La ley, ahora aprobada, es producto de la tarea realizada desde la Comisión Investigadora para el relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales que preside César Miguel.
“El parlamento rionegrino ha ejercido un estricto acto de justicia, remendando un grosero accionar de las anteriores autoridades provinciales, desde el gobernador hasta los ministros del área y los responsables de la Dirección de Tierras”, agregó.
Para Miguel “esta ley, así como la que restituyó a la esfera provincial 24 mil hectáreas en la Meseta de Somuncurá, constituye la reacción política ante un hecho fraudulento y malintencionado, priorizando la soberanía territorial y la justicia social por sobre los negociados espúreos”.
La norma especifica que la provincia deberá realizar los pasos administrativos inherentes para que las tierras en cuestión se inscriban a nombre de la Municipalidad de El Bolsón “con destino a planes de viviendas sociales de esa localidad y actividades productivas”.
El parlamentario fundamentó la ley que generó un largo debate en el recinto, donde referenció la historia del negociado y las distracciones de algunos funcionarios.
“Hemos cumplido con un mandato emitido por las urnas en el 2011, con un claro mensaje contra la especulación y a favor de la producción”, concluyó.
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