de responsabilidad del gobierno que está asentado en Viedma.
Por eso tiene mucha razón Soria sobre la injustificable demora en elevar la iniciativa de la convocatoria invocando entre otros argumentos la dificultad para fundamentar la separación de Goye de sus funciones, que como se pudo comprobar después, estaban previstos en el propio texto de la Carta Orgánica.
Goye fue suspendido sin goce de haberes y quedó sujeto a la revisión de su mandato por siete causales: de ineptitud, negligencia e irregularidad en el desempeño de sus funciones, acusaciones a las que deberá responder en los próximos diez días.
También debe tenerse en cuenta la imputación de responsabilidades que recibió por los saqueos del 20 de diciembre. La ordenanza le atribuye no haber actuado con idoneidad para prevenir los saqueos y los disturbios, ni convocar a un comité de crisis pese a conocer con anticipación sobre la posible ocurrencia de los hechos, no haber estado en la ciudad el día de los acontecimientos, ni contar con un plan de actuación para contener los posibles desbordes.
Algunos comentarios que no admiten dudas indican que el propio ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, íntimo amigo del ex intendente de Bolívar, Oscar Martini, padre de la intendente interina, María Eugenia Martini, se comunicó telefónicamente en distintas oportunidades exhortando a presentar con urgencia el proyecto de revocatoria que en definitiva fue la clave de bóveda de este controvertido panorama.
En definitiva, ahora hay dudas de si el borrador del proyecto fue elaborado por juristas y especialistas en la Capital Federal, y enviado a Bariloche para su ajuste definitivo, o se trata de un auténtico producto vernáculo que salió de las entrañas del PJ-FG de Bariloche.
Pero más allá de aquellas urgencias hoy satisfechas, la flamante timonel de la comuna, licenciada en trabajo social, tiene un amplio conocimiento de los sectores vulnerables de la ciudad, donde está muy vinculada con las distintas organizaciones sociales.
El primer paso de María Eugenia Martini será recomponer el diálogo con los distintos sectores de la ciudad para “garantizar la paz social y la institucionalidad del municipio”. Entre sus actividades inmediatas está revisar más de 400 contratos que fueron renovados muy recientemente por Goye y que incorporó hasta fin de año a empleados destacados en tareas de base y puestos técnicos en las distintas áreas del Ejecutivo.
En gran medida, María Eugenia Martini viene a cumplir una tarea de reparación desde el municipio de Bariloche, contando para tan dificultoso cometido con el apoyo del gobernador Weretilneck y su gabinete.
LAS ELECCIONES MUNICIPALES EN VIEDMA
Con un velocidad que hubiera sido muy difícil de prever días atrás a partir de la convocatoria a elecciones municipales para reemplazar al extinto Jorge Ferreira, que se realizarán el 17 de marzo, el panorama político capitalino dejó atrás el clima distendido de fines y principios de año y se transformó en una activa colmena donde los protagonistas de los distintos partidos especialmente los mayoritarios han vuelto por sus fueros con renovado espíritu.
El peronismo viedmense se remite a su antigua obsesión de recuperar la conducción del municipio que en otras oportunidades tuvo a su frente a dirigentes como Carlos Larreguy, Eduardo Rosso y Gustavo Costanzo, computando el tiempo transcurrido desde 1983 a la fecha. Y si cabe efectuar algún recordatorio histórico adicional debe apuntarse que así como los radicales lamentan hoy el fallecimiento de Jorge Ferreira, como intendente en pleno ejercicio de sus funciones, algo similar ocurrió con el justicialismo en el no tan lejano pasado territoriano. En aquel momento, febrero de 1951 –hace 62 años- el ingeniero Javier Echarren, quien ocupaba la jefatura municipal, se precipitó a las aguas del Golfo San Matías, piloteando un avión de pequeño porte, sin que su cuerpo nunca fuera hallado. El hecho conmocionó a aquella pequeña comunidad territoriana.
Retomando el tema, el hecho reciente más importante que tuvo lugar en el justicialismo, fue la reunión del Consejo Partidario, que entre otras importantes resoluciones decidió sumarse a la convocatoria a elecciones efectuada por el municipio de Viedma, evitando así impugnar o judicializar el llamado , para facilitar un trámite rápido y sin inconvenientes hacia el próximo comicio.
