La Justicia de Río Negro ordenó la apertura de una investigación penal y la inmediata detención de un hombre acusado de una serie de hechos ocurridos en el sector doña Rosa en costa del rio Azul, en el marco de una causa que incluye presunto maltrato animal, amenazas agravadas con arma de fuego, daños y tenencia ilegal de un arma.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 26 de julio, luego de que un vecino informara que uno de sus caballos había recibido un disparo de arma de fuego, sufriendo una grave lesión que le impedía desplazarse con normalidad. En la misma presentación también se denunció que días antes otro equino del mismo propietario habría muerto tras recibir un disparo.
De acuerdo con la resolución judicial, posteriormente se produjo un enfrentamiento entre el denunciante y el sospechoso, ocasión en la que este último habría reconocido haber efectuado los disparos contra los animales. Durante ese episodio también se habría registrado una agresión física y amenazas de muerte mediante la exhibición de un arma de fuego por parte de otra persona cuya identidad aún no fue establecida.
Como parte de la investigación, el 28 de julio se concretó un allanamiento en un establecimiento rural de la zona, donde personal policial secuestró una escopeta que, según la causa, se encontraba en condiciones de funcionamiento. La documentación judicial sostiene que el arma era poseída sin la correspondiente autorización legal, circunstancia que dio origen a un nuevo delito incorporado al expediente.
La Fiscalía dispuso la apertura formal de la investigación preparatoria y ordenó la inmediata detención del principal imputado, al considerar que existen elementos suficientes para sostener su probable participación en los hechos y que su libertad podría entorpecer el avance de la causa, especialmente por la necesidad de identificar a un segundo involucrado y resguardar a la víctima.
Además, se ordenó la realización de diversas medidas probatorias, entre ellas una pericia veterinaria sobre el caballo herido para determinar el alcance de las lesiones y, en caso de ser posible, extraer el proyectil para un posterior análisis balístico. También fueron solicitadas pericias sobre el arma secuestrada, informes al organismo nacional competente para verificar la situación legal de su tenencia y la toma de declaraciones testimoniales a personas que participaron de las primeras actuaciones.
La causa continúa en etapa investigativa y las medidas dispuestas buscan reunir mayores elementos de prueba para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Fuente:Ministerio Público Fiscal de Río Negro.
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