La Legisladora Susana Dieguez, junto el Legislador Alejandro Humberto Marinao y la Legisladora Ana Ida Piccinini, presentaron en la Legislatura de Río Negro el proyecto de Ley para establecer el 3 de abril como “Día Provincial de la lucha contra la trata de personas”, incorporándolo además al calendario escolar como “Jornada de reflexión, análisis, sensibilización y acercamiento temprano a la Lucha Contra la Trata de Personas” en todos los niveles educativos e invitando a las Universidades Nacionales con sede en la Provincia a adherir a la iniciativa.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional definió a la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Este tipo de delito no es ajeno a nuestra sociedad, por lo que se hace imperioso hacer conocer las conductas y los métodos de reclutamiento de las organizaciones dedicadas a este negocio ilícito, para que nuestros jóvenes y niños no sean una víctima más que engrose sus listas.
“El 3 de Abril de 2002, en la Provincia de Tucumán, desaparece María de los Ángeles Verón de 23 años de edad, presumiéndose que habría sido secuestrada por una red de trata de personas. A partir de ese momento, el nombre de la joven comenzó a tener un gran valor simbólico para este tipo de delito, gracias a que su madre, Susana Trimarco, emprendió una lucha incansable e interminable y, como consecuencia de su valentía, puso en la agenda de las políticas públicas el tratamiento de este tipo de crimen, del cual son víctimas cientos de mujeres y niños de nuestro país, razón por la cual es necesario generar los mecanismos que tiendan a salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos, promoviendo, previniendo y promocionando los derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes; en el convencimiento que toda garantía de derechos comienza con la difusión y apropiación de los mismos”, sostuvieron los legisladores .
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