En oportunidad de comunicar oficialmente esa novedad al titular del Concejo Deliberante a cargo del municipio, José Luis Foulkes, el titular del PJ, Miguel Pichetto y el legislador Pedro Pesatti, destacaron la prescindencia total que mantendrá el alto cuerpo partidario con respecto a las candidaturas a intendente de Viedma, las que deberán dirimirse con la participación de los afiliados, por consenso o la convocatoria a elecciones internas, las que coincidirán con las del radicalismo, es decir, para el 10 de febrero.
Descontando la figura de Juan Manuel Pichetto, que no participará de la compulsa, los otros aspirantes –que por lo menos han expresado su voluntad de presentarse en condición de tales- se encuentran Matías Rulli, Marcelo Nervi y Mario Sabbatella, sin perjuicio que a partir de las próximas horas aparezcan otros referentes.
Hay algunas encuestas que le atribuyen preferencias del electoral a Sabbatella, dirigente muy vinculado a las actividades deportivas, que ya el año anterior compitió con el fallecido Jorge Ferreira, obteniendo el segundo puesto en los comicios de septiembre de 2011. Sabbatella ha manifestado a sus íntimos y allegados su voluntad de concurrir nuevamente al desafío electoral, por considerar que “las condiciones actuales son muy distintas a las que enmarcaron los anteriores comicios”. Sabbatella descuenta contar “con el apoyo del gobernador Alberto Weretilneck y la estructura partidaria para llevar al triunfo a un proyecto justicialista que transforme Viedma”.
Se adelantó que para cumplir sus objetivos Sabbatella deberá presentar su renuncia al Tribunal de Cuentas de la provincia antes del lunes 28 de enero, cuando el justicialismo cierre la presentación de listas para su comicio interno. Sabbatella como vocal del TC deberá elevar su dimisión en la Legislatura y deberá ser aceptada por su presidente para su posterior ratificación por el cuerpo parlamentario.
La Unión Cívica Radical, donde el escenario sufrió una brusca alteración con la decisión de Mario De Rege, el ex vicegobernador de la provincia de ser uno de los postulantes a la candidatura partidaria.
Por de pronto en las próximas horas en el local de la junta vecinal del barrio Fátima el sector “ferreirista” del radicalismo presentará su candidato, el licenciado José Luis Foulkes, quien vino acompañando en funciones de gobierno al ex intendente Ferreira, tanto en Casa Rionegrina como en el IPPV y después desde la titularidad del Concejo Deliberante. Foulkes significa para los integrantes de la línea interna que lo apoya la imagen de la continuidad de la administración Ferreira, durante las dos gestiones anteriores y el que transcurre. Este sector del radicalismo aspira que Foulkes sea el vértice de una conjunción de referentes partidarios que rescate ante la sociedad el valor de una gestión comunal exitosa y respetada por la gente.
De esa forma piensan sus estrategas, el actual titular del Concejo Deliberante e intendente interino podrá ser el candidato del consenso que evitará una compulsa interna y el desgaste de energías que significa una confrontación de esa naturaleza.
Ahora, con la nueva irrupción de Mario De Rege por el ámbito partidario y con una innegociable posición de presentar su candidatura, han comenzado a insinuarse variantes que obligan a repensar otro esquema. Se sabe que De Rege comenzó a visitar amigos, afiliados, dirigentes y simpatizantes, buscando voluntades para sumar a su proyecto y además habría logrado el apoyo del titular del bloque radical de legisladores, Bautista Mendioroz, sector que contaría con una de las más importantes estructuras partidarias en Viedma.
Hasta el momento se conocen mediciones de opinión pública que lo ubican en un lugar preferente en las consideraciones de los vecinos, seguido de cerca en algunas de ellas por José Luis Foulkes e incluso en algunos casos esa relación se invierte, aunque todavía resulta prematuro detenerse demasiado en esos guarismos, considerando que hay todavía un tiempo prudencial hasta la fecha límite para la presentación de candidatos, que es recién el 15 de febrero.
Mientras tanto, en la semana que se inicia habrá reuniones en el Comité Viedma de la UCR, donde han sido invitados los candidatos de las distintas líneas para debatir sobre la posición del partido ante la convocatoria a elecciones municipales y la posibilidad siempre latente de un amplio consenso antes de la instancia máxima que es la lucha interna. (APP, por Omar Livigni)
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