Cortés basó su denuncia contra Huentelaf y Acosta en que,
con una resolución interna del Tribunal de Viedma, se habrían establecido
cobrar un salario superior al que les corresponde por ley y en presuntas
irregulares liquidaciones de viáticos de los mismos funcionarios.
En el escrito, que presentó ante la comisión que preside la
legisladora Tania Lastra, ratificó la investigación de los hechos denunciados,
que se constaten las irregularidades e ilegalidades cometidas en el ejercicio
de la función que aún desempeñan, como también su destitución y la consiguiente
inhabilitación para ejercer cargos públicos por tiempo determinado.
De esta manera se complementa la primera etapa del juicio.
Ahora la Comisión Sala Acusadora deberá abocarse a trabajar para lo cual tiene
un plazo máximo para terminar sus diligencias de cuarenta días y ahí debe
presentar un dictamen a la sala acusadora, la que sólo puede aceptarlo por el
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Fuente ADN
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