La ofensiva que observamos a nivel nacional del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial parece que se replica en nuestra provincia con las acciones y declaraciones del oficialismo provincial. Parece ser que el afán por tener un Poder Judicial adicto al Gobierno de turno es un estigma que aparece constantemente rememorándonos a la tan nombrada década de los ‘90 en la que el ex presidente Menem modificó la estructura judicial con el propósito de generar un esquema de impunidad.
En Río Negro no son pocos los ejemplos por parte del
Ejecutivo de intromisión en ámbitos judiciales en los cuales debería mantenerse
al margen y respetar el principio de división de poderes. Las declaraciones
vertidas por el actual Gobernador en víspera del asesinato del ex gobernador
Carlos Soria en el que manifestaba fehacientemente que se trataba de un
“accidente doméstico” demostrando un claro desprecio por los plazos judiciales;
la “reunión” mantenida con el Juez que lleva adelante la investigación del caso
Solano con el objetivo de notificarse del estado del expediente; las declaraciones
públicas en las que no sólo cuestionan el accionar del Poder Judicial sino que
también intimidan con acciones como el juicio político a aquellos que emiten
sentencias que no son de agrado a sus intereses; y por último, el avance con
una posible reforma constitucional con el propósito de “democratizar la
justicia”, son sólo algunos ejemplos que tienen como único objetivo la sola
concentración del poder.
Nuestro partido históricamente ha pregonado por la
consolidación de un sistema democrático y republicano en el cual exista un real
equilibrio de poderes por lo tanto siempre nos encontrarán en la vereda de
aquellos que sostengan un auténtico compromiso con la Justicia respetándola
como un tercer Poder, reconociéndola y acatando sus decisiones. El deber que
nos compete es levantar las banderas del republicanismo y defenderlas frente a
los avances que lleva adelante A.W y su gobierno.
"Hay que volver a la visión democrática de
Montesquieu: balance y debida división de los tres poderes, tal como lo describe
en El espíritu de la ley, de 1750".
Esta vuelta requerida en algo que no ha quedado atrás sino que propone
el desafío de un paso adelante; un paso hacia lo que, entre nosotros, sigue
siendo una cuestión pendiente.
Toda nuestra historia prueba que hemos sido
perseverantes en la proclividad a vivir fuera de la ley. Hoy esa propensión
arcaica gana cuerpo nuevamente en la Argentina. Y si ahora se maquilla para
presentarse como un proyecto innovador, también es cierto que la Justicia ha
demostrado que quienes la representan no están dispuestos a extenderle a la
República un certificado de defunción.
La autonomía que cada uno de los tres poderes debe
tener, la posibilidad de que cada uno de ellos no esté subordinado a los otros,
sigue siendo muy tenue en el proceso democrático argentino. Más aparente que
real, los poderes están situados en el escenario político del país de manera
tal que el presidencialismo, es decir el Poder Ejecutivo, termina subordinando
a los otros dos a las necesidades de su propia autonomía. Ahí hay una patología
institucional que debe ser reparada en el transcurso de los próximos años si
queremos vivir en una república
En una comunidad políticamente organizada impera una
situación en la cual todos los actores conocen de antemano las reglas de juego,
la seguridad jurídica contenida en normas que operan como diques de contención
a los caprichos del "príncipe" y que les ofrecen todas las garantías
necesarias para la realización de sus actividades y para el pleno goce de sus
derechos.
Cuando los
límites ceden y la observancia de las reglas queda sometida a la conveniencia y
a la libre interpretación del ocupante del poder, las instituciones flaquean
con grave riesgo para la continuidad de todo el sistema en su conjunto. He aquí
el dilema a que se ve confrontada cada vez de manera más dramática la
democracia argentina en el camino hacia una consolidación que no termina de
concretarse. ¿Es posible conservar el Estado de Derecho en el marco de una
situación en la cual el Poder ejecutivo pone de manifiesto una vocación
permanente de hacerse de las funciones del Poder Legislativo y del Judicial?
La tolerancia constituye un principio necesario en la
democracia, requiere la existencia de un Estado de Derecho que defina de manera
legítima y previsible las principales reglas de juego que una sociedad deberá
respetar. Al mismo tiempo, ese Estado debe proteger los intereses de las
minorías que piensan o actúan de manera diferente y que corren el riesgo de ser
marginadas, perseguidas o incluso reprimidas por mayorías duraderas o
circunstanciales.
Así, la imposición dogmática de la "regla de
mayoría" encierra un evidente componente autoritario. Incluso pueden darse
actitudes demagógicas y hasta tiránicas, si se lleva al límite el poder de las
mayorías y se utilizan los recursos del Estado para satisfacer demandas que
implican violaciones expresas de derechos individuales. (Berestein)
Seremos más tolerantes cuando consolidemos la
democracia, el Estado de Derecho y el gobierno de ley; cuando inculquemos a
nuestros chicos la importancia del pluralismo y la diversidad; cuando el Estado
asegure justicia e igualdad de oportunidades; cuando aprendamos a celebrar las
diferencias de ideas y opiniones, en ligar de temerles y callarlas; cuando
entendamos el poder inmenso del diálogo y el consenso en un entorno de
transparencia y absoluta libertad de expresión. Falta mucho para lograrlo. Pero
hemos estado mucho peor.
Citando a un referente radical como es Ricardo Gil
Lavedra, nos quedamos con la siguiente frase “democratizar la Justicia no puede querer decir someterla al
designio de una mayoría circunstancial”.
Por último, los gobernantes, políticos y
administradores tienen especial obligación de comportarse de un modo íntegro.
La confianza, sin embargo, no se compra, ni se fabrica; la confianza se
inspira. Y para que un político nos resulte fiable, de nada vale que haga
muchas promesas y buenos discursos o que se mejore artificiosamente su imagen,
lo único válido es que resulte convincente y predique con el ejemplo. Esta sociedad
desmoralizada, desalentada y desconfiada necesita grandes dosis de ejemplaridad
pública. Todos tenemos el deber ciudadano de dar ejemplo, pero mucho más los
que ejercemos funciones públicas, porque con nuestras decisiones influimos
sobre los derechos y los bienes de los ciudadanos. Actualmente algunos actores,
con escasa responsabilidad ciudadana e institucional, promueven en nuestra
sociedad la idea de la justicia sospechosa, sin abordar la responsabilidad
pública de SER EJEMPLO tal como lo exige su hora y su cargo. Pintoresca
situación plantea la conducta del Dr. Bartorelli, quien en ejercicio de sus
funciones como legislador de la Provincia de Río Negro, y en supuesta violación
del mandato constitucional y de las leyes vigentes, continuaría con el
ejercicio de la medicina por la cual percibe remuneración, como de la misma
obra social del Estado Provincial IPROSS, y con el agravio adicional que
también cobra un “plus” ilegal, todo ello sin el necesario apego a lo normado
por el Artículos 127 inciso 1° de la Constitución de la Provincia de Río Negro
y de los Artículos 248, 249 y concordantes del Código Penal.
Comité Central UCR Río Negro
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