Yegua Bonita: dos nuevos imputados por el hecho

El Fiscal Francisco Torchia, imputó a dos jóvenes por su participación en el robo y faena de la yegua Bonita, cuya secuencia había sido filmada y subida a las redes sociales. Los acusados quedaron en libertad y la defensa aseguró que demostrará una teoría del caso diferente a la acusación.

Darío Fabián Fernández y José Luis Pichihueche fueron acusados por el hecho ocurrido el pasado 22 de junio en horas de la tarde cuando un grupo de personas se apoderaron de una yegua que pastaba sobre un predio de la calle Malvinas y la trasladaron hasta una propiedad en el barrio Primavera de El Bolsón.

En ese lugar, ultimaron a la yegua con cortes de cuchillo en el lomo y cuello y golpes en la cabeza, concretando una faena clandestina con el fin de comercializar la carne. Transgredieron todas las normas de maltrato animal, sanitarias y de salubridad, según apuntó la fiscalía.

Según se reveló tras la denuncia de la propietaria del animal, comenzó una investigación que se profundizó a partir del hallazgo de videos en redes sociales, en la que se veía parte de las maniobras realizadas por los acusados. En el marco de allanamientos posteriores, encontraron la cabeza de la yegua y una de sus patas, además de las lógicas manchas de sangre.

La acusación formal fue admitida por el juez de Garantías, Juan Pablo Laurence, quien además habilitó la unificación de plazos procesales con el resto de los involucrados en el caso, de manera que la etapa de control de acusación llegará el mismo día para todos: el 15 de febrero de 2022.

Para el defensor oficial Marcos Ciciarello, en la acusación fiscal se traslucía una profunda hipocresía, porque resumía todo bajo las figuras de maltrato y crueldad animal cuando en realidad lo que ocurrió con Bonita no es más que lo que ocurre en cualquier matadero o salida de pesca.

La defensa enfatizó que trabajará para demostrar otra teoría del caso y no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo requerido por la fiscalía.

Además, las partes acordaron la imposición de una prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante y su grupo familiar.

Fuente: El Cordillerano