La nota N° 007/14 PG es elocuente. Documenta la crítica
situación económica por la que pasa la institución luego de varios años en los
que no cuenta con el presupuesto aprobado por legislatura, agravada por la
decisión del Poder Ejecutivo de reducir el importe mensual de tesorería. La
deuda proveedores supera el millón de pesos y sin dinero no pueden solventarse
los costos que implica la investigación penal, argumenta el Procurador Jorge
Luis Miquelarena en su nota.
Al Sr. Gobernador de la Provincia del Chubut
Dr. Martín
Buzzi
S/D.-
Me
dirijo al Sr. Gobernador en ocasión de las severas dificultades presupuestarias
y de tesorería que enfrenta el Ministerio Público Fiscal que dirijo, con la
finalidad de documentar debidamente la situación y exigir soluciones concretas
a nuestros pedidos.
Conocido es por Ud. que hace varios años que el presupuesto del Poder Judicial
no tiene aprobación legislativa. Ello, de por sí restringe toda posibilidad de
planificación estratégica y crecimiento institucional. En esto debemos destacar
la marcada contradicción entre el discurso político que exige mejor calidad de
respuestas al Poder Judicial sobre todo en el ámbito de la justicia penal, al
tiempo que no trata ni aprueba el presupuesto de este Poder del Estado,
herramienta fundamental de las finanzas públicas para el correcto
funcionamiento institucional.
Peor aún es la situación concreta de este Ministerio Público Fiscal que,
careciendo de toda asignación de recursos propios –como ser la tasa de justicia
que por ley especial percibe y administra el Superior Tribunal de Justicia-,
debe mantener su funcionamiento con los créditos presupuestarios asignados
arbitrariamente por ese Poder Ejecutivo en los sistemas de gestión financiera y
las escasísimas acreditaciones de caja que semanalmente dispone el Ministerio
de Economía y Crédito Público por sus dependencias administrativas.
Sin dinero no se puede investigar. La persecución de los delitos y la
identificación de sus responsables, requiere erogaciones dinerarias. Con una
incidencia presupuestaria mínima en el enfoque global, la importancia de contar
con fondos disponibles para efectuar estas erogaciones en el Ministerio Público
Fiscal es de relevancia superlativa. Englobamos en estos conceptos variados
rubros, a saber, el pago de alquileres para nuestras oficinas, los gastos del
servicio de telefonía, internet y limpieza, el recambio y reparación de
vehículos, los gastos en pericias, traslados viáticos, capacitaciones, insumos
para el funcionamiento de los laboratorios de investigación forense. Todos
estos rubros son esenciales para el funcionamiento de la Fiscalía, motor
inicial del sistema penal: si no podemos cubrir adecuadamente estos gastos no
hay forma de cumplir los cometidos constitucionales que a la sociedad debemos.
Por disposición de ese Poder Ejecutivo, a la fecha, nuestro servicio
administrativo registra una deuda con proveedores que supera el millón de pesos
por obligaciones devengadas en el ejercicio 2014. A partir de la decisión de
ese Poder Ejecutivo de reducir el importe mensual de tesorería a los niveles de
enero del año pasado, se ha restringido de manera superlativa la capacidad
operativa del Ministerio Público Fiscal. Bajo esta modalidad, como ya lo hemos
hecho saber en más de una oportunidad, la autonomía funcional que asegura la
Constitución Provincial (art. 194) se convierte en letra muerta.
No desconocemos el marco de crisis que se vive en las finanzas provinciales a
partir de situaciones internacionales que han impactado en la percepción de la
renta pública. Pero le evidencio al Sr. Gobernador algo que sabe y conoce:
dentro del marco de un presupuesto provincial de aproximadamente 15 mil
millones de pesos, lo que requerimos para funcionar con cierta dignidad es una
disponibilidad de caja semanal de $ 500.000, que sistemáticamente se nos viene
negando. Esto evidencia que nuestro SAF requiere de recursos mínimos si se lo
compara con otros de la administración. Actualmente se le acreditan
semanalmente $ 250.000, suma ésta significativamente insuficiente, como ya se
ha dicho y destacado.
Este cúmulo de decisiones que viene tomando desde hace un tiempo su
administración, afecta el funcionamiento y la independencia de la Fiscalía en
su rol de agencia estatal que impulsa la acción penal ante la Judicatura;
interfiere reiteradamente con el cumplimiento de los objetivos constitucionales
de la institución (art. 195 de la Constitución Provincial), al punto de
constituirse en indebida injerencia con entidad como para poner en crisis la administración
de justicia que debe asegurar la Provincia del Chubut, en los términos del
artículo 5 de la Constitución Federal.
Así calificado, el manejo de la tesorería estatal tal como lo viene haciendo
ese Poder Ejecutivo y que conlleva las consecuencias ya apuntadas, resulta
ilegítimo y contrario a Derecho en tanto y en cuanto pone en jaque la capacidad
de respuesta del organismo que dirijo, con grave afectación de la
administración de justicia.
Acudo al Sr. Gobernador para que ponga remedio inmediato a esta situación,
instruyendo al Ministerio del área que adopte las medidas que nos lleven a una
pronta solución toda vez que han sido infructuosas las misivas que hemos
cursado al Sr. Ministro desde hace unos meses a esta parte.
Saludo a V.E. muy atentamente.
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