El Club, por razones de la importante inversión que requiere, no logró el objetivo y ante la eventualidad de devolver la tierra, se sentó con el entonces Ministro de Turismo (Contreras) y otros políticos allegados a Saiz, a buscar una solución en el año 2005, se elabora entonces un acta acuerdo, después refrendada por la Ley 4335, que crea el Ente para el Desarrollo Integral del Perito Moreno (ENDIPEM), que prevé el llamado a una Licitación, para el desarrollo y explotación, con la posibilidad de construir una pequeña villa turística (sin residencias permanentes) sino de características hoteleras, por obra pública en la tierra del Club/ENDIPEM, es decir dentro de las 606 hs.a originales y por contrato de obra pública, instalaciones éstas que quedarían para la Provincia o el ENDIPEM, es decir el Estado Provincial, terminado el tiempo de concesión, previsto en 30 años. Así la ley.
El caso es que el ENDIPEM, presidido por el Club Andino (tal como lo prevé la Ley) saca una licitación que está hecha a medida de los recientes compradores de una Fracción Fiscal pegada a las 606 has., a través de una operación “dudosa” con la heredera del Ocupante Legal ya fallecido (Don Cipriano Soria). Esta compra de hecho se encuentra en la Justicia, con una anotación de Litis, trabada en su contra. La empresa que oferta (única oferente en un marco de varias suspicacias y eventuales irregularidades en el proceso) desiste de hacer la Villa Turística en tierra pública y ofrece a cambio una urbanización privada, de dimensiones fenomenales (más de mil lotes) en las tierras adquiridas (dotadas de una excelente integridad ambiental), con el objeto supuesto de financiar la inversión del centro de esquí con la renta extraordinaria que se obtiene del cambio de uso del suelo rural del bosque al suelo urbano.
Todo esto se aprueba en la Provincia de forma irregular en los últimos días de la Gestión de Saiz, con una resolución del CODEMA. Se suma la firma del anterior Intendente del El Bolsón, en un acto tan irregular como el de la provincia, aprobando el loteo. Todo durante los últimos días de gestión, con las elecciones ya perdidas de Saiz y Romera.
Con la asunción de la actual Gestión Municipal (Ricardo García), en la primera reunión que se mantuvo con el grupo Laderas (empresa Concesionaria) se le comunicó que el emprendimiento era demasiado grande, con un conjunto de impactos ambientales, sociales y económicos, indeseables para la comunidad local y que no apoyaríamos la petición de celeridad de ellos para poder avanzar con su desarrollo. Inmediatamente, comenzaron las presiones por parte de los “empresarios” locales, cámara de comercio, cámara de turismo, supermercadistas locales y otros sectores de alto poder adquisitivo, para que se apruebe el proyecto tal como está. No obstante hicimos algunas propuestas a la empresa para que evalúe algunas alternativas de menor impacto, que fueron desestimadas por los desarrolladores, a pesar de tomarse el trabajo de incorporar al proyecto “etapas” que lo hacían ver de menor escala y alguna cosmética que lo hacía ver más atractivo.
Al mismo tiempo, un número cada vez mayor de vecinos del paraje rural más comprometido por los efectos negativos del proyecto (Mallín Ahogado), fue tomando participación en el asunto con posturas claramente opuestas al desarrollo del emprendimiento, con argumentos de diferente tenor, algunos más razonables que otros, pero definitivamente claros en oposición al proyecto.
Por otro lado, la actitud de la empresa que, con el lema de negociar y consensuar alternativas, nunca se movió de su proyecto original, más que en la cosmética, hizo que cada vez fuera mayor la cantidad de gente que se opone a la forma de actuar de esta empresa, totalmente contraria a la idiosincrasia y modo de vida de una gran proporción de la población asentada en el sector rural y en El Bolsón en general, salvo el pequeño grupo de comerciantes locales que se vería beneficiado temporalmente con el desarrollo del proyecto.
Por otro lado, la irregularidad en las aprobaciones, motivó una causa con características de “amparo” en el Superior Tribunal de Justicia, que acaba de suspender las Audiencias Públicas previstas por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, y que permitirían viabilizar el proyecto (o no!!).
Ante esta situación, las asociaciones empresariales (Comercio y turismo) temieron por la apertura de la temporada al verse la empresa perjudicada por esta situación. No obstante, es obligación de la empresa operar el cerro, puesto que forma parte del contrato. Sin embargo la empresa presiona con no operarlo, para que se les apruebe el loteo, confiando que una aprobación del loteo inclinaría la balanza de la justicia en su favor.
El ejecutivo municipal no está dispuesto a esto, por varios motivos, primero para no entorpecer con la Justicia y en segundo término, se considera que los impactos (sociales, económicos y ambientales) son inadmisibles, sumado al riesgo que se transforme en un enclave, donde la empresa “se quede con todo”.
Así, hay un sector de comerciantes prósperos, que quieren que el cerro opere a cualquier precio, incluido el desbosque de más de 300 has., sobre tierra con alta integridad ambiental y cuya adquisición está cuestionada en la justicia. Por otro lado, existe una amplia parte de la comunidad que si bien reconoce que sería conveniente desarrollar un centro de esquí, en el marco de la “cosa pública”, no está dispuesta a pagar los costos que una empresa privada con la lógica de la maximización de la renta como única variable de decisión o de ajuste, imponga a la comunidad para permitirnos el desarrollo de un centro de esquí, que en principio es de “El Bolsón” o debería serlo y no de un grupo empresarial.
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