La vertiginosidad de la sociedad actual nos hace
disponer cada vez de menos tiempos para nuestras vidas, comunicarnos menos y
entrar en un ritmo diario más acelerado, impaciente y con menos
tolerancia hacia el otro.
La educación es una práctica social, política,
cultural y pedagógica que favorece a la democratización de la cultura y a
la construcción de una sociedad solidaria, que respeta la igualdad, los
derechos humanos, la diversidad cultural y fortalece el desarrollo económico
sustentable y la justicia social.
Las instituciones escolares son espacios de lucha, y la pedagogía tiene que ser
la herramienta para dar la disputa política-cultural, con el objetivo de
expandir las capacidades humanas, favorecer el análisis y procesos de
reflexión de la realidad, desarrollar destrezas imprescindibles para su
actuación responsable, crítica, democrática y solidaria.
Para avanzar en estos postulados, el Estado debe garantizar el
derecho social a la educación en su máxima expresión poniendo todos sus
estamentos a disposición para proteger a los más frágiles, nuestros niños,
niñas y jóvenes, este derecho colectivo se debe dar en condiciones de igualdad
y calidad, gratuidad, la universalidad en el acceso, la permanencia y el
egreso, una educación laica que respete las distintas culturas y libertad de
creencias religiosas integrando a las familias.
Frente a la vulnerabilidad de estos derechos, el
retraso de las intervenciones de quienes nos tienen que cuidar violentan la
estructura social y genera un lógico y comprensible malestar en las familias,
que exigen respuestas inmediatas a los que tienen más cerca, es decir a
directivos y docentes, aún cuando estos hayan activado los mecanismos y protocolos
correspondientes para remediarla.
Coincidimos con el pensamiento de que es necesario fortalecer los contenidos
curriculares de manera transversal como prevención de adicciones,
educación en la memoria, educación sexual integral, construcción de ciudadanía,
convivencia escolar. La escuela tiene que hablar de valores para garantizar la
calidad educativa, para formar buenas personas y contener a todos/as los
estudiantes.
En la tarea docente, por antonomasia nunca se
deja de estudiar ni de aprender, por eso son necesarios espacios de formación
permanente que contemple las necesidades de las comunidades educativas,
partiendo de que los trabajadores/as de la Educación priorizamos el dialogo y
la entrega del amor, se intenta transformar la realidad, por ello las
propuestas escolares deben transmitir la deseabilidad de la vida, el respeto y
la solidaridad.
El espacio educativo debe plantear el
desafío de poder construir puentes entre las macro y micro
políticas de cada establecimiento, la clave para cualquier relación humana es
construir menos paredes y más puentes, el acompañamiento institucional debe
ser un dispositivo rápido en su intervención y concreción que posibilite
abordar las problemáticas escolares protegiendo a los más vulnerables,
favoreciendo el trabajo conjunto con los distintos actores que tienen esta
responsabilidad: Equipos técnicos del Ministerio de Educación, Justicia,
Desarrollo Social, Salud, etc con la toma de las decisiones adecuadas para
abordar integralmente las tensiones de la actualidad escolar y construir un
trabajo colectivo.
Asumir la dimensión social de la educación tanto
en la escuela como expresión de políticas del Estado en un territorio, como
forma de organización conjunta de un colectivo social, es tarea y responsabilidad
de nuestros gobernantes. Generar la toma de conciencia de la escuela como el
espacio público privilegiado que garantiza aprendizajes relevantes para la
infancia, la niñez y la adolescencia es responsabilidad de todos y todas.
Con la conformación de nuevas subjetividades, no
solo de estudiantes sino también de docentes, madres y padres, es necesario
promover una actitud crítica y reflexiva que permitan reflexionar sobre las
prácticas pedagógicas y sociales, para generar propuestas institucionales que
atiendan la singularidad y heterogeneidad de situaciones y contextos de
enseñanza- aprendizaje adecuados.
Todo proceso de enseñanza se debe
acompañar con políticas pedagógicas y sociales que marquen el
camino hacia una mejor manera, de apropiarse de herramientas válidas para
sostener la tarea áulica desde cada proyecto institucional, en concordancia con
los puntales básicos que sostienen esta tarea: conocer y dar a conocer
los derechos y obligaciones de enseñar y aprender, desde una construcción
colectiva, democrática y participativa.
Queda claro que en el caso puntual del Jardín N°
85 de Cipolletti los estamentos estatales no llegaron en tiempo y
forma, ni el proceso administrativo de la sumariante ni las
actuaciones de la Justicia de Río Negro, estos retrasos hacen que las
trabajadoras de la Educación de nivel inicial carguen con la responsabilidad de
otros, dañando esto el vínculo con su comunidad educativa, más allá que hayan
realizado todos los procedimientos necesarios y tendientes a proteger la
integridad física y psicológica de su estudiante que la normativa vigente
establece, la complejidad social invade la escuela.
Las instituciones democráticas deberán actuar
con celeridad para que no se desvirtúe la presunción de
inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sostenemos que si hay delito no
se debe haber mediación, tiene que haber castigo, más aun cuando se comete a lo
más preciado de la sociedad, nuestros hijos/as.
El gobierno provincial tendrá que replantearse
las estrategias de prevención y contención,
instrumentar dispositivos claros y rápidos para una inmediata intervención de
equipos técnicos para acompañar a las y los trabajadores/as de la Educación y
no castigar con reubicaciones ni separaciones de cargos cuando no corresponde.
Roca, Fiske Menuco, 9 de octubre de 2014.
Consejo
Directivo Central-UnTER
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