portando elementos contundentes y armas blancas amenazaron de muerte a hombres, mujeres y niños que se encontraban en la ruka (casa) comunitaria del Lof Felipin", denunciaron las comunidades Cayupan, Paineo y Felipin, de Neuquén. Fue la última de una serie de amenazas que comenzaron en enero pasado, cuando se inició una conflicto territorial con un empresario. Las comunidades acusaron al gobernador Jorge Sapag y al Poder Judicial neuquino
por "no actuar en concordancia con el ordenamiento jurídico" que protege los
derechos indígenas. Pablo Romero, de la comunidad Felipín, afirmó que "la
violencia empresaria, política y judicial no hará retroceder a las
comunidades mapuches en la defensa del territorio".
En el departamento de Catán Lil (en el centro-sur de la provincia) se
incrementaron los últimos años los conflictos territoriales sobre campos de
veranada y caminos de arreo. En diciembre pasado se hizo pública una
supuesta compra, por parte del empresario Pedro Alejandro Chaparro, de un
lote en el paraje Purrufe Peweñ, a Jubileo Pintos (miembro de la comunidad
mapuche Cayupan). El predio es territorio ancestral y de uso actual del
Pueblo Mapuche. La parcela de tierra está ubicada en la zona conocida como
Cordillera del Chachil, lote 90 y 91.
En la disposición 68/12, la Subsecretaría de Tierras de Neuquén rechazó la
transferencia de tierras entre Jubileo Pintos y Chaparro. A pesar de la
negativa de la Subsecretaría, la esposa de Jubileo Pintos (Isabel) y sus
hijos fueron desalojados del territorio mapuche, la vivienda fue destruida y
los animales arriados fuera del campo.
A inicios de marzo, personas contratadas por el empresario Chaparro
comenzaron a construir sobre las tierras de la familia Pintos, y también en
parcelas de la comunidad mapuche vecina (Felipin).
El conflicto se agudizó.
Recuperación
La comunidades Felipin, Cayupan y Paineo se organizaron y, de manera
conjunta, frenaron la construcción, obligaron a los empleados de Chaparro a
retirarse del lugar e incluso llevarse los materiales y herramientas. Las
comunidades recuperaron la parte de la comunidad Felipín y se asentaron en
inmediaciones del predio de Pintos.
Hubo denuncias cruzadas durante todo marzo, clima de enfretamiento y la
llegada de la policía de la localidad Las Coloradas (con "refuerzos" de
Zapala), con la orden de reprimir.
Las comunidades denunciaron que los empleados de Chaparro realizaban
disparos intimidatorios. Se encontraron municiones calibre 30 y 22 mango.
La semana pasada tuvieron reunión con el subsecretario de Tierras, Eduardo
Ferrareso; el fiscal de Estado, Raul Gaitan, y el ministro de Seguridad,
Claudio Gabriel Gastaminza. Desde el Gobierno les confirmaron la nulidad de
la venta por tratarse de tierras ficales y Ferrareso le restituyó el campo a
la familia Pintos (hecho que aún no se concretó).
Escalada de violencia
El martes pasado se iba a realizar una "pichi gellipun" (ceremonia mapuche)
en el territorio de las comunidades. No pudieron llegar todas las
comunidades porque los empleados de Chaparro les cerraron el paso y
amenazaron a las comunidades.
El mismo martes, a la noche, ingresaron diez personas encapuchadas a la
vivienda de la comunidad Felipin y amanazaron con palos y cuchillos a las
familias.
"Semanas atrás el abogado Lensiski, patrocinante de Chaparro, instigaba
hechos de violencia por los medios de comunicación. Denunciamos un complot
judicial para proteger a Chaparro ya que está a la vista la complicidad e
inoperancia de los fiscales de la ciudad de Zapala (Cofre y Azar) que
paralizan y cajonean todo tipo de denuncia incluida la del secuestro de
armas de guerra en poder de Chaparro y sus peones", denunciaron ayer las
comunidades en un documento conjunto.
Apuntaron que el subsecretario de Tierras, Ferrareso, no cumplió el
compromiso de restituir el territorio (lote 90) a la familia Pintos y a la
comunidad Cayupan. "Responsabilizamos por los gravísimos hechos de violencia
de los que somos víctimas al gobierno de Jorge Sapag y a la Justicia
neuquina por no actuar en concordancia con el ordenamiento jurídico
provincial, nacional e internacional vigente", advitieron las comunidades
Cayupan, Paineo, Felipin y el Concejo de Participación Indígena (CPI) de la
Zona Centro de Neuquén.
Estado, Gobierno y Poder Judicial
En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró
la emergencia territorial, suspendió los desalojos indígenas por cuatro años
y ordenó un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada
aplicación de la norma implicó que, en 2009, fue prorrogada hasta 2013.
Recién en 2012 se firmó en Neuquén el convenio para la ejecución de la Ley
26160. Y la aplicación sigue demorada.
Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial del
gobierno provincial, "atrevido, arrogante, audaz". El 15 por ciento de la
población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis
departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus
ciudades, ríos y montañas.
"Discriminación institucionalizada", fueron las palabras que resumieron la
situación en Neuquén según el Informe 2010 del Observatorio de Derechos
Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI). El trabajo detalló la represión a
comunidades, la judicialización de la protesta, el "total incumplimiento" de
la legislación indígena y la avanzada de empresas petroleras, mineras,
turísticas, forestales y agropecuarias sobre terrtirios mapuches.
El informe denunció la "ilegalidad de la política oficial respecto de los
pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva
el Pueblo Mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del
Estado, del derecho vigente".
Hace una semana, el ODHPI publicó su informe 2013 sobre la situación de los
pueblos originarios de la Patagonia. En Neuquén sobresale la
criminalización. Desde 2005 hasta 2012, al menos 347 miembros del Pueblo
Mapuce han enfrentado procesos judiciales.
"El objetivo del Estado en la utilización del sistema penal contra los
mapuce tiende a perseguir las acciones que demuestran ejercicio de
derechos", explica el Observatorio y afirma: "El Estado protege con esta
política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las
empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del
respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas.
Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura
institucional, política y represiva para, en definitiva, transgredir las
leyes que el mismo Estado ha sancionado".
Pablo Romero, de la comunidad Felipín, explicó hoy que la situación está "un
poco más tranquila". La policía llegó hasta el lote 90 y despejó el corte
que estaban realizando los empleados de Chaparro. Pero denunció que aún "el
Gobierno no cumplió con el acta firmada que obliga a devolver el territorio.
Cualquier hecho de violencia será responsabilidad del gobernador Sapag, del
Poder Judicial, en particular de los fiscales de Zapala (Marcelo) Cofré y
(Andrés) Azar".
Epígrafe de la foto: Personas encapuchadas ingresaron por la noche a una
comunidad indígena de Neuquén y amenazaron de muerte a las familias. Llevan
cuatro meses de hostigamientos por una disputa territorial.
Por Darío Aranda
-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------
Forms generator powered by 123ContactForm.com | Report abuse
ESCRIBANOS
