El Senado de la Nación aprobó en general el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce modificaciones en los procedimientos para disponer internaciones involuntarias, amplía el reconocimiento de las adicciones como problemas de salud mental y establece nuevas condiciones para la atención de niños y adolescentes. La propuesta obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos y deberá continuar su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados.
La aprobación contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales, mientras que el rechazo estuvo encabezado por sectores del justicialismo y otras bancadas opositoras. Durante el debate quedaron expuestas diferencias respecto del financiamiento de la atención sanitaria, las responsabilidades de las provincias y los alcances de las modificaciones propuestas.
Uno de los puntos centrales de la reforma está relacionado con las internaciones involuntarias, que podrán disponerse ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros. El proyecto establece que estas medidas deberán tener carácter excepcional y aplicarse cuando no resulten posibles los tratamientos ambulatorios.
Entre las modificaciones previstas se encuentra la posibilidad de que un médico, preferentemente psiquiatra, disponga una internación involuntaria, incluso con la intervención de un solo profesional en situaciones de emergencia. Sin embargo, la decisión deberá ser revisada y revalidada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. También se contempla la utilización de teleconsultas con especialistas en psiquiatría y la obligación de comunicar la internación a la Justicia.
Asimismo, la iniciativa establece que deberá existir un plan de egreso desde el momento del diagnóstico y que los familiares o representantes legales deberán ser informados anticipadamente para coordinar las condiciones de salida del paciente. De esta manera, se busca establecer un procedimiento que contemple tanto la intervención médica inicial como el seguimiento posterior de cada situación.
Otro aspecto relevante es la incorporación expresa de la ludopatía dentro de las problemáticas vinculadas con las adicciones. Esta modificación amplía el alcance de la legislación para contemplar situaciones relacionadas con el juego compulsivo y otras conductas adictivas que requieren atención y tratamiento dentro del sistema de salud mental.
En relación con los niños y adolescentes, el proyecto dispone que deberán recibir atención por parte de equipos profesionales con formación específica en salud mental infantojuvenil. Además, establece que, cuando resulte necesaria una internación, esta deberá realizarse en establecimientos separados de aquellos destinados a pacientes adultos.
La reforma también mantiene la prohibición de crear manicomios, uno de los puntos que generó diferencias durante el tratamiento parlamentario. Mientras algunos legisladores plantearon la necesidad de contar con establecimientos especializados, otros expresaron cuestionamientos sobre la continuidad de hospitales monovalentes y las condiciones necesarias para fortalecer los dispositivos comunitarios de atención.
Otro de los ejes que atravesó la discusión fue el financiamiento necesario para implementar los cambios. El proyecto contempla mecanismos de cooperación económica entre la Nación y las provincias, con recursos previstos en el Presupuesto Nacional. Sin embargo, distintos legisladores advirtieron que las nuevas responsabilidades deberán estar acompañadas por fondos suficientes para garantizar la atención de los pacientes.
En ese sentido, el senador Guillermo Andrada, de Convicción Federal, sostuvo que las dificultades de la legislación vigente están relacionadas principalmente con la falta de recursos para desarrollar el modelo de atención comunitaria. Por su parte, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, expresó su preocupación por las nuevas obligaciones que podrían asumir las provincias sin contar con el financiamiento necesario.
Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió las modificaciones y remarcó que las internaciones involuntarias deben continuar siendo una medida excepcional, mientras que la prevención debe ocupar un lugar central en las políticas de salud mental. En tanto, el senador Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, destacó la importancia de garantizar que cada provincia disponga de los medios necesarios para aplicar la normativa.
La iniciativa recibió modificaciones durante su tratamiento parlamentario para alcanzar los consensos necesarios, especialmente en cuestiones vinculadas con la intervención de profesionales, la participación de las familias, los recursos económicos y la organización de los establecimientos sanitarios.
Infobae+2
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto deberá ser debatido por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley. Hasta que se complete ese proceso legislativo, continuará vigente la normativa actual. La discusión abre una nueva etapa en el tratamiento de la salud mental en Argentina, con especial atención a las condiciones de internación, los derechos de los pacientes, la prevención y la disponibilidad de recursos para garantizar una atención adecuada en todo el país.
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