El defensor del pueblo recomendó a la UBA admitir en sus claustros a los mayores de 25 años que no terminaron el nivel medio, según la ley en vigor.La Universidad Nacional del Comahue una de ellas que acepta este ingreso.La controversia sobre la admisión en las universidades de los mayores de 25 años que no hayan terminado los estudios secundarios, modalidad que ya aplican 19 sedes académicas, se reavivó ayer con la recomendación del defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, a la UBA, para admitir a una aspirante en esas condiciones.
La Facultad de Derecho de la UBA rechazó la solicitud de ingreso de la mujer, cuyos datos no se difundieron, quien en su queja se amparó en el artículo 7 de la ley de educación superior. La norma prevé la admisión "excepcional" en los claustros, mediante una evaluación especial, de los mayores de 25 años que no hayan terminado el colegio secundario. Para ello, deben demostrar tener capacitación o experiencia laboral acorde con la carrera elegida, o aptitudes y conocimientos suficientes para cursar.
Puesto a reflexionar sobre la presunta contradicción entre el texto legal y la exigencia de excelencia académica vigente en el mundo, el secretario de Políticas Universitarias, Eduardo Sánchez Martínez, dijo que no existe tal incompatibilidad, al tiempo que admitió la función social de la norma.
"Reparar una injusticia"
"Se trata de un reconocimiento de saberes no formales suficientes para ser aprovechados en el nivel superior. Más de 20 universidades, entre nacionales y privadas, aplican la norma. Es reparar una injusticia", comentó el funcionario, en diálogo con La Nación .Y defendió el criterio legal al decir que "la gente no sólo incorpora conocimientos mediante la educación formal".
Las universidades de Catamarca, Comahue, Misiones, Patagonia Austral,La Rioja, Río Cuarto, San Luis, Nordeste, General Sarmiento, Lomas de Zamora, Córdoba, Cuyo, Luján, Salta, Santiago del Estero, La Pampa, Jujuy, Tucumán y la del Sur aceptan el ingreso de estos casos de excepción. Fuera de la lista están las de Buenos Aires, La Plata, Rosario y el Litoral.
El presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), Emilio Mignone, recordó que cuando era rector de la Universidad de Luján, en 1973, instrumentó este sistema, con una evaluación muy rigurosa. "Los 70 aspirantes que la aprobaron, sobre 280 inscriptos, estaban a años luz de los jóvenes ingresantes. Durante la carrera mostraron un promedio de calificaciones superior al resto."
Asignatura pendiente
Al defender la norma, Mignone dijo que "los argentinos tenemos manía por el certificado y no por el contenido real", aunque indicó que "una eventual acción judicial de la aspirante podría fracasar porque para tener un derecho debería existir una reglamentación específica, que en la UBA no está prevista".
La secretaria académica de la UBA, Alicia Camilloni, se mostró cautelosa al opinar sobre el caso ventilado ante el defensor del pueblo. En el mismo sentido se pronunció el secretario académico de la Universidad de La Plata, Rogelio Bruniard. "Intentamos acordar criterios en el Consejo Regional de universidades del área metropolitana, pero aún no hubo consenso. La reglamentación debe ser muy seria porque podría tener un efecto social riesgoso al condenarse a los aspirantes a fracasar. Técnicamente, el mecanismo llamado acreditación del aprendizaje por experiencia se aplica en países con una alta tasa de retención en el nivel medio, cuya realidad es muy diferente de la argentina", dijo Camilloni.
Para Bruniard, "el asunto es delicado en cuanto al reconocimiento de capacidades y aptitudes. Por ahora, no constituye un tema sustancial para La Plata, aunque hubo varias consultas. El tema merece un debate profundo y una articulación de criterios con otras universidades traducible en un sistema de evaluación muy exigente".
A estas alturas, corresponde decir que ambas universidades discuten judicialmente varios artículos de la ley. Si bien hay frecuentes consultas de esta naturaleza, se desconoce si existen otras presentaciones administrativas o judiciales. Existen, además, 164 casos aceptados en Lomas de Zamora, cuyo sistema de evaluación -vigente desde este año- comprende aspectos cognitivos, psicológicos y culturales.
Si bien la Universidad de Quilmes procura compatibilizar criterios con sus pares de la región, su secretario general, Mario Greco, opinó que "la reglamentación no es difícil de instrumentar porque en esta casa un tribunal puede verificar las condiciones de ley. El aspirante admitido debería rendir luego el examen de ingreso vigente para todos".
