El intendente Ibarra elevó conjuntamente con el Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo a la Oficina Anticorrupción la documentación del caso para que se investiguen las irregularidades del proceso iniciado en 2011.
El Municipio de Lago Puelo destrabó con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) el conflicto de las 9 viviendas paralizadas iniciadas durante la anterior gestión municipal y que la empresa constructora adjudicataria dejó sin terminar tras haber cobrado más de 670 mil pesos en concepto de adelanto de obra.
El intendente Raúl Ibarra, adelantó que toda la documentación referida al caso, que involucra a la firma “Massa Constructora S.R.L.”, fue remitida a la Oficina Anticorrupción de la provincia y será analizada con el objeto de “determinar las responsabilidades en perjuicio del municipio e identificar a los responsables conforme a los distintos actores que intervinieron en este largo proceso”.
También se anexaron informes de prueba realizados por arquitectos que arrojaron irregularidades en el proceso de ejecución.
Ibarra, que llevó adelante las gestiones ante el titular del Instituto Martín Bortagaray para darle continuidad a las casas, destacó que se acordó con el IPV un pago financiado de los 670.449,80 pesos cuya primera cuota ya se efectivizó lo que “permitirá reanudar de inmediato la construcción y en forma simultánea investigar los ilícitos que se cometieron en este largo proceso”. Asimismo, validó su compromiso con “las 9 familias que esperan desde hace años ver terminadas sus viviendas”.
El acuerdo firmado entre el Ejecutivo Municipal y el IPV, que fue ratificado por el Concejo Deliberante, posibilitará la reactivación de los trabajos que originalmente contemplaban un total de 10 viviendas a construirse en terrenos propiedad de las familias beneficiarias de las cuales una se terminó en abril de 2016, y que presentan un notable deterioro producto de su paralización.
Ibarra elevó un dictamen legal con las actuaciones sobre el tema al presidente del Cuerpo de concejales, Julián Cayún, informando que se intimó a la empresa constructora a devolver los 670.449,80 pesos recibidos en concepto de adelanto de obra o que realice los trabajos por dicho importe y que “ante la negativa de la constructora, cuyos argumentos no satisfacen por no ser acompañados de documentación idónea y otros elementos de prueba colectados, los trabajos serán continuados por la cooperativa local Patria Libre”.
Las obras se encontraban ejecutadas en un 40 por ciento y la empresa constructora habría incumplido los plazos de ejecución planteados en los documentos.
Ibarra recorrió las viviendas junto a la secretaria de Gobierno, Cristina Lewis y a la directora de Vivienda y Hábitat, Gabriela Bahamonde y anunció la decisión de utilizar fondos propios para que se retomen las obras, hasta tanto se determinen las responsabilidades en el proceso que de acuerdo a los antecedentes registrados se inició en 2011 y se extendió a septiembre de 2015 mediante la firma de distintos convenios entre el Municipio y el IPV, con ampliaciones y modificaciones.
El intendente aseguró “nosotros entendemos que es una obra prioritaria para dar solución habitacional a las familias que aun hoy están esperando por su vivienda y es imperativo que la obra se termine cuanto antes”.
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