En estas semanas se
escucharon muchas voces. Se habló de sentencia sin juicio previo, se acusó al
gobernador de un "accionar típico de la triple A", de violación de
los derechos humanos. La justicia se apresuró en los habeas corpus y habeas
data. Y se escondió lo que realmente importa: cómo reaccionan los poderes del
Estado para enfrentar este desafío mayúsculo que nos plantea el delito. Que es,
ni más ni menos, que quien tiene el control de los espacios públicos. Y la
respuesta es simple: o controlamos desde la sociedad para que todos podamos
disfrutar de esos lugares comunes; o los controlan los delincuentes y los
ciudadanos comunes nos tenemos que guarecer en nuestras casas. Y ni siquiera
allí estaremos seguros.
Mientras nos
detenemos en cuestiones formales, mientras polemizamos sobre el sentido de oportunidad, perdemos
tiempo de reflexionar sobre el sentido de este llamado de atención que realiza
el gobernador. Y es que la justicia penal tome la iniciativa y avance en los
procesos y en la investigación penal. Que llevemos a los criminales a la
cárcel, con todas las garantías; pero que ese garantismo no sea un atajo a la
impunidad.
Si hay que cambiar
procedimientos, si hay que adecuar leyes, si se necesita capacitación, si
debemos buscar una mayor cooperación entre el Poder Judicial y las fuerzas de
seguridad, tenemos que plantearlo y hacerlo.
No podemos quedarnos
paralizados mientras las bandas de delincuentes nos desafían en el control del
espacio público. Eso es lo que tenemos que debatir. Por eso, digamos las cosas
por su nombre.
*Por
Herman Avoscan
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