Qué hacer con las “tomas”

Entender la desigualdad de oportunidades en nuestro país, la provincia y en nuestra localidad puede ayudarnos a comprender el fenómeno de las “tomas”. Ellas son, entre otras, la parte visible de la inequidad social existente. Mientras miles de familias han podido tener opciones de un lote, una casa o un lugar para vivir, otras tantas miles son hijas y nietas del neoliberalismo instalado fuertemente en la Argentina en 1976 y sostenido por el tándem Menem-De la Rúa  desde 1989 hasta inicios del 2003.

Hijos y nietos de la desocupación más grande que ha tenido la Argentina, de la pobreza nunca antes vista en nuestro país, son el resultado de la exclusión y la desesperanza de décadas de frustraciones. Entender esto profundamente es entender las “tomas” porque en ellas se encuentran familias, generalmente formadas por parejas jóvenes y de mediana edad que no encuentran otro camino para poder tener un techo que acceder por una vía “ilegal” a un derecho legítimo. Estas formas “ilegales”  nos permiten entender también otros actos reputados como delitos sin considerar que para muchos sectores de nuestra comunidad, acceder a lo que otros acceden, es prácticamente imposible. La historia reciente nos recuerda que en los estertores del neoliberalismo, la Argentina tenía el 54% de pobreza el 24% de indigencia y el 20% de desocupación. Estos son números. La realidad fueron grandes niveles de desnutrición, acceso restringido a la salud, abandono de la escuela, viviendas del todo precarias, relaciones sociales del “sálvese quien pueda” y salarios, en caso que los haya, precarios para las grandes mayorías. Queremos excluir de estas familias a los avivados especuladores que poseyendo propiedades o posibilidades, intentan victimizarse junto a los que tienen reales necesidades.

El bálsamo reparador de los últimos  once años no alcanza aun a los cuarenta millones de argentinos. La desigualdad de oportunidades persiste producto del sistema capitalista concentrado en pocos sectores de la sociedad. Estos aun monopolizan la producción agropecuaria, parte del comercio exterior, la industria, la comercialización a gran escala y el movimiento financiero.

Y obviamente El Bolsón no está ajeno a estos condicionamientos, con más los agravantes propios de un pueblo que no termina de generar actividades económicas que contengan la demanda laboral de manera sistemática. Es en este sentido que pretender que cientos de familias puedan acceder a un lote, necesidad elemental para luego encarar la construcción de una vivienda, con valores que exceden largamente sus posibilidades con financiamientos abusivos y selectivos, es por lo menos irracional. A estos pesares se deben agregar las gestiones fallidas ante el IPPV  que en los últimos quince años logró resolver apenas el 10% de la demanda habitacional en nuestra localidad, mientras que otras localidades fueron beneficiarias de miles de viviendas.

Hoy nuestro pueblo vive una situación compleja. Lo que ha surgido como una posibilidad en el horizonte es urbanizar la denominada “Loma del Medio”. Desde algunos sectores se rechaza esa posibilidad aunque no por ello se desconozca el reclamo de quienes pretenden acceder al legítimo derecho del acceso a la tierra urbana. El rechazo lo plantea la misma Carta Orgánica que impide la urbanización en dicho lugar y que solamente se podría sortear  a través de un llamado a plebiscito consultando al pueblo acerca de la modificación de un artículo de dicha Carta Orgánica que por ahora prohíbe la urbanización. Otra objeción de importancia lo plantea el sentido que tuvo la necesidad de resguardar ese sector declarándolo Reserva Forestal con un claro destino de protección ambiental, recreativa y paisajística. Lamentablemente es lo que se nos ofrece y obviamente nos genera contradicciones muy claras: avanzar sobre tierras ecológicamente sensibles o dejar una vez más sin oportunidades a quienes legítimamente reclaman soluciones al Estado, que el mercado no puede darles.

Una primera conclusión nos lleva necesariamente a una mirada multidimensional para sortear esta contradicción. Seguramente no hay una sola respuesta en un mismo tiempo, en un mismo lugar y con instrumentos de resolución similares. Nos referimos a la necesidad y conveniencia de revisar las alternativas posibles: a) quizás por volumen y racionalidad debamos poner en primer lugar de prioridades a las tierras que ocupa Gendarmería Nacional en pleno ejido urbano con un aprovechamiento mínimo. Continuar con gestiones ante la máxima autoridad nacional es un imperativo ético insoslayable; b) también se registran extensiones de tierras baldías privadas de entendimiento  incomprensible si no se supusiesen como especulativas. Está en manos de la Municipalidad (Ejecutivo y Deliberante) proveer a una legislación que desestimule la tenencia de tierra baldía en áreas urbanas a través de incrementos tributarios sustanciales a superficies importantes que obstruyen la densificación poblacional, c) está también en manos de la Municipalidad establecer un régimen de expropiaciones que abarque extensiones con determinada superficie que resulten aptas para urbanizar y que se encuentran actualmente dentro del casco urbano propiamente dicho. Y seguramente haya otras propuestas destinadas a tratar un tema de complicada resolución. No ayudará para nada  imaginar soluciones mágicas. El consenso es esencial. Aventar las vanidades y las especulaciones electoralistas ha de ser un primer y sincero acuerdo entre los que se interesen por una problemática cuya planificación y finalmente su solución viene siendo largamente postergada. Se necesita también llegar a un acabado entendimiento acerca de que el crecimiento no es infinito. Creer que una comunidad establecida debe procurar el asentamiento de todos los que quieran afincarse en nuestro pueblo sin una planificación que lo  prevea, es imposible. Si así fuera la destrucción del ecosistema sobre el cual vivimos será garantía de una peor calidad de vida para la gran mayoría de nuestros vecinos. Sería conveniente  dentro de la responsabilidad del Estado Municipal, crear dentro del organigrama, una estructura funcional única para determinar el estado de demanda habitacional, investigar alternativas de urbanización, planificar la infraestructura de servicios y proponer dentro de los criterios de la división de poderes municipales, los modos de enajenación de la tierra fiscal municipal.

Néstor Capano

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