Susana Reinoso
Casaretto pidió a los magistrados que haya una Justicia ejemplar
Inquietud: en una reunión con 60 funcionarios judiciales, el obispo de San Isidro expresó su preocupación por el hacinamiento.
La necesidad de fortalecer el funcionamiento de una Justicia independiente y la inquietud por la situación de hacinamiento en muchas cárceles del país, así como por el crecimiento de la droga, fue planteada por el obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, en una reunión que mantuvo con jueces y funcionarios judiciales de su diócesis.
El encuentro fue convocado por el Servicio Jurídico Diocesano de San Isidro y la intención del obispo fue concientizar a los jueces sobre la situación de desprotección jurídica que padecen los sectores más pobres de la diócesis.
Durante la reunión, el obispo aprovechó para recordarles a los jueces algunas de las conclusiones elaboradas en el documento Reflexiones sobre la Justicia, que el Episcopado dio a conocer en abril, al concluir la asamblea presidida por monseñor Estanislao Karlic.
En este documento, los obispos hicieron hincapié en la importancia de generar una Justicia independiente de los demás poderes del Estado y de las corporaciones profesionales, sindicales o económicas, a la vez que manifestaban su inquietud por la situación de hacinamiento de las cárceles argentinas.
Al servicio del bien común
Casaretto destacó en el encuentro el esfuerzo y la entrega al trabajo de muchos miembros del Poder Judicial, que ponen su tarea al servicio del bien común.
Destacó, además, que la única forma de combatir el relativismo y la corrupción en la que está inmersa la sociedad de hoy es mediante actos de heroísmo y conductas ejemplares, llamando a los funcionarios a actuar en tal sentido.
Luego, el obispo hizo mención de las situaciones concretas que afectan a los pobres y citó, entre otras, las siguientes:las dificultades que encuentra el Consejo de Minoridad de la Diócesis para complementarse y trabajar articuladamente con los Juzgados de Menores; el tratamiento desigual que se da en el procedimiento penal a una persona sin recursos para contratar un defensor particular; el hacinamiento de los detenidos en las cárceles y comisarías y el trato que allí se les depara; y el aumento y la proliferación de la venta y el consumo de droga con el consecuente daño que ello significa para todo el tejido social.
En la reunión se generó un diálogo abierto con los presentes, y los magistrados explicaron su posición en relación con el tema.
Entre sus argumentos, explicaron que se les hacía muy difícil trabajar en conjunto, ya que no se consideraban un cuerpo colegiado, y mencionaron las dificultades que produce la falta de presupuesto en el servicio de administración de la justicia.
Más de 60 funcionarios
Entre jueces, fiscales, asesores de menores y defensores, participaron del encuentro 65 funcionarios, de los 90 que forman parte del Departamento Judicial de San Isidro.
Se encontraban entre los asistentes los doctores Fernando Maroto (quien tuvo la iniciativa de realizar el encuentro), Jorge Zunino, Juan Fugaretta, Osvaldo Solinuine, Luis Zapata, Clarisa Morris, Diana de Pincardini, Juan Reyes, Gualberto Baistrocchi, Alfredo Alo, Hernán San Martín, Jorge Aldazabal, Estegui y Krausse.
El Servicio Jurídico Diocesano, coordinado por el doctor Andrés Beccar Varela y el presbítero Vicente Llambías, tiene como objetivo brindar asesoramiento jurídico en los barrios carecientes de la diócesis.
Para eso cuenta con una red de dieciocho consultorías gratuitas en las parroquias de los barrios, un centro de mediación comunitaria y familiar, un centro de consultas previsionales y un grupo de abogados que colabora con el patrocinio de los casos que requieran llegar hasta los tribunales.
Los responsables del Servicio Jurídico Diocesano consideraron que el encuentro fue muy positivo, porque "permitió no sólo transmitir inquietudes y denunciar situaciones críticas en forma unilateral, sino también escuchar a los funcionarios, comprender sus dificultades y así, en forma conjunta, obtener salidas y alternativas, que hicieron que los magistrados se comprometieran a trabajar en la búsqueda de una Justicia mejor y para el bien de todos". Según revelaron autoridades diocesanas, el servicio se fijó el compromiso de continuar este acercamiento con reuniones más personalizadas que mantendrán con miembros de cada uno de los fueros.
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