La legislatura de la provincia de Río Negro aprobó la sanción de la Ley de investigación y relevamiento dominial y catastral de tierras de dominio provincial, transferidas a particulares “bajo protocolos jurídicos de dudosa legitimidad”. El proyecto de esta ley fue presentado por los legisladores César Miguel, Martín Doñate y Pedro Pessati, del bloque del Frente para la Victoria; y sumó luego el aporte de Magdalena Odarda de Coalición Cívica-ARI y de Adrián Casadei de la Concertación para el desarrollo.
La nueva norma establece la creación de la Comisión de Investigación y Relevamiento de transferencias de tierras rurales en el ámbito de la provincia de Río Negro, y determina la creación de una comisión especial del Poder Legislativo, que deberá ser integrada por siete legisladores que representen proporcionalmente la composición del cuerpo de parlamentarios. Entre las funciones de la Comisión se destaca la elaboración de un informe detallado de las transferencias de tierras rurales que hayan pertenecido a la provincia de Río Negro, con precisiones jurídicas acerca de la eventual nulidad de dichas transferencias, y determinando la posibilidad de formular los respectivos reclamos judiciales. En otro orden de cosas, la ley indica que se suspenden por el plazo de 180 días, contados a partir de sanción de la ley, todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a particulares que a la fecha de la sanción se encuentre en trámite.
Los autores del proyecto de ley fundamentaron que la provincia de Río Negro “ha sido observada atentamente debido a particularidades referidas al uso de la propiedad por parte de algunos sujetos, que con total desprecio al sistema jurídico nacional y provincial, han exhibido un señorío casi intolerable en el manejo de sus fundos, impidiendo el acceso de la población a las riquezas naturales de la provincia, e incluso, el acceso a la justicia. Tal comportamiento se produce fundamentalmente en personas de alto poder adquisitivo y con inmensas extensiones de tierra, configurando no sólo un eventual despojo de los recursos naturales de los rionegrinos, sino también del bien paisajístico del que todos tenemos el derecho de disfrutar”. Por otra parte, los legisladores manifestaron en el proyecto que el Poder Judicial deberá determinar la existencia o no de la complicidad existente entre los adquirentes de tierras fiscales y muchos funcionarios de las anteriores administraciones, “que con un diáfano desvío de poder han permitido la dilapidación y expoliación de la riqueza que representa la tierra. La tierra aquí comprometida no se está pensando con el único propósito de re-incorporarla al erario público para cumplir una función ociosa, sino que el horizonte de esta primer medida de relevamiento está inscripta en el marco de la justicia social, a fin de que potencie, bajo la intervención inteligente del Estado provincial, la producción y las formas más adecuadas para desplegar la riqueza en nuestro vasto territorio, distribuyendo los beneficios de forma más igualitaria, más equitativa y más justa”.
Luego de aprobarse la ley el legislador por el Frente para la Victoria, César Miguel, manifestó su entusiasmo por la sanción de la norma y valorizó este hecho democrático como un aporte más a la consolidación del rumbo que Río Negro encara en relación al proyecto nacional, popular y democrático que conduce Cristina Fernández. El legislador provincial señaló que la dirigencia política rionegrina debe estar a la altura de la historia y destacó la importancia de la actividad legislativa de este último jueves 29 de marzo, en la que se sancionaron leyes que se encaminan en la construcción de una provincia más justa e igualitaria. Asimismo, César Miguel expresó que esta norma ayudará a investigar las irregularidades en la venta de tierras fiscales por parte de anteriores funcionarios de gobierno, situaciones que han sido reiteradas tanto en la región andina, como en la zona centro y sur de Río Negro.
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