"Había una orden de allanamiento para ingresar e identificar a los presentes sin vulnerar la integridad y dignidad física y moral de esas personas, indicación que se incumplió", dijo este martes la abogada Sonia Invanoff, defensora de Jones Huala, el único de siete arrestados que sigue detenido.La letrada subrayó que en el operativo del viernes último "hubo situaciones de vulneración, en especial en el caso de dos mujeres y cuatro niños, uno lactante, obligados a permanecer más de 20 horas a la intemperie mientras los gendarmes ocupaban sus casas en lo que intentó ser el desalojo forzoso" de la comunidad.
En cuanto a la situación procesal de su defendido, Ivanoff señaló que, en el marco de la demanda del grupo Benetton contra la comunidad, la fiscal Camila Banfi imputó por usurpación y abigeato a los detenidos y pidió para Jones Huala seis meses de prisión preventiva, que el juez provincial Martín Zacchino redujo a 60 días.
Por su parte, el juez federal Guido Otranto, que intervino de oficio, dispuso que la reclusión del activista, detenido en la Unidad 14 de Esquel se extienda hasta que se resuelva respecto de un pedido de extradición a Chile por el que tenía orden de captura internacional.
El propio Jones Huala se definió como "preso político" en calidad de "militante del movimiento autónomo del pueblo mapuche Puel Mapu", a la vez que rechazó acusaciones de lo que calificó como "prensa amarillista".
"Me han acusado a mí con otra gente de prender fuego a bosques nativos. Eso es una de las principales mentiras, porque nosotros, si estamos protegiendo algo, es la poca naturaleza que nos han dejado los huinca opresores", replicó.
En cuanto a la causa penal en Chile por el rechazo mapuche a la construcción de centrales hidroeléctricas en el río Pilmaikén, confirmó que había escapado y recordó que en el juicio de 2013 "los otros peñi (hermanos) fueron absueltos, menos la machi (autoridad espiritual) Millaray Huichalaf, que era vocera en el conflicto y fue condenada a tres meses, pero como había estado ya dos en prisión fue liberada en ese momento".
Su madre, Isabel Huala, dijo que, igual que Facundo y otros dos hijos detenidos, ella también fue sometida a un "maltrato humillante y a burlas" en dependencias policiales, carcelarias y judiciales en la que buscó información sobre su hijo en viaje de Bariloche, donde vive, a Esquel, 350 kilómetros al sur.
"Igual que ocurrió en la Conquista al Desierto y en la última dictadura, ahora nos quieren echar de nuestras tierras ancestrales", dijo sobre el operativo en el que detuvieron a Facundo y sus compañeros.
La mujer contó además que cuando intentó visitar en la cárcel federal de Esquel a su hijo Facundo, a quien definió como un "preso político", debió "desnudarse completamente" y se sintió "muy humillada con el maltrato".
Hechos similares fueron denunciados por Relmu Ñamku, referente mapuche de la Mesa de Pueblos Indígenas de la Argentina, que anunció en declaraciones a Télam que mañana visitará a Jones Huala en la Unidad 14, junto al referente indígena qom Félix Díaz, quien se hallaba en viaje hacia Chubut.
"La fiscal (Banfi) imputa 'usurpación' cuando se trata de tierras ancestrales, como lo prueba el museo Leleque", una colección financiada por Benetton de restos de culturas indígenas que habitaron desde hace 13.000 años las tierras en disputa, incluidos los mapuches, reflexionó.
Para Relmu Ñamku, "todo esto tiene que ver más con persecución contra el pueblo mapuche, y es lamentable para la Argentina tener a Facundo como preso político pese al marco jurídico que existe en la Argentina para resguardar los derechos de los pueblos indígenas".
Sobre el pedido de extradición, recordó que "en Chile no existe este amparo jurídico que si hay en la Argentina en la Constitución Nacional, en la adopción convenios internacionales como el 169 de la OIT y en la ley nacional 26160 que suspende los desalojos de las comunidades indígenas".
También la Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco repudió la detención de Jones Huala y sostuvo que el operativo fue un intento de "desalojo encubierto".
La cátedra relató en un comunicado la violencia empleada en el operativo y dijo que "los detenidos fueron trasladados en vehículos sin patentes" en presencia de Bruno Andrés Maier, mayordomo o administrador de la estancia Leleque del grupo Benetton, en el paraje Vuelta del Río, sobre la ruta 40, entre Cholila y Esquel.
"Fueron a buscar a Facundo Jones Huala, pero en realidad querían desalojar a las familias que viven en el territorio recuperado", subrayó el comunicado.
Por la situación del Lof Resistencia de Cushamen en el conflicto con Benetton se interesó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que está en contacto con Fernando Radziwilowski, responsable de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de la Defensa Pública de Chubut, dijo a esta agencia Nicolás Torres, director de afirmación de derechos indígenas del INAI.
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