Un incómodo murmullo inquieta desde el martes pasado al ala dura del Gobierno. Es el rumor instalado en los pasillos de Comodoro Py, sede de la Cámara Federal de Casación Penal, que esta semana se expedirá sobre el pedido de excarcelación del líder mapuche Facundo Jones Huala.
Las especulaciones sobre la decisión judicial acercan malas noticias para la cartera de Seguridad: en los pasillos de Retiro pronostican que, por voto de mayoría, la Sala II del tribunal, integrada para resolver este caso por los jueces Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi, se impondrá la prisión domiciliaria al lonko mapuche.
Existe un elemento objetivo que sustenta esa especulación: en su dictamen, el fiscal general Javier de Luca solicitó la morigeración de las condiciones de detención de Jones Huala, habida cuenta que desde hace un año cumple prisión preventiva en el Penal de Esquel. Esa situación para De Luca se ha prolongado demasiado en el tiempo, argumentó.
Se trata del mismo fiscal federal que siete meses atrás pidió que mientras se tramitaba el proceso de extradición a Chile se le denegara a Huala la excarcelación. De Luca dijo entonces que existían "indicios de peligro de fuga" en el caso de que se le concediera la libertad" al lonko, como viene solicitando su defensa. Fue también ese representante del Ministerio Público Fiscal quien abogó para que en aquel entonces cesara la indefinición judicial y se acelerara el juicio de extradición. Finalmente, en marzo pasado el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, hizo lugar al pedido del país vecino. La justicia chilena le imputa los delitos de incendio en lugar habitado, tenencia de armas caseras y violación de la ley de extranjería. Se trata de hechos por los cuales el resto de los imputados ya fueron sobreseídos.
La posible prisión domiciliara de Jones Huala, con o sin tobillera electrónica, puso en alerta a la ministra Patricia Bullrich en momentos de relativa calma del indigenismo radicalizado. No sólo la inquieta una posible reorganización del RAM o de sus derivados, como el Movimiento Autónomo del Puel Mapu, que también reivindica la territorialidad mapuche y su lucha por todos los medios, sino además el tiempo que se tome la Corte Suprema de Justicia para decidir su extradición.
En los hechos, ese cuadro de situación supondría que el líder mapuche vuelva a instalarse en el Lof de Cushamen, el predio de la estancia Leleque usurpado tres años atrás al Grupo Benetton, donde murió ahogado Santiago Maldonado y donde el lonko fijó residencia.
Sobre ese enclave y sus integrantes, muchos de ellos todavía sin identificar, pesan sospechas tanto del Gobierno como de la Justicia Federal que abonan la hipótesis que desde allí se urdieron o al menos se alentaron varios de los 90 atentados y sabotajes que se atribuyó Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el sur. Esas causas están prácticamente paralizadas ante la falta de pruebas que logren identificar a posibles imputados por incendios a puestos y casillas forestales, disparos intimidatorios contra empleados de la Compañía Tierras del Sud, interrupción del tren La Trochita, incendio a la Estación Bruno Tomae en El Maitén y reiterados hurtos de ganado, entre otros hechos investigados.
Jornada atípica
El martes fue una jornada inusual en la sala de audiencias de la Cámara de Casación. Un nutrido público indígena siguió el encendido alegato de Sonia Ivanoff, la abogada del lonko, que exigió se le conceda la excarcelación. "Preso político con un Código Penal aparte sólo para él", alegó. "Confinamiento ilegítimo" y "criminalización del derecho indígena en la Patagonia", añadió.
Los camaristas Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, vinculados a la doctrina más progresista, la escucharon con atención. El gesto adusto de Eduardo Riggi, autor de un fallo hasta ahora inédito que podría agravar la situación procesal del hermano del lonko, Fausto Jones Huala, por su participación en el presunto enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Villa Mascardi, reveló lo que el ala más conservadora de la Justicia piensa sobre los reclamos radicalizados y violentos en el sur.
Riggi lo puso por escrito. Lo hizo al pronunciarse sobre el pedido de excarcelación del menor de los Huala: "Nos encontramos frente a un individuo—sentenció—que forma parte de una organización que ha demostrado una escasa predisposición a ajustar su proceder a las reglas sociales de conducta y convivencia, extremo que a su vez sustenta la sospecha que no habrá de acatar las obligaciones procesales que se le impongan, más aún cuando miembros del movimiento mapuche que integra han efectuado manifestaciones públicas instando a realizar acciones que se dirigen a desconocer el estado de derecho y las instituciones legalmente constituidas. En definitiva, la Constitución Nacional y el orden democrático".
Y coronó su fallo con una advertencia al tribunal inferior que sustancia esa causa: puntualizó que al profundizarse la investigación sobre los sucesos en Villa Mascardi, se evaluara si el accionar de los mapuches no encuadra en un "atentado al orden constitucional".
En ese marco, está cantado cuál será la postura de Riggi frente al pedido de excarcelación del líder indígena. No obstante, durante la audiencia del martes, fue la camarista Figueroa, sometida a un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura, quien introdujo explícitamente en el debate la posibilidad de que el lonko pueda gozar de prisión domiciliaria.
Según fuentes judiciales, será Slokar, de conocida postura garantista, quien inclinaría la decisión para un lado o para otro.
Situación judicial compleja
En tanto, la situación judicial del lonko se agravó por dos nuevos procesamientos en la justicia federal que le imputa actos de incitación a la violencia e intimidación pública, resoluciones que han sido apeladas. Mientras tanto, en una tercera causa, el lonko enfrenta un juicio oral en la justicia provincial de Chubut por la usurpación del predio de Benetton.
El grupo italiano, el mayor terrateniente extranjero en el sur del país, viene batallando en los tribunales para lograr una condena penal de Jones Huala y de los miembros de su comunidad. Les atribuyen un cúmulo de delitos que todavía no han logrado probar.
No obstante, en la Compañía Tierras del Sud Argentino, representada por el exjuez Oscar Salvi, esta semana respiraron aliviados. Lograron que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocara un fallo del magistrado Gustavo Lleral y ordenara que los atentados de la RAM se investiguen "por conexidad". Es decir, que los sabotajes denunciados por el grupo Benetton se acumulen y sean investigados junto a los cortes de la ruta 40, frente a la lof de Cushamen. Allí mismo donde murió ahogado Santiago Maldonado y donde el 13 de marzo de 2015 Facundo Jones Huala y su comunidad plantaron por la fuerza la bandera mapuche de "territorio recuperado". (Por Loreley Gaffoglio - Infobae)
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