La Legisladora Ana Piccinini (FpV- Bloque Eva Perón) le envió una nota al Secretario de Energía de la Provincia, Guillermo Manuel Gesualdo, donde le pide información sobre el estado de las prorrogas de contratos petroleros vigentes en la actualidad en materia de exploración y explotación del hidrocarburo de nuestra provincia.
La parlamentaria circunscribió la información solicitada, al período que va desde la sanción y puesta en vigencia de la Ley 4818, el día 18 de Enero de 2013 hasta la fecha.
Según argumentó Piccinini, es necesario saber si las empresas contratistas han manifestado su voluntad de prorrogar sus contratos con la Provincia y en su caso, si están dispuestas a someterse al mecanismo de control que se puso en marcha a través de la citada norma.
“La Ley les impone entre otras cosas, la inscripción en un Registro Provincial de Renegociación de Áreas Petroleras, donde debían manifestar su voluntad de prorrogar. Lo primero que hay que saber es sí se creó ese Registro y en su caso, quién se inscribió”, expresó Piccinini.
El art. 4 de la norma les imponía a las empresas contratistas acreditar cierta información con carácter de declaración jurada. La legisladora le preguntó al Secretario cuántas empresas presentaron la documentación requerida por la Ley; el listado de las mismas y en su caso, cuáles no la presentaron.
Asimismo le solicitó que le informara si se inició alguna negociación de prorroga y si se puso en marcha la conformación de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Renegociación de la Concesiones Hidrocarburíferas, en un todo de acuerdo a lo normado por el artículo 5 de la Ley, donde se previó la participación de la Legislatura.
En otro tramo del pedido Piccinini le requirió al Secretario de Energía, en qué estado se encuentra la conformación del Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Co.P.E.A.M), creado por la Ley 4738 sancionada el 29 de Diciembre de 2011, promulgada el 30 de diciembre de 2011 y reglamentada un año después por decreto N° 1859/12 de fecha 12 de diciembre de 2012.
Este Consejo al que destacó la Parlamentaria como la piedra angular de la norma que dio fin a la prohibición de la extracción de oro con cianuro en la provincia, debió ser conformado inmediatamente.
Hizo saber al funcionario que los plazos para su integración están absolutamente en mora con la Ley que lo creo y con la sociedad, lo que pone al Poder Ejecutivo en una situación de incumplimiento.
Agravada esta situación de incumplimiento remarcó la Legisladora, por lo preceptuado en la polémica norma, donde muchos legisladores concebimos a este Consejo como garante para frenar abusos en que pudieran incurrir los operadores del Sistema.
Se le otorgaron al Consejo facultades de veto contra cualquier explotación minera que pudiera poner los intereses económicos por encima de la salud de la población, afectada por el emprendimiento minero.
La información solicitada, es de suma importancia a los efectos de controlar y contribuir al mejoramiento de la asignación de nuestros recursos naturales, le expresó Piccinini al Secretario.
“En mi carácter de representante del pueblo rionegrino, en uso de las facultades que me otorga la Constitución Provincial, es mi deber estar atenta a todo este proceso para promover y ponderar juntamente con los distintos órganos del Poder Ejecutivo Provincial, estrategias de exploración, explotación y remediación, convergentes con el interés provincial. Como así también contribuir a corregir si se incurriera en ellos, los excesos, tanto de los funcionarios públicos como de los contratistas privados”, le expresó la legisladora.
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