La situación de la odontóloga que permanece internada en el Hospital de Área El Bolsón y que durante el último fin de semana protagonizó un nuevo episodio de violencia continúa generando preocupación entre las autoridades sanitarias, judiciales y policiales. La doctora Karol Montoya, integrante de la Dirección del Hospital, y la psiquiatra Dina Lavessini, exdirectora del establecimiento y con una amplia trayectoria en salud mental, brindaron explicaciones sobre las dificultades que enfrenta la institución para garantizar la atención de la paciente, la seguridad de los trabajadores y la protección de la comunidad.
Montoya reconoció que se trata de una situación extremadamente compleja que supera las posibilidades de respuesta del hospital local. Explicó que la mujer permanece internada con custodia policial durante las 24 horas, pero que el establecimiento no dispone de un espacio especialmente acondicionado para pacientes que requieren medidas de seguridad adicionales. Asimismo, señaló que tampoco cuentan con personal suficiente para garantizar una vigilancia permanente, por lo que esa responsabilidad recae en la custodia policial. La profesional confirmó que mantienen comunicaciones con el Ministerio de Salud y con la Justicia para encontrar una alternativa, aunque advirtió que los hospitales generales de Río Negro tampoco disponen de instalaciones específicas para abordar situaciones de estas características.
Por su parte, la psiquiatra Dina Lavessini explicó que la paciente recibe el tratamiento farmacológico correspondiente, con dosis plenas de la medicación indicada, y que actualmente se encuentra en el máximo nivel de intervención que puede ofrecer el equipo médico. Sin embargo, remarcó que el tratamiento no resuelve por sí solo las dificultades relacionadas con la seguridad y las condiciones de internación. En ese sentido, consideró necesario encontrar otro establecimiento que permita una atención más adecuada, donde la mujer pueda desarrollar actividades y recibir acompañamiento terapéutico sin permanecer limitada a una habitación durante todo el día. La especialista también hizo referencia al temor que manifiestan algunos trabajadores del hospital ante los episodios registrados.
Ambas profesionales coincidieron en que el problema excede las responsabilidades del sistema sanitario local y requiere decisiones conjuntas entre Salud y Justicia. Desde la Dirección del Hospital señalaron que desde el ingreso de la paciente se han realizado reiteradas gestiones ante las autoridades judiciales, advirtiendo que el establecimiento no dispone de la infraestructura ni de las condiciones de seguridad necesarias para sostener una internación de estas características. También remarcaron que, pese a las limitaciones, el personal continúa realizando todos los esfuerzos posibles para garantizar la asistencia médica y el acompañamiento de la mujer.
Lavessini profundizó sobre las dificultades que plantea el marco normativo vigente y recordó que la legislación provincial de salud mental contemplaba anteriormente dispositivos específicos para determinadas situaciones complejas. Según explicó, las modificaciones introducidas en la normativa dejaron un vacío respecto de aquellos pacientes que, además de presentar padecimientos mentales, se encuentran atravesados por medidas judiciales y requieren condiciones particulares de internación. No obstante, aclaró que no considera necesaria una reforma integral de la Ley de Salud Mental, ya que comparte el principio de que las personas deben recibir atención en hospitales generales y no ser apartadas del sistema sanitario. Su planteo apunta a reconocer que existen casos excepcionales que necesitan dispositivos especializados, sin abandonar el enfoque de derechos que sostiene la legislación.
Finalmente, la doctora Karol Montoya buscó transmitir tranquilidad a la comunidad y aseguró que el hospital continúa trabajando de manera permanente con el Ministerio de Salud, la Justicia y las autoridades policiales para encontrar una solución. Reiteró que el objetivo no es solamente garantizar la seguridad de los vecinos y del personal sanitario, sino también proteger a la propia paciente y ofrecerle condiciones de atención acordes con sus necesidades. La principal preocupación de las profesionales es conseguir un espacio adecuado que permita sostener el tratamiento médico y, al mismo tiempo, garantizar las medidas de seguridad que este caso requiere, una respuesta que, según reconocieron, todavía permanece pendiente.

