Las rutas rionegrinas, en los cuadernos de la corrupción

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De las empresas denunciadas por la cartelización de la obra pública, cinco tienen contratos con la provincia.

Entre todas las empresas denunciadas por la cartelización de la obra pública nacional, por lo menos cinco tienen contratos en Río Negro.

Esos proyectos prevén compromisos del Estado que superan los 4.900 millones de pesos.

El grupo de constructoras -según los testimonios en la causa judicial- se garantizaba adjudicaciones y desembolsos de fondos públicos con un pago previo de coimas a funcionarios del ex Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido
Algunas de las apuntadas tienen actualmente ejecuciones en la provincia, generando incertidumbre por su cumplimiento frente a la presente situación penal. Sus actuales proyectos comprenden tramos de las rutas 23 y 22.

En su declaración en la Justicia, el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, narró cómo se distribuían las licitaciones del Estado nacional y enumeró a las empresas partícipes. Mencionó -según una nota de “La Nación”- a una docena de firmas y aclaró que podría recordar luego alguna más. Incluyó a cinco con contratos -mayormente firmados entre el 2009 y 2012- en Río Negro: Equimac, Vial Agro, Fontana Nicastro, Mararcalba y Coarco.

Curiosamente, en el 2016 esas firmas -entre otras- fueron denunciadas en el Juzgado Federal de Viedma por irregularidades detectadas, que “Río Negro” reflejó en el informe “El Lado oscuro de las rutas”. Poco -según se conoce- se avanzó en esa investigación, salvo algunos allanamientos.

“Las empresas se reunían -generalmente, en la Cámara de Empresas Viales (tercer piso de Venezuela 736)- y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenían”, precisó Wagner, siempre según la nota del periodista Diego Cabot. Alude a que con la “adjudicación”, el “compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo” fijado en los pliegos, que oscilaba entre el 10 y 20%
Equimac participa de la construcción del último tramo de la Ruta 23. Lo suyo corresponde de Jacobacci a la Estancia La Beatriz. Son sólo 30 kilómetros, pero esta empresa logró distintas adjudicaciones y otras obras viales en Río Negro, totalizando unos 1.726 millones de pesos, según información aportada a la Justicia.
Otras dos empresas acusadas que figuran en Río Negro son Marcalba y Fontana Nicastro, quienes formaron una UTE (también participa Construmex) y se quedaron con el tramo de J.J. Gómez a Fernández Oro. Esta construcción de la Ruta 22 (sección cuarta) todavía no se inició y su contrato inicial es de 1.350 millones de pesos.

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Vial Agro, de Tres Arroyos, es otra constructora señalada. En Río Negro ejecuta el tramo de la Ruta 22 ubicado entre Godoy y Cervantes, en sociedad con CN Sapag y con un presupuesto de 889 millones. Otro contrato importante en la provincia fue el tramo de la Ruta 23 (Comallo-Pilcaniyeu) por 542 millones. Ambas obras totalizan unos 1.431 millones.

Por su parte, Coarco efectuó la repavimentación de la Ruta 251, entre la Ruta 3 hasta Conesa, con un costo de 420 millones. En el 2017, Vialidad denunció esa construcción por “graves falencias” y se requirió una auditoría aunque la firma aceptó cumplir con un “reencarpetar”.

Pisos y techos
10%
era el monto mínimo de retorno entre empresarios y funcionarios, llegando al 20%, según Wagner
Una causa en Viedma con más de dos años
Las sospechas empresariales en los contratos viales para Río Negro ya fueron expuestas por Vialidad Nacional en el inicio del 2016, incluyendo una denuncia en el Juzgado Federal de Viedma.
En marzo de ese año, el diputado Sergio Wisky incorporó un listado de las constructoras con obras en ejecución, identificando a 18 firmas, entre ellas a las cinco señaladas ahora como partícipes de la cartelización nacional.
En ese momento, la atención se concentraba en la entonces denunciada empresa de Juan Felipe Gancedo, con convenios por 1.718 millones, aunque la misma -por ahora, por lo menos- no fue mencionada por el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner en su confesión de la operatoria.
La nómina del 2016, entregada en la Justicia, incluía también como contratistas a cuatro municipios: Pilcaniyeu, San Antonio, Sierra Grande y Bariloche, firmados entre el 2010 y 2014.
Wisky repetía en aquellos días críticas por el costo de la rotonda sanantoniense. “Sus valores son un escándalo, pues ya está en casi los 330 millones y todavía no se terminó”. Luego, Vialidad gestionaría su rediseño y otros costos.R.N




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