Consideraron que en los hechos esto implica que los casi 400 productores que aportaron al Programa y al Fondo Mixto Compensador de Daños por Granizo que ese Programa conformaba, quedan sin la cobertura que la ley les garantizaba. “Más aún, en una situación de desamparo insostenible donde, además de no asistirlos mediante los mecanismos legales vigentes por las emergencias agropecuarias, ni siquiera pueden recurrir al cobro del seguro para el que han aportado sus propios recursos”, indicaron los legisladores de la oposición.
Recordaron que el 21 de enero pasado se abatió sobre el Alto Valle de Río Negro y Neuquén con epicentro en Mainqué, Cervantes, Ingeniero Huergo y parte de la zona productiva de General Roca una tormenta de granizo de características extraordinarias, por intensidad, tamaño de la piedra caída y, fundamentalmente, la extensión del área afectada. Con un agravante adicional, ser al menos la tercera tormenta de esas características en la presente temporada, ya que se suma a la del 17 de noviembre del año pasado y a la del 7 de enero del corriente.
Las áreas productivas alcanzadas por este fenómeno natural abarcan cultivos de peras, manzanas, frutas de carozo y vid entre otros, con daños no sólo sobre la fruta misma sino aún sobre la estructura de las plantas por lo que las consecuencias económicas del fenómeno se extenderán más allá de este ciclo productivo. Además, ha tenido una incidencia importante en cultivos hortícolas estivales de amplia difusión en nuestra región.
Sólo en Mainqué y Cervantes la superficie abarcada por el meteoro alcanzó las 4 mil hectáreas que, sumadas a otras áreas productivas afectadas, llevan la superficie total alcanzada a más de 6 mil hectáreas con daños a la producción estimados en más de 100 millones de kilos y con pérdidas individuales a nivel de productor que, en la mayoría de los casos, rondan el 80 al 100% del total de la cosecha.
Por la magnitud del daño producido, el bloque de legisladores Alianza Concertación para el Desarrollo presentó los proyectos de comunicación Nº 21 y 22/2012, por los cuales se solicitó al Poder Ejecutivo Provincial que declare la emergencia agropecuaria por el fenómeno, unido a la toma de otra serie de medidas paliativas para con los productores afectados, y al Poder Ejecutivo Nacional que homologara dicha emergencia y ampliara los alcances de la asistencia requerida imperiosamente por el sector.
Por último, Mendioroz y Ballester enfatizaron que ”atento a la importancia de la situación planteada y la indefensión en que se ha dejado a pequeños y medianos productores afectados por este fenómeno climático, impulsamos dejar sin efecto una suspensión que defrauda sin más a aquellos productores previsores que habían adherido a un régimen de compensación o seguro antigranizo y que llamativamente hoy el gobierno provincial sostiene sin más la suspensión de sus efectos”.
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