Policía de Chile confirmo que Salazar Oporto tiene 13 causas en ese país

La Corte de Apelaciones de Santiago (Chile), que tramita el amparo interpuesto para proteger "la vida y la integridad física" de los dos prófugos por el crimen del policía neuquino José Aigo, recibió un informe de la Policía de Investigaciones de ese país en el que constan 13 causas penales que pesan sobre Jorge Antonio Salazar Oporto, sindicado como el presunto autor de los disparos que mataron al suboficial el pasado 7 de marzo en la Ruta 23, en el paraje Pilo Lil. Diez de esas causas son por "maltrato de obra a carabineros", delito asimilable con el de "atentado y resistencia a la autoridad" que existe en la ley penal de Argentina, lo que revela su persistente inclinación a enfrentarse con uniformados, compatible con su actividad gerrillera como miembro del MIR -Ejército Guerrillero de los Pobres.

El informe que lleva la firma del Prefecto Inspector Guillermo Alarcón Cabezas, precisó a la Corte de Santiago que el otro prófugo, Alexis Cortés Torres, cuya hermana interpuso el amparo ante la justicia del vecino país, "no registra antecedentes de detención, orden de aprehensión, arraigos (prohibición de salida del país) ni arresto vigente en su contra (por pena en suspenso, evasión o prisión preventiva)".

En cambio, desde la Región Metropolitana de Santiago, la Policía indicó que Salazar Oporto tiene 13 causas en trámite en Chile en las que registra "órdenes de aprehensión vigentes". Las imputaciones son por:

• Infracción a la Ley de control de armas, del 10 de mayo de 1999, emanada de la Fiscalía Militar de Talca.

• Infracción al Código de Justicia Militar, del 15 de noviembre de 1999, investigada por la 1º Fiscalía Militar de Concepción.

• Otra causa no especificada, con orden de aprehensión emanada de la Fiscalía San Fernando, de fecha 12 de enero de 2000.

• Diez causas por "maltrato de obra a carabineros" por hechos ocurridos entre 1998 y 2000, que son investigados por las fiscalías militares de Copiapó, Talca, Arica, Ñuble, Antofagasta y Calama.

La distribución geográfica de esos delitos que se le imputan abarca todo el centro y norte de Chile, desde la Primera hasta la Octava Región. (ver mapa)

Si bien desde el gobierno neuquino el titular del Ejecutivo, Jorge Sapag, ratificó ayer que la justicia argentina ya "ha dado curso" a una orden de captura internacional (ver recuadro), la ONG Codepu, que patrocina a la hermana de Cortés Torres en el amparo, aseguró en su presentación judicial que cualquier movilización de fuerzas de seguridad con miras a detener a los prófugos en territorio chileno sería "ilegal y arbitraria" puesto que "sin un proceso de extradición pendiente ante la Excma. Corte Suprema, se pretende capturar a dos ciudadanos chilenos y entregarlos a las autoridades trasandinas (argentinas), lo que significa una completa negación del principio de inocencia, del derecho a un debido proceso y del derecho a defensa". (Redacción central)