Los aumentos desmedidos en la tarifa del gas condenan a los habitantes a la injusticia

La Senadora Silvina García Larraburu cuestionó nuevamente los aumentos desmedidos en materia de servicios públicos: “Las políticas de ajustes salvajes, con incrementos inexplicables, como el de la tarifa del gas, condenan a los habitantes de nuestra región a una terrible injusticia”.




La rionegrina también realizó gestiones y presentó iniciativas de ley en este sentido, como la que propone crear un Régimen de Tarifa Social Patagónica aplicado a los servicios públicos de gas natural, gas envasado y electricidad; la de emergencia económica en materia de servicios públicos para cooperativas, fundaciones y clubes de barrio; y la exención de pago de servicios públicos para Asociaciones de Bomberos Voluntarios.



García Larraburu señaló: "Es increíble lo que sucede con el aumento de las tarifas de gas de manera descarnada y en el inicio de la temporada invernal, no se entiende cuál es la intención de dejar a los hogares en una encrucijada sin salida”.



Agregó que “hay vecinos que pasaron de pagar doscientos o trescientos pesos a cinco mil pesos, ello destroza las economías familiares porque estamos hablando de un incremento abusivo que ha superado el 2000%. Las autoridades correspondientes tienen que rever esta medida de forma urgente, es inadmisible y denota una falta total de conocimiento sobre la realidad a la que están sometidos los ciudadanos".



"Esta no es la manera de proceder, porque los aumentos de servicios no se pueden realizar de manera unilateral, sin aviso previo a los consumidores y sin una audiencia pública”, remarcó.



Aseguró que la situación responde directamente a una decisión del Gobierno Nacional, que a través  del Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, eligió comenzar a importar el gas a un 128% más caro por comprarle a Chile y no a Bolivia, como se venía haciendo.



Declaró que “existe una sensación de angustia, desamparo, y abandono de toda garantía de Derecho, y no podemos permitir que extorsionen a nuestros habitantes a pagar o pasar frío”



“Esta grave problemática social repercute directamente en la salud y las economías familiares de la comunidad, que deberá limitar al máximo la calefacción de sus hogares", finalizó.











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