El gobierno rionegrino no parece dispuesto a intervenir en la demanda del casino contra la ordenanza 147/10, dictada por la Municipalidad de El Bolsón, mediante la cual las tasas que gravan la actividad desarrollada por la firma se incrementaron en un 50%, llevando la cifra a $37.000 mensuales que pagan “bajo protesto”.
Según informó ADN, la puja judicial está planteada entre la empresa Entretenimientos Patagonia SA (EPSA) contra la comuna local. En ese marco, “una eventual citación a la provincia sería rechazada si prospera el dictamen que emitió la Procuración General, aunque la última palabra la tiene el Superior Tribunal de Justicia, en el marco de la acción de inconstitucionalidad iniciada por el casino”.
Cabe recordar que la medida fue aplicada por la administración de Oscar Romera, quien en más de una oportunidad calificó como “parasitaria” la oferta del juego. Asimismo, la habilitación del local de calle Dorrego debió sortear en su momento una fuerte oposición social, donde se alzaron varias voces pidiendo un referéndum para consultar la opinión comunitaria.
En su presentación, EPSA estimó que la norma municipal -por la cual se readecuó el marco tarifario para el ejercicio fiscal 2011-, “afecta derechos constitucionales “y también la ecuación económica financiera que se tuvo en cuenta al momento de firmar el contrato de concesión para la explotación del casino de El Bolsón con la provincia de Río Negro.
Indicó la firma que todas las impugnaciones que se hacen a la ordenanza 147/10 tienen su base en el artículo 94 de la Constitución Provincial y que “se viola la garantía de igualdad tributaria; la proporcionalidad y progresividad; que se aplica una tasa muy superior a la actividad que desarrolla y que se incurre en doble imposición al transformar la tasa en un impuesto que grava la renta y los ingresos brutos de la empresa”.
En ese contexto, solicitó la intervención como tercero a la provincia de Río Negro (Lotería de Río Negro), en su rol de autoridad de aplicación de la actividad que desarrolla la firma, invocando asimismo “razones que a su criterio atañen de manera directa estando en juego sus intereses”.
El apoderado de la Fiscalía de Estado, Cosme Nacci, se opuso a la citación de tercero efectuada, por entender que “no existe la comunidad de intereses que la empresa considera acreditada”.
Entre otras consideraciones, la procuradora general, Liliana Piccinini, indicó a su turno que “de los parámetros normativos y jurisprudenciales confrontados con la pretensión de citación como tercero de la provincia de Río Negro en la litis, no se presenta con la suficiencia que es menester a los efectos de acreditar la existencia de controversia común que involucre intereses de la provincia de Río Negro que puedan verse afectados con la sentencia que eventualmente recaiga en este proceso”.
Refirió además que es la propia provincia de Río Negro la que se opone a su intervención en el pleito y niega cualquier conflicto de poderes en cuanto a la competencia para gravar la actividad.
Estimó que para este caso, teniendo en consideración el objeto de la acción presentada, EPSA “no ha fundado ni acreditado debidamente la necesidad de integrar a la provincia de Río Negro en el debate acerca de la constitucionalidad de las normas municipales impugnadas”.
En Bariloche igual
Entretenimientos Patagonia SA presentó también una denuncia de inconstitucionalidad contra la nueva tasa establecida por el municipio de Bariloche para la actividad de casinos. La demanda data de junio pasado y fue formulada directamente ante el STJ.
Con todo, el asesor letrado municipal defendió en su momento la legalidad de la imposición que incluyó a las casas de juego en el régimen ordinario de la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene y los encuadró entre los rubros comerciales más gravados, con una alícuota del 4% sobre sus ingresos. La misma pesa sobre joyerías, whiskerías, cabarets, hoteles por horas y alquileres de barcos y aviones.
En el caso del casino, dada la abultada facturación de sus dos locales en Bariloche, el monto de la tasa fluctúa entre los 250 y los 300 mil pesos mensuales. Antes de la nueva ordenanza la empresa gozaba de un régimen privilegiado y sólo pagaba 3.500 pesos por mes.
En tanto, desde la administración comunal de El Bolsón informaron ayer que -pese del desacuerdo jurídico- el casino paga la tasa de acuerdo al monto vigente ($37,000 por mes bajo protesto), porque “de otro modo se expondría a una clausura”.
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