El gremio docente UnTER y referentes de la CTA expresaron su rechazo al proyecto impulsado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, que busca permitir que los empleados públicos provinciales puedan optar por permanecer afiliados al IPROSS o elegir otra obra social o empresa de medicina prepaga. En ese contexto, anunciaron un paro para los días jueves 24 y viernes 25 de septiembre, acompañado por una movilización a Viedma frente a la Legislatura provincial.
Aníbal Fernández, titular de UnTER, sostuvo que desde el gremio se oponen a la iniciativa por distintos motivos, entre ellos la rapidez con la que fue presentada y el escaso tiempo previsto para su tratamiento legislativo. Señaló que, si bien reconocen que el IPROSS atraviesa desde hace años problemas de funcionamiento y que ha sido motivo de reiterados reclamos, consideran que esos inconvenientes no significan que deba modificarse el carácter solidario del sistema.
Fernández remarcó que desde hace tiempo los trabajadores reclaman una mayor participación y control sobre la administración de los recursos de la obra social provincial, particularmente sobre la forma en la que se asignan los fondos y se toman decisiones. Según planteó, la solución a las dificultades actuales no pasa por habilitar simplemente que cada afiliado abandone el IPROSS para contratar otra cobertura.
Desde el sector gremial sostienen que el IPROSS fue concebido bajo una lógica solidaria, en la que los aportes de todos los trabajadores permiten garantizar la atención de la salud tanto de los empleados activos como de los pasivos de la provincia. En ese sentido, Fernández advirtió sobre las consecuencias que podría generar una migración hacia sistemas privados y recordó experiencias anteriores de apertura hacia modelos de libre elección.
El dirigente también cuestionó el argumento oficial de que la competencia con otras obras sociales o prepagas podría obligar al IPROSS a mejorar sus prestaciones. Consideró que esa mirada simplifica una problemática mucho más profunda y aseguró que el objetivo debería ser fortalecer la obra social provincial, transparentar su funcionamiento y garantizar una mayor intervención de los propios trabajadores en su administración.
Fernández también puso el foco en las coberturas que brindan las empresas privadas de medicina prepaga y sostuvo que, si bien pueden ofrecer respuestas rápidas para determinadas consultas, las mayores dificultades aparecen ante enfermedades graves, tratamientos prolongados, atención oncológica o situaciones vinculadas con discapacidad. En ese marco, insistió en la necesidad de preservar un sistema solidario y evitar que cada familia quede librada a resolver individualmente su cobertura sanitaria.
Otro de los cuestionamientos planteados desde los gremios tiene que ver con la falta de información sobre las cuentas del IPROSS. Fernández aseguró que actualmente los trabajadores no conocen con claridad cuánto recauda la obra social ni cómo se distribuyen esos recursos, por lo que reclamó que se den a conocer los números y se fortalezca la representación de los afiliados dentro de una institución que tiene carácter autárquico.
Por su parte, Lisandro Ciavaglia, de la CTA, explicó que el proyecto establecería que, en caso de que un afiliado decida abandonar el IPROSS, solamente podría trasladar hacia la nueva cobertura el aporte personal del 4% que realiza el trabajador, mientras que el 7% correspondiente al aporte del Estado provincial no acompañaría ese traspaso.
Desde la CTA señalaron que esa diferencia económica limitaría fuertemente la posibilidad real de elegir otra cobertura. Ciavaglia sostuvo que para numerosos trabajadores el aporte individual podría representar alrededor de 350 mil o 360 mil pesos, mientras que una prepaga para una persona joven y sin enfermedades preexistentes podría comenzar, según afirmó, por encima de los 350 mil o 400 mil pesos.
A partir de estas consideraciones, los referentes gremiales cuestionaron que el proyecto pueda presentarse como una ampliación de la libertad de elección de los trabajadores. Por el contrario, entienden que en muchos casos la diferencia entre el aporte disponible y el costo de una cobertura privada haría muy difícil concretar el cambio.
Fernández indicó además que entre el anuncio realizado por el gobernador y el tratamiento previsto en la Legislatura transcurrieron aproximadamente diez días y cuestionó que una modificación de estas características pueda avanzar en un plazo tan breve y en una única instancia legislativa.
Ante este escenario, UnTER confirmó un paro de 48 horas para el jueves 24 y viernes 25 de septiembre, con una movilización hacia Viedma para concentrarse frente a la Legislatura. El objetivo, según explicaron, será intentar frenar la aprobación del proyecto y expresar públicamente el rechazo de los trabajadores.
Los dirigentes adelantaron que, si la iniciativa finalmente es aprobada, continuarán con una campaña destinada a informar a los afiliados y promover que permanezcan dentro del IPROSS, al mismo tiempo que exigirán mejoras en las prestaciones, mayor transparencia en el manejo de los recursos y una participación más amplia de los trabajadores en las decisiones de la obra social provincial.
