El legislador provincial Leandro García, del bloque PJ–Nuevo Encuentro, manifestó su preocupación por el debate en torno a posibles modificaciones a la normativa que regula la extranjerización de tierras en Argentina, al considerar que cualquier flexibilización podría profundizar una problemática que ya afecta a la región andina y, particularmente, a las zonas de frontera.
Durante una entrevista, García remarcó que se trata de un tema especialmente sensible para Río Negro y la Comarca Andina, donde históricamente la adquisición de grandes extensiones de tierras por parte de ciudadanos y empresas extranjeras ha generado fuertes debates sociales, políticos y jurídicos.
El legislador explicó que la legislación vigente establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, fijando un porcentaje máximo de extranjerización. Sin embargo, sostuvo que, según distintos relevamientos y estudios, esos límites no siempre se estarían respetando, especialmente en departamentos de la región cordillerana.
"Es un tema muy sensible, sobre todo en la zona en la que vivimos nosotros, en la zona andina", señaló García, al tiempo que indicó que informes del Observatorio de Tierras muestran que la normativa vigente presenta incumplimientos en distintos distritos.
En ese sentido, sostuvo que el porcentaje máximo permitido para la extranjerización de tierras rurales es del 15%, aunque advirtió que en localidades y departamentos de la región ese porcentaje sería considerablemente superior. Entre los ejemplos mencionó distintos sectores de la cordillera rionegrina, donde aseguró que la presencia de propietarios extranjeros supera ampliamente el promedio nacional.
García también puso el foco en las zonas de frontera, donde la legislación históricamente estableció mayores controles debido al carácter estratégico de esos territorios. Según explicó, una eventual flexibilización de la normativa abriría la puerta para que ciudadanos extranjeros puedan acceder con mayor facilidad a la compra de tierras en áreas consideradas sensibles desde el punto de vista geopolítico y de la soberanía nacional.
Si bien reconoció que actualmente existen adquisiciones de tierras por parte de extranjeros, aclaró que estas operaciones deben cumplir una serie de controles y autorizaciones establecidos por la legislación vigente. Por ello, advirtió que cualquier modificación que reduzca esos mecanismos de supervisión podría generar un incremento en este tipo de operaciones.
Finalmente, el legislador consideró que el debate debe darse con responsabilidad y con una mirada estratégica sobre el futuro del territorio argentino, especialmente en la Patagonia, donde la concentración de tierras y la presencia de capitales extranjeros constituyen desde hace años un tema de permanente discusión política y social. Según sostuvo, la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales y las tierras de frontera debe seguir siendo una prioridad dentro de la agenda legislativa.

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