Un trabajador rural residente en El Hoyo, acusado de múltiples hechos de abuso sexual contra su propia hija cuando era menor de edad, permanece prófugo luego de no presentarse al juicio por jurados que debía comenzar esta semana en Lago Puelo. La Justicia del Chubut lo declaró en rebeldía y ordenó su captura, mientras se desplegó una búsqueda que incluye la intervención de distintas fuerzas y comunicaciones con Migraciones y pasos fronterizos.
El episodio tiene una particularidad que agravó su situación procesal: apenas unas horas antes de desaparecer, el acusado había concurrido normalmente a la audiencia de selección y conformación del jurado popular. Estaba previsto que al día siguiente comenzara el debate oral y público, pero el hombre no se presentó. Su defensa logró comunicarse con su esposa, quien informó que había abandonado el domicilio durante la madrugada llevando una mochila.
Frente a esa situación, el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer solicitó que fuera declarado en rebeldía y que se librara una orden de captura. Desde entonces se intenta establecer su paradero y concretar su detención. También se notificó a organismos nacionales y pasos fronterizos ante la posibilidad de que intente desplazarse fuera de la región o abandonar el país.
La declaración de rebeldía no significa que el hombre haya sido declarado culpable de los abusos que se le atribuyen. La responsabilidad penal deberá resolverse en el juicio y continúa vigente el principio de inocencia. En el sistema de juicio por jurados de Chubut, son doce ciudadanos quienes deben resolver sobre la culpabilidad a partir exclusivamente de la prueba producida durante el debate, bajo la dirección de un juez profesional. Para alcanzar un veredicto de culpabilidad, la acusación debe ser probada más allá de toda duda razonable.
Lo que sí cambia con la fuga es la situación procesal del acusado. El juicio no puede simplemente desarrollarse en su ausencia como si nada hubiera ocurrido. El objetivo inmediato de la Fiscalía es detenerlo y ponerlo nuevamente a disposición de la Justicia. Díaz Mayer anticipó que, una vez concretada la captura, solicitará la prisión preventiva para garantizar su presencia durante el proceso.
La acusación que deberá enfrentar es de extrema gravedad. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la causa comprende varios hechos que habrían ocurrido cuando su hija tenía entre 10 y 14 años. La denuncia fue formulada posteriormente por la joven y durante la investigación se reunieron testimonios y otros elementos que, según la Fiscalía, respaldaron el avance de la causa hasta la instancia de juicio. La víctima estaba prevista entre las personas que declararían durante el debate.
El Código Penal argentino establece distintas escalas de pena para los delitos contra la integridad sexual según las características de cada hecho. El artículo 119 contempla, entre otros supuestos, los abusos cometidos contra menores de 13 años y eleva considerablemente las penas cuando existen circunstancias agravantes. Para determinadas modalidades graves de abuso, cuando el autor es ascendiente de la víctima como ocurre en una relación padre-hija, la escala puede alcanzar entre 8 y 20 años de prisión por el hecho agravado, dependiendo de la calificación jurídica y de las circunstancias que finalmente se tengan por acreditadas.
En este caso, además, no se investiga un único episodio. Según informó la Fiscalía, se atribuyen múltiples hechos que concurrirían de manera real. Esa circunstancia es relevante al momento de determinar una eventual pena, porque cuando existen delitos independientes las escalas deben analizarse conforme a las reglas de concurso previstas por el Código Penal. Por esa razón, Díaz Mayer anticipó que la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal se ubica entre los 20 y los 25 años de prisión. Esa cifra constituye el pedido que proyecta realizar la acusación y no una pena ya establecida.
La causa también pone nuevamente en primer plano una problemática que tiene fuerte presencia en el trabajo judicial de la Comarca Andina. El propio Díaz Mayer indicó recientemente que la Fiscalía mantiene alrededor de 550 legajos activos y que entre 300 y 350 corresponden a investigaciones vinculadas con delitos contra la integridad sexual y violencia de género, señalando además que una parte importante de estas situaciones se produce dentro del ámbito familiar.
Existen antecedentes recientes en la Circunscripción Judicial de Lago Puelo vinculados con delitos sexuales contra menores. El 25 de septiembre, por ejemplo, la Fiscalía informó la condena a diez años de prisión de un hombre por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra su hija. En ese expediente se alcanzó un acuerdo de juicio abreviado, el acusado reconoció su responsabilidad y la sentencia fue homologada judicialmente. Un día antes, el Ministerio Público Fiscal había informado otro veredicto condenatorio por abuso sexual simple contra una niña, donde la declaración de la víctima en Cámara Gesell fue considerada una prueba fundamental. Se trata de expedientes distintos y sin vinculación con el hombre actualmente prófugo, pero permiten dimensionar el tratamiento judicial de este tipo de delitos en la jurisdicción.
El juicio por jurados que debía comenzar esta semana quedó impedido por la ausencia del acusado. En Chubut, este sistema establece que un jurado popular integrado por doce personas escucha la prueba presentada durante las audiencias y determina si la acusación logró demostrar o no la culpabilidad más allá de toda duda razonable. El juez profesional dirige el debate y garantiza el cumplimiento de las reglas procesales.
Ahora todas las medidas están concentradas en localizar al hombre. Una vez detenido y puesto nuevamente a disposición judicial, la Fiscalía adelantó que buscará que permanezca privado de su libertad mientras se reorganiza el juicio por jurados.
Hasta que ese debate se realice y exista un veredicto, el hombre continúa jurídicamente en condición de acusado y mantiene la presunción de inocencia respecto de los delitos sexuales imputados. Sin embargo, su ausencia ante un juicio para el cual ya se había constituido el jurado derivó en una declaración de rebeldía y una orden de captura que mantiene activada su búsqueda.
La causa que debía comenzar a definir esta semana una acusación por hechos presuntamente cometidos durante años dentro del ámbito familiar quedó así atravesada por un nuevo capítulo: encontrar al acusado y llevarlo nuevamente ante la Justicia para que finalmente pueda desarrollarse el juicio.
