¿Qué ocurre
cuando algunos jueces instalan a la Justicia como un poder superior de la
Nación? ¿Qué ocurre cuando colocan a la Justicia por encima de los sentires,
padeceres y ansiedades de la sociedad? Son preguntas que tal vez merezcan más
de una respuesta y que siempre van a estar sesgadas por las historia colectiva
de cada sociedad y de la postura ideológica de quien la realiza.
Frente a esas
múltiples respuestas esperables tal vez exista un punto de equilibrio en el que
podamos coincidir las diferentes miradas sobre la justicia. Pero el debate debe
darse; no esquivarlo con argumentos falaces. Como el bendito “avance sobre la
independencia del Poder Judicial”, argumento con el cual se archivan todos los
cuestionamientos. Con sofismas similares, la Corte Suprema castró la Reforma
Judicial que se aprobó en el Congreso Nacional, sin otro trámite, sin más
debate, con la mera fuerza del hecho concreto. Sin posibilidad de apelaciones.
Avanzando sobre las atribuciones constitucionales de otros poderes (por ejemplo,
el Legislativo).
Con
razonamientos similares, otros jueces en distintos ámbitos se dedican a
mantener posturas de privilegio. ¿De qué otra manera se puede entender la
repetida argumentación a favor de la “acordada Nazareno” que declaró
“inaplicable” una ley que incluía a los jueces en el pago de impuestos que paga
el resto de los argentinos?
Esos mismos jueces
pueden aplicar multas a los funcionarios de los otros poderes que no cumplen
con los tiempos que les establecen para realizar alguna acción. Sin embargo,
jamás se supo de algún juez multado por no cumplir con los tiempos procesales.
Y esta historia se repite en cualquier juzgado de cualquier fuero sobre el que
se nos ocurra poner la mira.
La actitud del
juez de ejecución penal Pablo Chirinos de multar al gobernador Alberto
Weretilneck y otros funcionarios por no
terminar las obras en el penal de Roca obedece a este tipo de razonamiento.
Estos jueces se colocan por fuera de la realidad, son inmunes a los
cuestionamientos y no ponderan los efectos de sus fallos sobre el cuerpo
social. Establecer plazos irrisorios con la amenaza de liberar a los presos
condenados si no se cumplen es un chantaje al gobierno y una amenaza a la
sociedad. Además de caldear el ánimo en las cárceles y generar tensiones entre
los presos, que buscarán la forma de subir sus posibilidades de salir en
libertad.
A Chirinos
parece no importarle que este gobierno triplicó el presupuesto para el Servicio
Penitenciario; que está creando un organismo especializado para atender las cárceles;
que está poniendo énfasis en la educación y la formación de los internos para
su posterior reinserción social y laboral. Tampoco le importó mucho saber las
condiciones en que se cumplirían las salidas laborales de Ramón Geldres. No
leyó (o no interpretó), los peligrosos antecedentes de esta persona (que estaba
condenada a 17 años de prisión por asaltos a mano armada, lesiones graves y
homicidios). Tampoco verificó si Geldres salía a trabajar a esa carpintería de
Cipolletti. El resultado: en la primera oportunidad asesinó a Claudio Araya e
hirió gravemente a Natanael Araya.
Es el mismo
juez que ahora nos amenaza con “externar” a los condenados.
Parece
“simpático” multar a funcionarios; parece muy “progre” avanzar sobre las malas
condiciones penitenciarias; pero resulta un exceso de atribuciones amenazar a
toda la sociedad con medidas tan drásticas. Es hora de que enfrentemos el
debate sobre la justicia que se necesita.
Por Herman
Avoscan
Diputado
Nacional (Frente para la Victoria)
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