La psicóloga del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Delegación Río Negro, Roxana Amendolaro, participó del "Congreso Mundial de Salud Mental: Interdisciplina e Inclusión Social como ejes de intervención", organizado por la Federación Mundial de Salud Mental en la ciudad de Buenos Aires.
Este año, el Congreso será organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro de la Word Federation for Mental Health. Esta asociación organiza cada año su congreso argentino e internacional al que concurren cerca de 4 mil expertos internacionales y locales de diversos países y contó con el auspicio institucional del INADI.
Desde la mesa "Medios, Discriminación y Salud Mental", Amendolaro presentó una disertación sobre Derecho a la Información y Salud Mental.
A lo largo de su disertación, la psicóloga del organismo analizó la relación entre los medios de comunicación y las prácticas sociales discriminatorias. “En Argentina, explicó, aún es frecuente que la cobertura periodística de problemas relacionados con desigualdades de clase y diferencias por edad, etnias, identidades de género y orientaciones y prácticas sexuales no normativas, sostenga discursos discriminatorios que ayudan a legitimar ideologías represivas vinculadas con xenofobia, racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia”.
Amendolaro se refirió a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en tanto “reconoce el derecho humano universal a la información, considerada como bien público”. “El derecho a la información y a la comunicación constituyen las vías necesarias para garantizar derechos humanos fundamentales como por ejemplo, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a tomar las propias decisiones, a la participación en la vida política, entre otros”, recalcó la psicóloga refiriéndose luego a la relación entre el derecho a la información y la salud mental.
En este sentido, se refirió a la Ley Nacional de Salud Mental que especifica que rige “el consentimiento informado” para todo tipo de intervenciones.
La misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad enfatiza la necesidad de crear condiciones que ayuden para que la persona pueda obrar con impulsos propios. El artículo 21 de la Convención está referido a garantizar la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información.
Garantizar el derecho a acceder a la información es un punto de partida ineludible para la toma de las propias decisiones.
“Esta década involucró una permanente interpelación al sujeto de derecho, con derechos y responsabilidades. Una permanente invitación a acortar las brechas entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, a buscar argumentos para sostener nuestras posiciones, a militar para construir eso que decimos que queremos y no quedarnos en la crítica sin movimiento. Si eso no es promoción de la salud mental, no sé que otra cosa pueda serlo”, concluyó Amendolaro.
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