La legisladora Cristina Uría ACpD, destacó la importancia que el
Gobierno Provincial continúe con las acciones destinadas al tratamiento y la
reinserción social de las personas con problemas de adicciones, como una
verdadera política de Estado, “tal cual no los propusimos años atrás durante
nuestra gestión”.
“Es muy bueno que este tipo de políticas para la atención de
situaciones sociales complejas tengan continuidad en el tiempo independientemente
del Gobierno de turno. No se trata de aplicar proyectos enlatados, sino
programas que tengan que ver con la realidad de los problemas de nuestra
sociedad”, sostuvo.
Recordó en tal sentido que días atrás el gobernador Alberto
Weretilneck destacó el rol del sistema de Salud Mental en la Provincia
vinculado con el tratamiento de las adicciones por ser un verdadero problema en
cada uno de los lugares de Río Negro.
No obstante, Uría manifestó su preocupación porque “mientras que
por un lado se habla de la continuidad de las políticas en salud mental, por
otro lado trasciende la situación de incertidumbre entre profesionales y
operadores del Centro de Integración Sociocomunitaria (CIS) de Viedma por la
falta de precisiones respecto de la continuidad del trabajo que realizan en el
edificio que ocupan en la Capital Provincial”.
“Estimo que la erogación (unos 2200 pesos mensuales) por el
alquiler del edificio donde funciona este centro desde el año 2011 no es tan
significativa como para poner en duda por esta causa la continuidad del trabajo
del CIS, sobre todo por tratarse de un lugar que ya hga sido tomado como
referencia a la hora de buscar ayuda por las personas con problemas de
adicciones”, añadió.
La legisladora manifestó además que “los operadores y profesionales
tienen que estar ocupados y preocupados por las problemáticas de los usuarios,
y no tener que estar pensando en qué va a pasar con el lugar donde trabajan.
Estoy convencida que el trabajo de este CIS, que atiende permanentemente a más
de 150 personas al año, es justificativo suficiente como para que las
autoridades aseguren su funcionamiento”.
En tal sentido, Uría recordó que “este Centro de Integración
Sociocomunitaria (CIS), junto al de San Carlos de Bariloche (ambos con un
funcionamiento proyectado en el período 2011-2015 en principio) están enmarcado
en el Plan Provincial Interinsitucional de Prevención, Atención, y
Rehabilitación de personas con adiciones puesto en marcha años atrás en nuestra
gestión atendiendo las leyes nacionales y provinciales, el Plan Nacional de
Protección de derechos de niños, niñas y Adolescentes, convenciones
internacionales, entre otros.
Añadió que “las adicciones y abuso de sustancias afectan a toda la
sociedad, y son desencadenantes de violencia y delito. Por ello es necesario
que todos se involucren todos los sectores para trabajar sobre esta
problemática que no es privativa de los más pobres, sino de oda la sociedad en
su conjunto. Por ello es necesaria la continuidad de las políticas de Estado en
la materia, una decisión que parece compartir el actual Gobierno”.
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