Una disputa por el uso de una vivienda prestada, un galpón utilizado como taller de carpintería y un portón que quedaba abierto terminó en la Justicia de Paz de El Bolsón. Dos parejas que compartían un mismo predio pasaron de mantener una relación cordial a intercambiar mensajes cada vez más tensos. El conflicto llegó a tal punto que un juez ordenó la devolución de la casa en un plazo de 45 días y estableció reglas estrictas de convivencia hasta que se concrete la mudanza.
En un contexto de conflicto de convivencia, la mujer, en representación de su pareja, acudió al Poder Judicial por los problemas que mantenían con otra pareja a la que habían cedido una vivienda mediante un contrato de comodato, es decir, un préstamo de uso gratuito. Ambas casas estaban ubicadas dentro de una misma propiedad.
Según la presentación, los ocupantes utilizaban sectores que no estaban incluidos en el acuerdo, entre ellos un galpón donde uno de ellos realizaba trabajos de carpintería. También cuestionó que dejaran abierto el portón de acceso, lo que permitía el ingreso de perros ajenos al predio, y denunció el deterioro de la vivienda, con goteras, pérdidas y otros desperfectos. La situación derivó en un intercambio de cartas documento. Los propietarios comunicaron su decisión de rescindir el contrato y solicitaron la devolución del inmueble.
La pareja que habitaba la casa ofreció otra versión durante una audiencia judicial. Sostuvo que la relación había sido cordial hasta que la propietaria cambió de actitud y comenzó a exigirles que devolvieran la vivienda. La mujer que ocupaba el inmueble manifestó que no aceptaba la rescisión del contrato. Explicó que no contaba con recursos económicos suficientes para afrontar un alquiler y que la búsqueda de otra vivienda resultaba especialmente difícil porque tenían mascotas.
El juez de Paz analizó el contrato y advirtió que una de sus cláusulas permitía a los propietarios poner fin al préstamo antes de su vencimiento mediante una notificación fehaciente. Sin embargo, el documento no establecía con claridad cuánto tiempo tenían los ocupantes para devolver la casa.
Esa imprecisión llevó al magistrado a intentar un acuerdo entre las partes. Se realizaron audiencias para buscar una fecha de restitución y establecer pautas de convivencia, pero las posiciones se mantuvieron enfrentadas. Uno de los elementos que más preocupó al juez fue el tono que había adquirido la relación. En el expediente se incorporaron conversaciones de WhatsApp que mostraban cómo había cambiado el vínculo en pocas semanas.
Para el magistrado, ese cambio reflejaba un conflicto en aumento, con riesgo de que se produjeran enfrentamientos más graves. Consideró necesario adoptar una solución que pusiera fin a la disputa y, al mismo tiempo, evitara nuevos incidentes durante el tiempo que llevara concretar la mudanza.
La sentencia reconoció el derecho de los propietarios a rescindir unilateralmente el contrato, pero también contempló la situación de la pareja que debía abandonar la vivienda. El juez señaló que, aunque se trataba de un préstamo gratuito, resultaba razonable concederles un plazo para conseguir otro lugar donde vivir.
Por eso fijó 45 días corridos desde la notificación de la resolución para que restituyeran la casa, libre de ocupantes y en las condiciones acordadas. Tomó como referencia el plazo que los propios propietarios habían mencionado en una carta documento, aunque descartó utilizar la fecha de esa comunicación porque contenía errores formales y referencias equivocadas al contrato.
El juez dispuso, además, que cada pareja utilice exclusivamente el portón correspondiente a su vivienda y que quienes deben mudarse mantengan cerrado el suyo. También prohibió cualquier daño a las construcciones, cercos o accesos y ordenó preservar las condiciones de habitabilidad de la casa prestada.
Las obligaciones alcanzan a los familiares y demás personas vinculadas con ambas partes. Las restricciones permanecerán vigentes hasta que venza el plazo de 45 días fijado para la devolución del inmueble. La resolución estableció así una fecha concreta para terminar el préstamo de la vivienda y medidas destinadas a evitar nuevos enfrentamientos entre las dos parejas antes de la mudanza. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.
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