Así como a aplicar el criterio determinado por la Corte Suprema para fijar los beneficios previsionales conforme a sus fallos y modificar la actual fórmula de movilidad según lo prescribía la citada ley, injusta y arbitrariamente vetada por la señora Presidente y exigir el cumplimiento irrestricto de la promesa de la ANSeS ante la CIDH de la OEA a no apelar las sentencias firmes y a cumplir con el pago, dentro de los noventa días de producido el fallo.
Mi pensamiento y mi propuesta, dirigida a todos los candidatos a la presidencia, no es nada absurda ni desatinada, todo lo contrario, debemos exigir y proponer cambios a las leyes previsionales que formarían parte de una serie de medidas para reformar de una vez por toda la increíble estafa del sistema jubilatorio argentino.
Omar Martínez
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