Diego Frutos es el dueño de una cabaña incendiada en Villa Mascardi, Río Negro. "Estamos desesperados, necesitamos urgente que nos escuchen", reclamó. El fuego se produjo un día después de un encuentro entre el Gobierno y representantes de la comunidad mapuche, que ocupan el predio que exigen que les pertenece. Los propietarios de las viviendas afectadas los responsabilizan por de los destrozos.
La propiedad vandalizada está ubicada sobre la Ruta 40, a 30 kilómetros de Bariloche, y se encuentra en un predio de cinco hectáreas. Frutos asegura que los ataques los cometieron "personas que aparecen de noche en grupos, con lanzas y trapos embebidos con combustible en la punta".
Dijo que "en pocos minutos logran su cometido, que en este caso fue robar todo lo posible de la cabaña y luego el incendio de la vivienda". Explicó que el del sábado "no es el primer incendio" que se produjo en la zona y que varios vecinos de él sufrieron "el mismo accionar de estos vándalos".
Frutos vive en Buenos Aires, y la propiedad en el Sur se la cuida un casero. El incendio se produjo cuando la vivienda estaba desocupada, ya que la mujer del trabajador tenía que dar a luz y la llevó al hospital del pueblo. Fue en ese momento en que se originó el incendio que destruyó la propiedad.
El damnificado dijo que tanto él como sus vecinos están "desesperados", en un video que la periodista Mercedes Ninci publicó en Instagram. Frutos explicó que hay diálogo entre funcionarios y la comunidad de los mapuches pero que no tuvieron respuesta de las autoridades. Reclamó que los escuchen y dijo que necesitan "ayuda urgente".
En el Ministerio Público Fiscal en Bariloche hay varias causas abiertas por hechos de vandalismo y amenazas en Villa Mascardi, y este caso es investigado por la fiscalía de turno.
Desde el Gobierno de Río Negro emitieron un comunicado donde expresaron su repudio ante "una nueva incursión violenta de grupos de anónimos que ocupan un sector de Villa Mascardi, atacando e intentando usurpar en esta oportunidad una propiedad privada de la zona".
El ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler, condenó los nuevos hechos de violencia y lamentó que el accionar de estos grupos y sus ataques, que "dan por tierra con todo un trabajo conjunto que se está realizando con Nación para tratar de encontrar una salida consensuada a este conflicto".
El dueño de la propiedad acusó a una comunidad mapuche por el incendio (Foto: Rodrigo Saliva).
El dueño de la propiedad acusó a una comunidad mapuche por el incendio (Foto: Rodrigo Saliva).
Previo al incendio de la vivienda la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu planteó en un comunicado que extendió "el control territorial sobre el territorio lindero conocido como Hueche Ruka que estaba en manos del obispado católico de san Isidro". Convocaron a "seguir recuperando territorio sin negociar ni transar" y afirmaron que su única opción es "la autodefensa y el control territorial".
Mesa de diálogo
El viernes hubo una reunión entre funcionarios del Gobierno y miembros de la comunidad mapuche en el predio ocupado. El encuentro lo encabezó el secretario de Articulación Federal de Seguridad Gabriel Fuks, que expresó en Twitter que el encuentro fue parte de la "Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales de los Pueblos Originarios".
Participaron también referentes del Ministerio de Medio Ambiente, quienes transmitieron y firmaron el compromiso de Parques Nacionales de retirar la denuncia por "usurpación", consigna el sitio EnEstos Días. La presentación se hizo en noviembre de 2017 y derivó en el operativo de desalojo durante el cual integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval asesinaron a Rafael Nahuel.
El origen del conflicto
El conflicto en Villa Mascardi se remonta a finales de 2017 cuando un grupo de personas, que se identificaron como miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, ocupó las tierras que ellos consideran que es parte de su territorio.
Luego se produjo el asesinato del joven mapuche Nahuel, el 25 de noviembre de ese año. Recibió un disparo por la espalda en un procedimiento de un Grupo Albatros de Prefectura, que custodiaban el predio que había sido desalojado. Desde entonces se producen hechos de violencia en esa pequeña villa, donde viven cerca de 60 personas.
Fuente TN
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