La creación de la empresa minera provincial es parte del proceso de entrega del patrimonio nacional que comenzó con la dictadura y el gobierno de Carlos Menem, ya que no se ha tocado ni una coma del paquete minero de leyes de promoción nacional de la megaminería que le otorga beneficios extraordinarios a la actividad.
Este proyecto, no es una invención vernácula, sino una receta del Banco Mundial para Latinoamérica que en sus directivas aconseja a los Estados crear “estructuras adecuadas” para hacerse cargo del pasivo ambiental y poner a disposición de las trasnacionales del oro, toda la información catastral obtenida durante años de investigación de los organismos del Estado.
La megamineria constituye una de las caras del “extractivismo”, una nueva forma de acumulación basada en la apropiación de bienes comunes a los pueblos, ligada a la inequidad, a la ambición por extraer riquezas en poco tiempo y a cualquier costo, aunque dañe irremediablemente el lugar en el que vivimos. Representa una forma de acumulación por desposesión, pues destruye las formas de vida tradicionales, campesinas y comunitarias e impone otras relaciones sociales, culturales y laborales. Este extractivismo se apoya también en medios violentos. La aplicación de la ley antiterrorista en la represión de Tinogasta y Famatina, y la infiltración en movilizaciones ciudadanas para fotografiar a militantes y vecinos, además de otras formas de intimidación a los vecinos, dan cuenta que con la criminalización de la protesta social, pretenden acallar las voces de las organizaciones sociales.
El gobierno rionegrino al abrir las puertas a la megamineria y derogar la ley anticianuro, retrocedió varios casilleros en materia ambiental y de este modo violó uno de los principios que se encuentran en la ley general del ambiente- El principio de progresividad ambiental implica que el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto a la protección del ambiente no puede disminuir, sino que debe ser cada vez mayor, sobre todo a la sazón de las reglas derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN).”. Por otro lado, el Parlamento de la Unión Europea, compuesto por 736 diputados que representan a 500 millones de personas, en la resolución P7 TA2010 0145, consideró que “el cianuro es una sustancia química altamente tóxica utilizada en la minería del oro y que, en el Anexo VIII de la Directiva marco sobre política de aguas, está clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica,”. Por esta razón, pidió a la Comisión que “… proponga la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011, puesto que es la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras…”.
Ante estas declaraciones no hay razón alguna por la que en este país y en esta provincia, sigamos una receta contraria y digamos Si al cianuro cuando las llamadas primeras potencias mundiales están siendo puestas en alerta y llamadas a prohibir definitivamente su uso en las industrias mineras. No podemos seguir siendo el “repositorio” de los negocios o industrias sucias del Norte.
El domingo pasado en Loncopué, Neuquen, alrededor del 70% de la población empadronada, emitió su voto en un referéndum obligatorio y vinculante para aprobar o nola ordenanza 1054/12 que impide la explotación minera a gran escala dentro de su ejido urbano, dando como resultado un triunfo aplastante a favor de la ordenanza.
Estas declaraciones, estas manifestaciones con profundo contenido político que surgen de instituciones y organizaciones, demuestran un importante grado de maduración de la sociedad, que investiga y se organiza con el fin de que sus proclamas sean oídas por los gobiernos. Con fundamentos, con estudios basados en demostraciones científicas y la experiencia de otras regiones, el No a la megaminería ha ganado la calle, y no hay medida que pueda parar este No.
Por otro lado, votar un proyecto que excluye a Bariloche de toda actividad minera a cielo abierto, no cambiará la opinión de las asambleas y un gran número de ciudadanos rionegrinos. El pueblo está diciendo No y esto incluye a todo el territorio, ya que no se trata de promover zonas “sacrificables” y zonas “protegidas”. Demandamos que todo Rio Negro sea considerado un territorio “protegido” de las actividades extractivistas que solo dejan devastación y miseria.
Magdalena Odarda. Presidente Bloque Progresista CCARI.
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