Sin condenas, se cumple un nuevo aniversario del peor atentado de la historia en el país. Macri decretó duelo nacional e incluyó a la chiíta Hezbollah en una lista de organizaciones terroristas.Veinticinco años, un cuarto de siglo: internet era algo desconocido en Argentina, el celular era un bien de lujo exótico. Hace veinticinco años, la mañana del 18 de julio de 1994, volaron la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA); mataron a 85 personas y otras 300 resultaron heridas, y desde entonces no hay justicia. Apenas dos años antes, también de forma impune, habían volado la Embajada de Israel.
Con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, se conmemora hoy un nuevo aniversario del mayor atentado de la historia nacional. El gobierno tuvo ayer tres gestos: la ampliación de las indemnizaciones a un grupo víctimas, la oficialización del 18 de julio como día de Duelo Nacional y la creación del Registro Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo.
El acto central de conmemoración fue convocado para hoy a las 9:53, hora exacta de la explosión de la bomba, frente a la sede de la AMIA. No participará Mauricio Macri, sino el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Bajo la consigna «85 vidas arrancadas. 25 años de impunidad», la ceremonia comenzará con la lectura de los nombres de cada víctima, y con las palabras del presidente de la mutual, Ariel Eichbaum. Además habrá un acto homenaje paralelo del que participarán Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Macri sí encabezará a la tarde un homenaje junto a AMIA y DAIA en la Casa Rosada, con la presentación del libro “Justicia Perseguirás”, del Congreso Judío Latinoamericano, que reúne reflexiones de líderes mundiales.
Por decreto, el gobierno estableció ayer un nuevo plazo de 180 días para solicitar el beneficio indemnizatorio a los familiares de las víctimas o los que hayan sufrido lesiones graves en el ataque. “Subsiste un reducido grupo de víctimas que no se han acogido por haber expirado el plazo de caducidad establecido.
Actualmente, algunas víctimas de dicho grupo presentan problemas de salud y una edad avanzada. Por razones de equidad y justicia, corresponde asegurar que aquellas personas puedan hacerlo sin mayores dilaciones”, se informó.
Como gesto, el Ejecutivo decretó Duelo Nacional. Por decisión del gobierno porteño, las sirenas de los cuarteles de Bomberos, ambulancias y patrulleros de la Policía de la Ciudad sonarán en conjunto a las 9:53.
Nación también creó, por decreto, el Registro Público de Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), que funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia y tendrá como finalidad “brindar acceso e intercambio de información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y/o su financiamiento y facilitar la cooperación doméstica e internacional para combatirlo”
Si bien la resolución no menciona a la organización libanesa Hezbollah -sindicada por la justicia argentina como brazo ejecutor del atentado-, queda de hecho incluida: queda comprendida “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual la Unidad de Información Financiera haya ordenado el congelamiento de activos”.
La historia judicial en torno al atentado a la AMIA es, además de muy compleja, vergonzosa. La investigación original por la complicidad local terminó con absoluciones por la nulidad de toda la investigación.
El primer juez de la causa, Juan José Galeano, fue condenado recién en febrero de este año, tras casi 25 años, a 6 años de prisión por estar involucrado en la maniobra de encubrimiento que incluyó el pago de 400 mil dólares de la SIDE a Carlos Alberto Telleldín, acusado de acondicionar la camioneta bomba que estalló en la AMIA, para que declare falsedades y así desviar la investigación. Telleldín, sólo condenado a tres años por esa causa, recién este año vuelve a ser juzgado como participe del atentado.
La Justicia señaló a autoridades de Irán como autores intelectuales del atentado. Se avanzó hasta alcanzar las órdenes de captura internacional con “alerta roja” de Interpol, que nunca surtieron efecto. Con la excusa de avanzar, el gobierno de Cristina Kirchner firmó en 2013 el memorándum con Irán.
El fiscal Alberto Nisman, desde el 2004 a cargo Unidad Especial de investigación de la causa AMIA - que interviene en todas las causas que guardan relación con el atentado-, denunció el intento de encubrimiento en 2015, y apareció muerto cuatro días después. La ex mandataria y otros ex funcionarios esperan el inicio del juicio oral por la investigación que partió de la denuncia del fiscal.
El oficialismo impulsa ahora en el congreso un proyecto para habilitar la figura de “juicio en ausencia”, con el objetivo de convertir en caso ilustrativo el juzgamiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. Pese al rechazo del kirchnerismo, la iniciativa tuvo dictamen en Diputados el martes, antes del nuevo aniversario.
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