Son de Educación Inicial y de esta manera, evitan que la Junta de Disciplina juzgue sus funciones y responsabilidades. Las actuaciones administrativas se encuentran aún en la etapa recursiva.Esta situación se viene produciendo desde septiembre del año pasado, de manera sistemática y producto de los reclamos administrativos invocados por las docentes, lo que ha generado la obstaculización e interrupción de las respectivas investigaciones disciplinarias.
Debido a la estrategia dilatoria de las sumariadas, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos se ve obligado a abonar regularmente sus haberes mensuales sin que exista contraprestación laboral. Por este motivo, se ha decidido su reubicación temporaria, explicaron desde la cartera.
El Ministerio seguirá los caminos legales en pos de esclarecer los hechos y las responsabilidades.
Este proceso se inició en septiembre de 2016, cuando el CPE separó de manera preventiva, a dos supervisoras para dar inicio a un procedimiento disciplinario por presunto incumplimiento de sus funciones y misiones.
Esta decisión se enmarcó en las instrucciones del juez Marcelo Gutiérrez, quien ordenó al organismo efectivizar el acceso a la escolaridad obligatoria a niños de 4 años que a la fecha no habían sido incorporados. Al querer dar cumplimiento a la orden del juez, el Consejo Escolar se encontró con la sorpresa de que los supuestos niños, producto de un relevamiento de las sedes supervisivas, no existían. La Justicia actuó con dichos registros no verificados.
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