Por el no sometimiento de la Justicia


La ofensiva que observamos a nivel nacional del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial parece que se replica en nuestra provincia con las acciones y declaraciones del oficialismo provincial. Parece ser que el afán por tener un Poder Judicial adicto al Gobierno de turno es un estigma que aparece constantemente rememorándonos a la tan nombrada década de los ‘90 en la que el ex presidente Menem modificó la estructura judicial con el propósito de generar un esquema de impunidad.
Esta idea de que quienes conduzcan la Justicia estén en sintonía con el poder de turno se reitera en la actualidad no sólo a nivel nacional sino también provincial.
En Río Negro no son pocos los ejemplos por parte del Ejecutivo de intromisión en ámbitos judiciales en los cuales debería mantenerse al margen y respetar el principio de división de poderes. Las declaraciones vertidas por el actual Gobernador en víspera del asesinato del ex gobernador Carlos Soria en el que manifestaba fehacientemente que se trataba de un “accidente doméstico” demostrando un claro desprecio por los plazos judiciales; la “reunión” mantenida con el Juez que lleva adelante la investigación del caso Solano con el objetivo de notificarse del estado del expediente; las declaraciones públicas en las que no sólo cuestionan el accionar del Poder Judicial sino que también intimidan con acciones como el juicio político a aquellos que emiten sentencias que no son de agrado a sus intereses; y por último, el avance con una posible reforma constitucional con el propósito de “democratizar la justicia”, son sólo algunos ejemplos que tienen como único objetivo la sola concentración del poder.
Nuestro partido históricamente ha pregonado por la consolidación de un sistema democrático y republicano en el cual exista un real equilibrio de poderes por lo tanto siempre nos encontrarán en la vereda de aquellos que sostengan un auténtico compromiso con la Justicia respetándola como un tercer Poder, reconociéndola y acatando sus decisiones. El deber que nos compete es levantar las banderas del republicanismo y defenderlas frente a los avances que lleva adelante A.W y su gobierno.
"Hay que volver a la visión democrática de Montesquieu: balance y debida división de los tres poderes, tal como lo describe en El espíritu de la ley, de 1750".  Esta vuelta requerida en algo que no ha quedado atrás sino que propone el desafío de un paso adelante; un paso hacia lo que, entre nosotros, sigue siendo una cuestión pendiente.
Toda nuestra historia prueba que hemos sido perseverantes en la proclividad a vivir fuera de la ley. Hoy esa propensión arcaica gana cuerpo nuevamente en la Argentina. Y si ahora se maquilla para presentarse como un proyecto innovador, también es cierto que la Justicia ha demostrado que quienes la representan no están dispuestos a extenderle a la República un certificado de defunción.
La autonomía que cada uno de los tres poderes debe tener, la posibilidad de que cada uno de ellos no esté subordinado a los otros, sigue siendo muy tenue en el proceso democrático argentino. Más aparente que real, los poderes están situados en el escenario político del país de manera tal que el presidencialismo, es decir el Poder Ejecutivo, termina subordinando a los otros dos a las necesidades de su propia autonomía. Ahí hay una patología institucional que debe ser reparada en el transcurso de los próximos años si queremos vivir en una república
En una comunidad políticamente organizada impera una situación en la cual todos los actores conocen de antemano las reglas de juego, la seguridad jurídica contenida en normas que operan como diques de contención a los caprichos del "príncipe" y que les ofrecen todas las garantías necesarias para la realización de sus actividades y para el pleno goce de sus derechos.
 Cuando los límites ceden y la observancia de las reglas queda sometida a la conveniencia y a la libre interpretación del ocupante del poder, las instituciones flaquean con grave riesgo para la continuidad de todo el sistema en su conjunto. He aquí el dilema a que se ve confrontada cada vez de manera más dramática la democracia argentina en el camino hacia una consolidación que no termina de concretarse. ¿Es posible conservar el Estado de Derecho en el marco de una situación en la cual el Poder ejecutivo pone de manifiesto una vocación permanente de hacerse de las funciones del Poder Legislativo y del Judicial?
La tolerancia constituye un principio necesario en la democracia, requiere la existencia de un Estado de Derecho que defina de manera legítima y previsible las principales reglas de juego que una sociedad deberá respetar. Al mismo tiempo, ese Estado debe proteger los intereses de las minorías que piensan o actúan de manera diferente y que corren el riesgo de ser marginadas, perseguidas o incluso reprimidas por mayorías duraderas o circunstanciales.
Así, la imposición dogmática de la "regla de mayoría" encierra un evidente componente autoritario. Incluso pueden darse actitudes demagógicas y hasta tiránicas, si se lleva al límite el poder de las mayorías y se utilizan los recursos del Estado para satisfacer demandas que implican violaciones expresas de derechos individuales. (Berestein)
Seremos más tolerantes cuando consolidemos la democracia, el Estado de Derecho y el gobierno de ley; cuando inculquemos a nuestros chicos la importancia del pluralismo y la diversidad; cuando el Estado asegure justicia e igualdad de oportunidades; cuando aprendamos a celebrar las diferencias de ideas y opiniones, en ligar de temerles y callarlas; cuando entendamos el poder inmenso del diálogo y el consenso en un entorno de transparencia y absoluta libertad de expresión. Falta mucho para lograrlo. Pero hemos estado mucho peor.
Citando a un referente radical como es Ricardo Gil Lavedra, nos quedamos con la siguiente frase “democratizar la  Justicia no puede querer decir someterla al designio de una mayoría circunstancial”.
Por último, los gobernantes, políticos y administradores tienen especial obligación de comportarse de un modo íntegro. La confianza, sin embargo, no se compra, ni se fabrica; la confianza se inspira. Y para que un político nos resulte fiable, de nada vale que haga muchas promesas y buenos discursos o que se mejore artificiosamente su imagen, lo único válido es que resulte convincente y predique con el ejemplo. Esta sociedad desmoralizada, desalentada y desconfiada necesita grandes dosis de ejemplaridad pública. Todos tenemos el deber ciudadano de dar ejemplo, pero mucho más los que ejercemos funciones públicas, porque con nuestras decisiones influimos sobre los derechos y los bienes de los ciudadanos. Actualmente algunos actores, con escasa responsabilidad ciudadana e institucional, promueven en nuestra sociedad la idea de la justicia sospechosa, sin abordar la responsabilidad pública de SER EJEMPLO tal como lo exige su hora y su cargo. Pintoresca situación plantea la conducta del Dr. Bartorelli, quien en ejercicio de sus funciones como legislador de la Provincia de Río Negro, y en supuesta violación del mandato constitucional y de las leyes vigentes, continuaría con el ejercicio de la medicina por la cual percibe remuneración, como de la misma obra social del Estado Provincial IPROSS, y con el agravio adicional que también cobra un “plus” ilegal, todo ello sin el necesario apego a lo normado por el Artículos 127 inciso 1° de la Constitución de la Provincia de Río Negro y de los Artículos 248, 249 y concordantes del Código Penal.


Comité Central UCR Río Negro