El DPA sancionó con más de 3,3 millones de pesos a la concesionaria portuaria tras constatar el volcado no autorizado de material de relleno sobre la costa del golfo San Matías.
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) sancionó a Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A. con una multa de $3.342.392,04 por haber volcado material de relleno sobre la franja costera del golfo San Matías sin ningún permiso. La empresa atribuyó la intervención a un problema de erosión causado por el agua de lluvia, pero dijo que ya empezó a retirar el material y anticipó una obra para ordenar los desagües. El organismo le advirtió que esa obra no podrá hacerse sin su aprobación previa.
La empresa que opera el puerto de San Antonio Este desde 1998 fue sancionada por el Departamento Provincial de Aguas por avanzar con un relleno sobre la costa del Mar Argentino, en un sector que la normativa provincial reserva al dominio público. La decisión quedó plasmada en la Resolución Nº 824, firmada en Viedma el 18 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial del 28 de septiembre, y le impone a Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A. una multa de $3.342.392,04.
Un relleno que pasó la línea que no se puede pasar
Todo empezó con una inspección realizada el 8 de septiembre. Ese día, técnicos del DPA recorrieron el predio donde desarrolla sus actividades la concesionaria, junto con personal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Secretaría de Energía y el Ente Regulador del Puerto de San Antonio Oeste. En el Acta de Inspección Nº 1480/C dejaron constancia de que en el lugar se estaban ejecutando "tareas de acondicionamiento, nivelación y relleno" tanto en la parcela como en el sector lindero a la línea de ribera marítima.
El problema no era el movimiento de suelo en sí, sino hasta dónde llegaba. Según el acta, el material volcado "se extendía por debajo de la línea de ribera del Mar Argentino", y la empresa no contaba con "autorización, permiso o intervención previa" del organismo. El informe complementario, que se sumó al expediente con registros fotográficos, documentó las condiciones del sector al momento de la inspección.
La línea de ribera es la frontera legal entre lo público y lo privado sobre la costa. En Río Negro fue fijada por la Resolución Nº 199/18 para todo el litoral entre El Faro y el paralelo 42º, el límite con Chubut, y esa misma norma es taxativa: por debajo de esa línea "no se admitirá ningún tipo de construcción de instalaciones fijas que impida o altere el libre movimiento de las aguas".
Por eso el DPA encuadró el caso en dos infracciones previstas en la reglamentación del Código de Aguas (Decreto Nº 1923/1996): hacer un uso privativo de bienes del dominio hídrico provincial sin la concesión, autorización o permiso correspondiente, y "obstruir el cauce, lecho, playas y riberas con obstáculos". Es decir, lo que se sanciona es haber ocupado y alterado con material de relleno una franja costera que es de dominio público, sin pasar por el organismo que la administra.
La versión de la empresa
En el expediente se presentó Cristian O. López, quien dijo actuar como apoderado de Patagonia Norte, aunque el DPA dejó asentado que esa representación "no se encuentra debidamente acreditada" en las actuaciones.
Su explicación apunta a un problema previo. Según López, en el sector intervenido existía un cañadón formado por el escurrimiento de aguas pluviales que bajaban concentradas hacia la costa, sin un control adecuado de su salida, y que con el tiempo habían erosionado y deformado el terreno. El relleno, sostuvo, tuvo como objetivo cubrir esa depresión y recuperar la forma del sector, como paso previo a ordenar la conducción y la descarga del agua de lluvia.
En el mismo escrito pidió que, al momento de fijar la sanción, el organismo tuviera en cuenta "el carácter puntual de la intervención", la finalidad que la empresa le atribuye, el cese de los trabajos y las tareas de restitución ya iniciadas.
El plan de remediación
La empresa informó que a partir del 9 de septiembre —un día después de la inspección— comenzaría a retirar el material volcado y que los trabajos continuarían hasta sacar la totalidad del relleno y recuperar el perfil natural del área. Para esa restitución, indicó, se tendrán en cuenta las características propias del lugar: un ambiente de médanos, de suelo mayormente arenoso y relieve irregular.
Además, se comprometió a no realizar nuevos aportes de material en el sector y a documentar las tareas de remoción y restitución.
Para el problema de fondo, la compañía anticipó una "solución definitiva": un sistema de captación, conducción y descarga controlada de las aguas pluviales que provienen de las playas de acopio, con medidas de disipación de energía y protección contra la erosión.
Ahí el DPA marcó un límite. La Intendencia General de los Recursos Hídricos advirtió que cualquier obra de ese tipo deberá ser informada previamente al organismo y acompañada de la documentación técnica que permita evaluar sus características, dimensiones, ubicación y condiciones de descarga, teniendo en cuenta que el agua terminaría en el Mar Argentino, un ámbito que está bajo su competencia. En otras palabras: la empresa no podrá resolver el problema de los desagües por su cuenta, como hizo con el relleno.
La sanción
Con esos antecedentes, y a sugerencia de la Intendencia General de los Recursos Hídricos, el intendente general a cargo de la Superintendencia General de Aguas, Alejandro P. Villegas, resolvió aplicar a Patagonia Norte una multa de $3.342.392,04.
La empresa tiene un plazo "perentorio e improrrogable" de diez días para pagarla. Si no lo hace, la resolución encomienda a la Fiscalía de Estado iniciar un juicio de apremio para cobrarla.
La sanción alcanza a una firma con una larga presencia en la costa rionegrina: Patagonia Norte tiene la concesión integral del puerto de San Antonio Este desde enero de 1998, por un plazo de 30 años que vence en enero de 2028, y en los últimos meses el puerto sumó al movimiento frutícola la descarga de cargas vinculadas a los proyectos energéticos del golfo San Matías.
