El legislador provincial del PJ, Leandro García, cuestionó con dureza la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no dar lugar a la presentación realizada por un grupo de excombatientes de Malvinas contra las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional sobre el régimen de tierras. Según planteó, la resolución deja nuevamente en el centro de la discusión los límites para la adquisición de territorio argentino por parte de extranjeros.
García sostuvo que la decisión judicial termina favoreciendo a los sectores económicos concentrados y a intereses extranjeros. En ese sentido, recordó que una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno del presidente Javier Milei fue el DNU 70/2023, que incluyó la derogación de la Ley de Tierras Rurales y, con ella, las restricciones establecidas para la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras.
“Efectivamente, la Corte Suprema funciona como un representante de los intereses más concentrados de la Argentina y de los intereses extranjeros que obviamente están detrás de esto hace mucho tiempo”, afirmó el legislador al analizar la resolución.
García recordó que la aplicación de esa modificación había sido frenada judicialmente a partir de una presentación impulsada por excombatientes de Malvinas. Para el legislador, aquella decisión permitió mantener vigente, al menos temporalmente, un límite que consideró fundamental para resguardar el territorio nacional.
También señaló que posteriormente el Gobierno nacional intentó avanzar nuevamente sobre esta cuestión a través de otras iniciativas legislativas. Según explicó, la movilización de distintos sectores sociales, las asambleas, audiencias y manifestaciones desarrolladas en diferentes puntos del país fueron determinantes para impedir que prosperaran cambios que, a su entender, profundizaban la extranjerización.
“Hubo una cantidad de asambleas, audiencias y reclamos que se manifestaron en contra de que le quiten el límite a la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros”, remarcó García.
A partir de la decisión de la Corte Suprema, el legislador consideró que se genera un escenario particularmente preocupante, especialmente en provincias como Río Negro, donde el acceso y la tenencia de la tierra constituyen problemáticas históricas para numerosas familias.
“Mientras cientos de familias argentinas, en este caso de Río Negro, viven hace muchos años en esta tierra y no tienen la posibilidad de acceder plenamente a los derechos sobre la tierra”, cuestionó, contraponiendo esa realidad con la posibilidad de que capitales extranjeros puedan ampliar su participación sobre grandes extensiones del territorio.
García calificó la situación como “un escándalo” y sostuvo que la controversia excede la discusión sobre una norma particular, ya que involucra cuestiones vinculadas con la soberanía nacional y con el funcionamiento de las instituciones. En ese marco, reclamó avanzar en una “democratización de la Justicia”.
Respecto de los pasos que podrían seguirse desde el ámbito político, García consideró que el Congreso Nacional vuelve a ocupar un lugar central. Señaló que una alternativa es avanzar en la Cámara de Diputados con el rechazo del DNU 70/2023, teniendo en cuenta que el Senado ya se había pronunciado contra ese decreto.
El legislador sostuvo que el escenario político actual podría ser diferente al existente cuando se debatió inicialmente la medida y consideró que algunos diputados nacionales que acompañaron al Gobierno podrían revisar su posición.
“Creo que muchos diputados que al principio confiaron en Milei, creyeron que iba a hacer las cosas bien y lo acompañaron en el DNU pueden revisar esa posición”, expresó. Para García, la posibilidad de reunir los votos necesarios en Diputados constituye actualmente una de las principales herramientas institucionales para intentar revertir la situación.
Al ser consultado sobre si la decisión relacionada con las tierras podría generar nuevamente movilizaciones en las calles, el legislador reconoció que la situación económica condiciona fuertemente la capacidad de organización de numerosos sectores de la sociedad.
“El pueblo está complicado”, afirmó, y mencionó las dificultades para llegar a fin de mes, el endeudamiento de las familias y el incremento de las tarifas de los servicios públicos como algunos de los problemas que actualmente atraviesan los hogares.
Sin embargo, García sostuvo que existen antecedentes recientes que demuestran la capacidad de movilización social frente a determinados temas y mencionó las manifestaciones en defensa de la universidad pública, el Hospital Garrahan y los jubilados.
En ese contexto, consideró que la discusión sobre la propiedad de la tierra puede volver a convertirse en un punto de encuentro para distintos sectores. “Somos conscientes de la necesidad de defender las tierras argentinas y hemos demostrado muchas veces que cuando el Gobierno quiere entregar la soberanía, el pueblo reacciona”, afirmó.
Para García, el debate que vuelve a abrirse no se limita únicamente a determinar quién puede comprar determinadas extensiones rurales. A su entender, detrás de la discusión se encuentra el modelo de desarrollo del país, el acceso de las familias argentinas a la tierra y la preservación de recursos y territorios considerados estratégicos.
Por ese motivo, insistió en que la respuesta deberá darse tanto desde el Congreso como desde la participación ciudadana, con el objetivo de recuperar límites a la extranjerización y mantener la discusión sobre la tierra vinculada directamente con la soberanía nacional.
