En total, durante marzo se llevaron a cabo 1183 audiencias públicas penales, con un 80 por ciento de efectividad. La segunda circunscripción, con cabecera en General Roca, registró el mayor porcentaje: 448 audiencias. Le sigue Bariloche con 291, Cipolletti con 257 y Viedma con 187 registradas.
La cantidad de audiencias ha crecido mes a mes. En agosto del año pasado, primer mes de la implementación, el promedio fue de 13 audiencias diarias. Al mes siguiente, subió a 23. Luego llegó a 30, y continuó con un aumento paulatino.
La Reforma Procesal Penal ha cambiado el paradigma de investigación y publicidad del proceso. Ahora, Cuando se comete un delito la investigación está a cargo exclusivamente de los Fiscales, quienes representan a la sociedad y a la víctima. Los Fiscales son los titulares de la acción penal pública.
En cambio, los jueces y juezas se integran en un Foro y al no participar de la investigación no pueden ordenar pruebas de oficio, ni interrogar a testigos, víctimas e imputados; esta tarea compete al Fiscal y a la Defensa. De esta forma queda garantizada la imparcialidad de jueces y juezas.
El nuevo sistema profundiza la solución alternativa de conflictos mediante criterios de oportunidad como conciliación y mediación; con estos mecanismos el Ministerio Público Fiscal propicia la pronta resolución y satisfacción del interés de la víctima.
El nuevo paradigma fomenta la participación ciudadana y una mayor transparencia. Todo el proceso desde la formulación de cargos hasta la sentencia se realizará en audiencias orales y públicas, que quedarán registradas en audio y vídeo por lo que se elimina el uso del papel y se le impone una mayor celeridad.
Además, el nuevo código sancionado por la Legislatura impone plazos breves e improrrogables para cumplir cada etapa del proceso hasta su finalización. Este punto también colabora con una mayor rapidez en la toma de decisiones.
La Reforma gira en torno a la Oficina Judicial, organismo administrativo que centraliza la programación y grabación de audiencias, sortea los jueces para cada caso, dispone los legajos de cada proceso, cita a los testigos, controla la asistencia de imputados, el cumplimiento de pautas de conducta, los secuestros, realiza estadísticas, notificaciones, cuestiones gerenciales, de recursos humanos, suministros, etc.
En infraestructura, la Reforma implicó la adecuación, mudanza y/o refuncionalización de los edificios del Fuero Penal de la provincia. Las mayores inversiones se hicieron en equipamiento informático y sistemas de grabación en línea de audio y video, en el rediseño de espacios y mobiliario de las Oficinas Judiciales de cada circunscripción.
La próxima etapa de la Reforma Procesal Penal llegará en marzo de 2019. En esa oportunidad, cuando la fiscalía solicite más de 12 años de prisión para el acusado de un delito, el juicio oral y público se realizará mediante jurados populares, participando directamente los ciudadanos en la definición de los conflictos penales más graves.
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