La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) falló ayer a
favor de un grupo de presos de la cárcel de Ezeiza que reclamaban salario y
aguinaldo para las tareas laborales que desarrollan dentro del penal y se
disparó la polémica, ya que se produce con la inseguridad al tope de las
preocupaciones de la sociedad.
Hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la
Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria. La decisión favorece
específicamente a los reclusos alojados en los pabellones A, B, C y D de la
Unidad Residencial V del Complejo penitenciario federal I de Ezeiza que
realizaron la presentación judicial, pero abre las puertas a que se produzca
una avalancha de reclamos similares.
En concreto, dispuso que se cree un régimen laboral para los
convictos con idénticos derechos que los de una persona libre; de esta manera
-aunque no fue explicitado-, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la
Libertad Ambulatoria podría lograr su objetivo de que los encarcelados que
trabajan también gocen de aguinaldo y vacaciones.
Según especialistas, actualmente hay unos 10 mil presos
alojados en cárceles federales. De ellos, 2 mil tiene un trabajo que podría
llamarse estable y que alcanza las 40 horas semanales por el que se cobran 4400
pesos. Pero, además, hay otros 6 mil detenidos que hacen alguna actividad que,
en general, se paga 22 pesos la hora; son jornaleros.
La resolución de la Cámara de Casación Penal advirtió que la
lucha contra la inseguridad sólo será posible si se brinda empleo a los reos. Y
-plagada de citas y referencias doctrinarias- hace hincapié en el principio
constitucional de "igual remuneración por igual tarea" para las
personas privadas de su libertad.
El juez Slokar, en el voto principal, indicó que "para
cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares el
derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos
sus alcances, (asignaciones familiares, obra social, cobertura por accidentes
de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de la
progresividad".
"En este ámbito, como en el medio libre, nunca es tan
necesario recordar el eterno adagio: el trabajo digno dignifica al
hombre", afirmó el magistrado, quien agregó que "enfrentar las
inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad
social".
El fallo plantea "la realidad laboral penitenciaria
argentina actual" en donde el 59% de las personas privadas de su libertad
en la Argentina "no accede actualmente a ningún trabajo remunerado".
También se hizo referencia a "los indicadores oficiales que informan que
del universo de aquellos trabajadores presos remunerados, sólo el 19% cuenta
con la posibilidad de acceder a cuarenta horas semanales de trabajo remunerado,
en tanto el 81% restante o trabaja menor cantidad de horas o no tiene
posibilidad de acceso a un trabajo pago, por cierto por razones ajenas a su
voluntad". (DyN/AP)
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