El Foro Social de las Américas, y el Foro Social Mundial, en su “Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad” señalan: “El Derecho a la Ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.
Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio de autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
En este sentido, el tratamiento del proyecto de ordenanza para la asignación de lotes urbanos a los beneficiarios del programa nacional de créditos para la vivienda PROCREAR pone nuevamente en el debate público el modelo de crecimiento urbano en El Bolsón. Ante la insistente propuesta de desarrollo basado en la especulación inmobiliaria se hace necesaria la intervención estatal para garantizar el derecho a la ciudad a partir de la búsqueda de equilibrio en el marco de un mercado totalmente desregulado y desigual.
La “especulación inmobiliaria”, lejos de apuntar a un crecimiento equitativo, sostiene que la tierra urbana es materia de cambio, y como tal, dentro de la lógica del libre mercado, un bien al cual hay que sacarle la mayor renta posible. En estos términos, amplios sectores populares y medios quedan excluidos de la posibilidad de acceder a un terreno y por ende a contar con su propia vivienda, con las consecuencias sociales que esto acarrea.
Ahora bien, el proyecto de ordenanza en tratamiento por el Concejo Deliberante local, si bien apunta a solucionar un tema relevante, como lo es posibilitar el acceso a la vivienda de 35 familias de El Bolsón; no es lo único, ni lo más importante que plantea en términos urbanos y de planificación. El proyecto de ordenanza que el Ejecutivo presenta al cuerpo legislativo comprende también la posibilidad de que el Estado Municipal se capitalice, y pueda acceder a participar del mercado inmobiliario. Dicho de otra manera: la progresiva participación del Estado en un rol regulador, ya no desde una actitud meramente enunciativa, sino a través de intervenciones económicas concretas que logren sostener un porcentaje de la oferta del suelo a precios más accesibles.
Es importante que podamos comprender como funciona el sistema de la especulación. Es una falacia que en El Bolsón no hay tierras para crecer. El Bolsón posee un mercado de tierras urbanas altamente concentrado que, como todo sector del privilegio tiende a hacer valer su posición para su rédito e interés particular. Veamos cómo se desarrolla en el tiempo.
La adquisición de grandes extensiones de tierras en los bordes urbanos, correspondiente a sectores que todavía no han alcanzado las mejoras de la urbanización, es la primera etapa. Cuando la ciudad avanza hacia esos cordones, llevando tanto servicios como conectividad, esas tierras adquieren otra consideración al transformarse en espacios fuertemente demandados. Las que, en el pasado, fueran grandes extensiones serán sometidas a subdivisiones que ingresarán al mercado inmobiliario a precios altísimos por m2.
Si a esto le agregamos una demanda sobredimensionada por el crecimiento exponencial, y una astuta y bien calculada dosificación de la oferta, es simple comprender como los inversores de este negocio obtienen rentas extraordinarias mediante la sobreexplotación de una necesidad humana. Por supuesto que el sistema es más complejo, y a través de la combinación de distintos componente, se perfeccionan los mecanismos destinados a la maximización de las ganancias, tal cual puede hacerlo una empresa de telefonía celular, una compañía de seguros, o una cadena de hamburguesas.
Invitamos a reflexionar a partir de las siguientes observaciones. Todos los servicios: agua, luz, cloacas, gas, calles, caminos, el servicio de transporte, la construcción de escuelas, centros sanitarios, culturales, entre otros; no son bienes y servicios que correspondan a inversiones realizadas por un determinado propietario y que, en todo caso, le adjudica la legitimidad de hacerse de los mayores valores que ese terreno adquiera. Las inversiones que valorizan terrenos que ingresan al mercado inmobiliario, y a la oferta de suelo urbano servido, en la mayoría de los casos, son inversiones que se realizan con obras públicas, financiadas con recursos que corresponden a toda la sociedad. Es por esta razón que en muchas ciudades del mundo, en Latinoamérica y también en la Argentina, se han implementado distintos sistemas de captación de la renta diferencial, lo que le permite a los estados municipales participar de parte de esa rentabilidad, derivando en círculos virtuosos para el crecimiento equitativo de las ciudades. Estas experiencias están comprobadas, pueden ser estudiadas por los ediles de nuestra ciudad, y merecerían ser adoptadas; si queremos tratar seriamente la posibilidad de un crecimiento posible y deseable para El Bolsón.
Por supuesto que el tema es más complejo, y merece otros análisis; no solo en detalles sino también en las particularidades de nuestra región. Pero hoy estamos frente a un principio, y ante la posibilidad de asumir este debate con mayor madurez -sin mezquindades- demostrando que las distintas fuerzas políticas pueden llegar a consensuar acciones tendientes a garantizar la justicia social.
No permitir que el estado municipal se capitalice y comience a participar de la promoción de suelo urbano es favorecer a los intereses concentrados. Los concejales que así no lo entiendan deberán asumir su responsabilidad de cara a la sociedad. La posibilidad de acceder a las tierras de gendarmería también merece ser analizada, y el gobierno municipal lo está haciendo. Pero centrar todas las expectativas de solución a esta problemática en una sola posibilidad, como lo insinúan los concejales que proponen la expropiación, es simple y llanamente una declaración demagógica. El tema viene analizándose hace décadas. Todos los gobiernos democráticos de El Bolsón lo han evaluado o incluso gestionado, pero hasta ahora se encuentra aún, por alguna razón que excede a los gobiernos, dilatado.
Hoy, obtener 35 lotes para que familias de El bolsón puedan acceder a su vivienda, y que el estado municipal se capitalice para “crear un fondo específico para el desarrollo de suelo urbano y vivienda” es un muy buen comienzo. El proyecto de Ordenanza de referencia así lo propone y promueve. De todos modos, siempre será conveniente seguir trabajando en el marco de la planificación participativa y la Agenda Territorial; avanzar en consensos y en la elaboración de instrumentos diversos que permitan pensar una ciudad más justa y equitativa.
Tierra, vivienda, espacio público y ciudad, son todas grandes deudas que tiene El Bolsón, pero no son problemas que hayan surgido por arte de magia, o de la providencia; modelos económicos facilitados desde el poder político han permitido el desarrollo y consolidación de estos esquemas. Sería deseable que los concejales de hoy estén a la altura de dejar atrás viejas estructuras, para pensar en el bien común.
NUEVO ENCUENTRO EL BOLSON
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