El Corredor Bioceánico ha reunido históricamente, las
voluntados de todo el espectro político, atravesando todas las gestiones
nacionales y provinciales, en la convicción de que haciendo eje en la ruta 23 y
el Tren Patagónico se restituye el derecho de la Región Sur rionegrina a
competir en igualdad de condiciones con cualquier otra región del País.
Desde la sanción de la Ley 3170 de 1997, creando la comisión mixta para el desarrollo del
Corredor Bioceánico Atlántico-Pacifico, pasando por el anuncio del Presidente
Néstor Kirchner confirmando el asfalto de la ruta 23, hasta la actualidad, no
ha existido ningún proyecto más convocante y unificador para los rionegrinos
que este corredor que pone en valor a toda la Línea Sur rionegrina, generando
fuentes de trabajo y alternativas de negocios, promoviendo el turismo desde la
región andina con Bariloche y El Bolsón hasta
nuestro litoral atlántico desde Las Grutas hasta El Cóndor.
Mal momento para los sueños rionegrinos, mal momento para la
memoria de Néstor Kirchner cuando un funcionario del área de Planificación
presenta un proyecto para modificar el actual trazado ponderando la incorporación
de la ruta 22.
¿Quién supondría que en estas condiciones se completaría el
asfalto de la 23? Nadie por cierto y entonces planes, sueños, proyectos,
ilusiones de todos los rionegrinos, radicales, peronistas, peperreístas,
frentegrandenses o socialistas, agricultores o ganaderos, maestros o médicos,
todos se desmoronarían por que nadie podría llamarse a engaño, el Corredor
Bioceánico sería apenas una subexplotación del conglomerado frutícola
valletano.
Se encendieron las luces de alarma. El Corredor Bioceánico
que proyectado para beneficio de una amplísima región tuvo especial dedicación
para con el sur rionegrino, con acuerdo de oficialismo y oposición, columna
vertebral del proyecto nacional en la Patagonia Norte no puede sufrir modificaciones,
máxime si estas no respetan el espíritu de la Ley que le dio origen.
Los legisladores Alfredo Pega y Darío Berardi denuncian
públicamente cualquier intento de modificación del proyecto original, máxime si
estas modificaciones atentan contra la Región Sur rionegrina.
