El vice intendente de Lago Puelo, Alejandro Marqués, precisó ayer que “el proceso de compra directa -por encima de los valores establecidos-, está contemplado por la Carta Orgánica en el marco de una catástrofe”, en respuesta a la denuncia formulada por la oposición en referencia al manejo de los recursos  asignados por el gobierno nacional para atender la emergencia de los mega incendios del 9 de marzo.
Puntualmente, calificó como “objetiva la cuestión del procedimiento planteada por el presidente del partido Crecer, Ramiro Ibarra; aunque también hay subjetividad, ya que todas las semanas se publica en el boletín oficial toda la documentación que está reclamando, además de todas las comunicaciones al Concejo Deliberante al respecto”.
“La voluntad del Poder Ejecutivo es poner rápidamente toda la documentación a disposición de los vecinos” y, obviamente, para las diferentes fuerzas que componen el arco político de nuestra localidad”, reiteró.
No obstante, reconoció que “sí hubo una solicitud ante el cuerpo deliberativo para hacer una compra rápida y directa, en el marco de la emergencia, para la construcción de los módulos habitacionales previstos para los vecinos afectados por el fuego. Se trataba de una segunda etapa de adquisición de materiales, por encima de los 35 millones de pesos, para lo cual se presentaron los respectivos antecedentes”.
Al respecto, recordó que “dentro del esquema de la ley de contabilidad de la provincia, el monto máximo permitido para los municipios en estas circunstancias es por la suma de $5.700.000, aproximadamente”.  
Con todo, “como había que acelerar el proceso, porque venía muy demorada la ejecución de obras, sumado al invierno que ya teníamos encima, pedimos la autorización para poder comprar por ese monto. Se fue demorando en el tiempo y el proyecto durmió en la comisión de Labor Parlamentaria ante el pedido de una sesión extraordinaria”.
“Incluso –agregó-, quedó registrado en un acta que la mayoría de los concejales de Crecer interpretaba que no correspondía, aunque también quedó en claro que es una atribución del intendente realizar una compra directa, enmarcada en un artículo específico de la Carta Orgánica, donde taxativamente estipula que en caso de catástrofe, el Poder Ejecutivo asume un rol directo simplemente con la comunicación al Concejo Deliberante. Así ocurrieron los hechos y está debidamente acreditado todo el proceso”, graficó.
En respuesta al reclamo sobre la puesta en vigencia del “Tribunal de control de fondos para la catástrofe”, Marqués contrapuso que “siguen en tratamiento legislativo dos proyectos: uno referido específicamente a un procedimiento de compras, junto a la creación del Tribunal de Cuentas municipal, que debiera ser el organismo competente en toda esta coyuntura; además del proyecto de la conformación de una Unidad Ejecutiva, con participación de la oposición”.
“Son todas herramientas previstas para mejorar el sistema contable del municipio. Sin embargo, no las quieren tomar e insisten con aquella figura que más parece un tribunal de enjuiciamiento”, recalcó.
Antena polémica
En otro orden, Alejandro Marqués coincidió con un grupo de vecinos de Las Golondrinas que se opusieron nuevamente a la instalación de una antena de telefonía.
Sobre el tema, indicó que la premisa de la empresa Telefónica de Argentina “era la restitución del servicio para más de cien abonados en el paraje luego de los incendios, aunque ya en 2011 hubo una situación de conflicto, con el acompañamiento del municipio, donde se solicitó a la prestataria que retirara una torre”. 
En detalle, explicó que “como ahora se utiliza un sistema inalámbrico de telefonía y es necesario aplicar nuevas tecnologías, la propuesta apuntaba a una antena de 4G para irradiar señal, incluso hasta el valle de El Hoyo”. No obstante, “con lógica, los pobladores plantearon que no ha habido ninguna presentación por parte de la empresa y tampoco saben cuáles pueden ser los impactos ambientales que puedan tener”.
“Hemos hablado con la gerencia de Telefónica, recordándole que antes de avanzar con cualquier obra deben presentar los estudios de impacto ambiental y todas las garantías vinculadas a la protección de la salud y la seguridad de los habitantes, además de pedir la habilitación municipal”, concluyó.